Ni tan gratuita

Educación gratuita condicionada

Esteban Garaiz

2010-08-24•Acentos

Pasa en todo el país, según referencias. Pasa en Zapopan y en Tlajomulco. En este ambiente general de violación sistemática, diaria, de los principios constitucionales, aun los más sagrados como la vida, la libertad, la salud, los derechos laborales, desde el propio gobierno, en esta descomposición social donde la competitividad ha sustituido a la solidaridad y el civismo, ya no debería causarnos sorpresa. Quienes tienen la sagrada responsabilidad de impartir la educación gratuita como el gran mecanismo de integración nacional, hoy dolorosamente estancado, son precisamente los que la están condicionando a sus negocios privados.

No es el propósito de esta columna estar supliendo las labores de los reporteros. Las quejas, los testimonios, los reclamos están por todos lados. Como, sólo por ejemplo, el de un supervisor escolar, aquí cerca, que ha venido cobrando tres pesos por cada niño de su demarcación, “para la distribución de los libros de texto gratuitos” (lo cual, además de corrupción aberrante, es contradictorio: cobrar por algo gratuito).

Las autoridades escolares podrán replicar hipócritamente que han mandado circulares prohibiendo estos trafiques vergonzosos. Pero todos los padres de familia de la república con hijos en edad escolar saben lo que sufren en este mes de agosto y cómo se desequilibra su presupuesto familiar por la obligada erogación en útiles escolares, en uniformes obligatorios, en calzado deportivo y, lo que es peor, en cuotas obligatorias para el mantenimiento de los planteles. A eso le llaman las autoridades educación gratuita.

No son pocos los padres que se ven obligados a retirar a sus hijos de las escuelas secundarias o primarias, ya no digamos preparatorias, por la imposibilidad de hacer frente a estos gastos irrealizables con un salario mínimo de 57.50 pesos diarios, que dice la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (o sea, claramente dicho: el gobierno) que cubre las necesidades básicas de las familias, porque la educación pública es gratuita. A ese tipo de gobierno es al que nos convoca Felipe Calderón a respaldar superando nuestras diferencias.

Hipocresía de las autoridades educativas porque ni siquiera incluyen en su presupuesto anual el dinero necesario para el mantenimiento de los planteles. Incluso los sanitarios escolares, que deberían ser modelo de decoro y dignidad humana para los educandos, tienen que correr a cargo de los padres, o gobiernos municipales o terceras instancias.

Todavía peor: no hace muchas semanas, y para acabar de cerrar las oportunidades a esta nueva generación sin opciones, Felipe Calderón quiso enviar una iniciativa al Congreso Federal “para que los padres de familia se hagan corresponsables de la educación de sus hijos”. Entiéndase que se habla de corresponsabilidad en los costos, torpemente disfrazada de formación de valores sociales.

Por fortuna, parece que está prevaleciendo el sentido común en los legisladores ante este nuevo atropello al espíritu constitucional de la educación pública, gratuita y laica como la verdadera institución revolucionaria pacífica para la integración nacional, hoy lastimosamente estancada. Profeco nos dice que este año los padres gastaron en útiles escolares entre 820 y 2,086 pesos por hijo.

Directores, maestros, inspectores escolares (muchísimos, no todos) enrolados en una de las dos estructuras sindicales más corruptas del país, cómplices del Ejecutivo, han hecho de la educación pública gratuita una mina de turbios negocios privados, con la complicidad no muy disimulada de las autoridades educativas. Ya es proverbial entre los padres de los alumnos el dicho de “ficha por ficha” o sea: ficha de inscripción del alumno por ficha de depósito para la escuela. Si no se paga la cuota, no hay inscripción a la educación gratuita. Es un crimen.

Por eso, si un gobierno local o municipal, según el espíritu de educación gratuita a cabalidad (siguiendo el ejemplo de los desayunos escolares o los libros de texto gratuitos) opta por proporcionar a los alumnos los útiles obligatorios o los uniformes reglamentarios (que dicen las autoridades que no existen), entonces los gobiernos son tachados de populistas, en vez de reconocer que están cumpliendo estrictamente con el espíritu de esta garantía infantil.

Al inaugurar el ciclo 2010 Reforma del Estado, el rector de la UNAM José Narro reiteró lo que tanto ha dicho: que las naciones que no apostaron por su juventud están pagando las consecuencias y que la pobreza y desigualdad “amenazan no sólo su avance, sino también las propias reglas de la convivencia civilizada”.

egaraiz@gmail.com

http://impreso.milenio.com/node/8820932

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