Pedacito de infierno
Esteban Garaiz
- 2010-11-30•Acentos
Con un adiós fraterno a Rafael Cordera
A mediados del pasado del siglo XX Jean-Paul Sartre escribió una estremecedora obra de teatro que se tituló, en la traducción al español, A Puerta Cerrada. Un número reducido de fallecidos se van reencontrando, como en la vida terrena, en un espacio cerrado, hermético, tan amplio como el escenario.
En la conversación, sin subir el tono, se lastiman, se zahieren sin insultos; se hacen la vida insoportable sin tocarse. Uno de los personajes reflexiona en voz alta: el infierno (que no cita) es como un comedor cooperativo de trabajadores; los propios usuarios se hacen el trabajo.
A juzgar por varios, repetidos, testimonios confluyentes, en Jalisco (y es de temerse que en todo México) está ocurriendo algo parecido con la atención estatal a menores desvalidos. Alguien está entendiendo el principio de la subsidiariedad (o subsidiaridad) al revés: exactamente al revés.
Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que subsidiariedad es “la tendencia favorable a la participación subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias” En el caso concreto de la cultura mexicana, si hay un rasgo esencial que nos distinga favorablemente en el mundo entero (y hay muchos), es precisamente el de la solidaridad familiar: el famoso “muégano”; lo que nos distingue claramente de otras culturas y formas de convivencia social, igual de respetables, pero donde el desarrollo individual tiene mayor relevancia sobre la convivencia familiar.
Además, como definen los sociólogos, aquí no se trata de la llamada familia nuclear: padre, madre e hijos menores de edad; aquí la familia se entiende en el sentido extensivo, donde hasta para ir de vacaciones se mueven juntas y compactas tres y hasta cuatro generaciones, rentando, si es preciso, un autobús. Eso incluye la sagrada institución del compadrazgo, tan mexicana (ya un compadre me quiso devolver la boleta por desobligado).
Nada que no sepa todo el mundo. Hasta doña Borola lo tiene claro. Por eso desconcierta y lastima, la actuación de ciertos, muy ciertos, funcionarios públicos que, por motivaciones que no quedan claras y comprensibles pero que no conforman un modo de actuar repetido y continuado, han torcido el principio de subsidiaridad en materia de menores y están en la práctica suplantando funciones, obligaciones y derechos de sangre, de familiares cercanos inconsultos, que podrían y desean hacerse amoroso cargo de los menores que son suyos.
Hay casos documentados de niños arrebatados a sus abuelos, para entregarlos a instituciones (de algún modo hay que llamarlas) cerradas a la más mínima transparencia y, por tanto, sospechosas de malos tratos y de turbios manejos. Sospechas que se confirman con testimonios. Después se retuerce la interpretación de la información reservada por ley.
Todos los niños son nuestros niños. Eso es el principio de la subsidiaridad. El actual texto del artículo cuarto de la Constitución dice expresamente que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.
No es propósito ni función de esta columna condenar ni denunciar hechos concretos, sino llamar a la reflexión y alertar sobre políticas públicas inadecuadas, que pueden tener consecuencias de vida o muerte, o de vida destrozada. Todo el mundo tiene claro en México que la llamada cultura de la denuncia no puede prosperar aquí en las actuales circunstancias de eficacia en la procuración e impartición de justicia. Que de poco o nada sirven teléfonos de 01-800 cuando todos conocemos casos de valientes ciudadanos denunciantes, que aparecen muertos en una cuneta al día siguiente o escaparon al extranjero a solicitar asilo.
Pero entre el chisme y la crítica constructiva hay una sola diferencia y es esencial: el destinatario que le pueda poner remedio.
Algún ejemplo sólo de lo que está ocurriendo con nuestros niños. Una joven madre documenta su rehabilitación y muestra su diploma de curso de cultura de belleza; no le permiten ver a su hija; a sus padres les niegan la custodia de la nieta. Así se piensa abatir la adicción y “los daños contra la salud” y promover la integración familiar, que tanto dicen defender.
Los vecinos de la colonia Agrícola (donde habita el que escribe estas notas) miran con gran desconfianza un supuesto orfanato, sin licencia, siempre cerrado, donde jamás se oye una risa infantil. En estos tiempos de la pederastia crece el sospechosismo. Convendría al Consejo Estatal de la Familia prevenir cualquier posible tráfico de infantes: ya tienen catorce quejas en la CEDHJ.
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