Homero Bazán
¿Y la propina para el juez?
23 de febrero de 2011
La ciudad de México ha sido desde principios del siglo XX la agencia de renta de jueces para bodas más grande de América Latina, un negocio que ha generado grandes fortunas y que, con el paso de las décadas, ha pasado del mero pago del trámite por parte de los enamorados a generosas propinas, cobros con tarifas y hasta cotizaciones según la fecha, cual si nuestros juzgados se manejaran como empresas privadas.
El tema me interesó por los comentarios de mis amigos Amelia y Louis, próximos a contraer nupcias, quienes buscando en delegaciones a algún juez con disponibilidad para acudir a su boda, se encontraron que las llamadas “propinas” se elevan hasta diez veces más que el trámite oficial del juzgado.
Incluso en colonias supuestamente populares, como el Juzgado Séptimo, de la calle Zerco, en la colonia Guerrero, se encontraron con que las propinas para los jueces se elevaban estratosféricamente.
Curiosamente este tema es uno de los menos denunciados o incluso tomados en cuenta al hablar de corrupción. Al investigar al respecto nos encontramos con que la tradición de dar propina a los jueces tiene una larga historia que data desde tiempos porfirianos y que se consagró durante el mandato de Plutarco Elías Calles. En aquellos tiempos los jueces preguntaban incluso sobre el presupuesto para la ceremonia y exigían toda clase de caprichos, sobre todo si se trataba de una boda de abolengo, puesto que las uniones eran vistas como la unión de clanes familiares y empresariales.
No obstante, para quienes no tenían mucho dinero, también surgieron los abusos. A mediados del siglo XX, con el aparato burocrático en ascenso, numerosas parejas se dieron cuenta de que la mejor manera de obtener la disponibilidad de un juez era pagándole honorarios por debajo del agua.
Toda boda que se celebrara fuera de un juzgado era motivo de gasto extra. Para algunas parejas esto entraba dentro de lo razonable, no obstante, a medida que pasaron los años, muchos burócratas afilaron sus uñas y demandaron parte del pastel.
Hoy es una práctica común que aun cuando la boda se celebre dentro del juzgado y una pareja haya pagado cumplidamente por su trámite, que secretarias y ayudantes pidan una “cooperación para el juez”, misma que va desde los 500 hasta los dos mil pesos, de lo contrario, como muchos lo constatan amargamente, las fechas estarán misteriosamente ocupadas, la disponibilidad del juez será nula y se buscarán pretextos para exigir más papeleo.
Curiosamente la investigadora Susana Ortiz ha elaborado un amplio trabajo sobre el tema de las bodas y la derrama económica que dejan anualmente a nivel ciudad.
Se encontró con que en los diversos juzgados, dependiendo de su ubicación, las tarifas en “propinas” para que un juez acuda a una boda, oscilan entre mil 500 y 10 mil pesos, lo cual se incrementa en 30%, si la ceremonia es en viernes sábado o domingo.
La especialista se pregunta si, como en el caso de los jueces de zonas de mayor valor catastral, se puede considerar simple propina a ingresos de entre 50 mil y 100 mil pesos mensuales, adicionales al sueldo de cada uno de estos funcionarios, además de la inexistente declaración hacendaria al respecto.
Mientras tanto, mis amigos Amelia y Louis, ella mexicana, él francés, decidieron no contribuir a la corrupción y casarse directamente en el juzgado, donde además del costo del trámite, no piensan desembolsar un peso más.
¿Lo lograrán? ¿Será posible casarse en esta ciudad sin desembolsar propinas? ¿Encontrarán un juez honrado? Próximamente el desenlace de esta telenovela.
homerobazanlongi@gmail.com
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51796.html
Y en el Perú los curas tamibién jalan la suya en eso de los matrimonios y bautizan, ponen un monton de trabas