Nuestros Auschwitz
Ricardo Monreal Ávila
- 2011-04-19•Acentos
Las fincas de San Fernando, de donde se han exhumado hasta el momento145 cadáveres, y el año pasado se ejecutaron a 72 migrantes centroamericanos, son nuestros Auschwitz.
La sistematicidad, la impunidad, la saña y la motivación de estos crímenes colectivos se apega a lo descrito en el artículo II de la Convención de Genocidio: “Se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, como tal, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) matar a miembros del grupo; b) inferir a los miembros del grupo grave daño corporal o mental; c) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para producir en todo o en parte su destrucción física; d) imponer medidas dirigidas a prevenir los nacimientos dentro del grupo, y e) forzar la transferencia de niños de un grupo a otro” (Diccionario Jurídico Mexicano). Los tres primeros actos están claramente presentes en las matanzas colectivas de San Fernando.
La sistematicidad de estos exterminios está acreditada desde hace dos años por lo menos, cuando empezaron los secuestros y desapariciones de grupos de personas que transitaban por la carretera federal que cruza ese municipio, rumbo a la frontera. Tan sólo en los últimos tres meses, la terminal de autobuses de Matamoros, Tamaulipas, destino final de los pasajeros del transporte público, tiene en resguardo más de 300 maletas que llegaron sin pasajeros. La procuraduría de justicia de Tamaulipas, a su vez, tiene el registro de más de 400 denuncias por desapariciones en las inmediaciones de San Fernando en el último año, de las cuales no se levanta averiguación previa, por no existir en el código local el delito de desaparición forzada o involuntaria.
La impunidad con la que actúan los genocidas de San Fernando es del dominio público. En agosto del año pasado se denunció internacionalmente la masacre de 72 indocumentados en el mismo municipio; lejos de haberse detenido, revertido o prevenido nuevos exterminios colectivos por parte de las autoridades, éstos siguieron con más fuerza. Los 145 cadáveres exhumados de las fosas clandestinas corresponden a desapariciones y ejecuciones de los últimos seis meses y son el doble de los indocumentados asesinados en un solo evento.
La saña está documentada por los servicios médicos forenses. La mayor parte de los secuestrados fueron asesinados a golpes de marros o mazos en el cráneo. Mientras que la motivación criminal ha sido ubicada en el ámbito económico: por no pagar una extorsión o por negarse a pertenecer al grupo delictivo (la leva criminal).
A diferencia del Auschwitz polaco, los Auschwitz mexicanos son privados, no “oficiales”; es decir, son campos de exterminio de un grupo paramilitar, no del Estado mexicano ni de sus fuerzas policiales o militares. Pero esto no le resta ni un ápice a la gravedad de la realidad genocida que allí se ha exhumado.
La parte activa de este genocidio es por cuenta del grupo criminal que cometió de manera sistemática, continua e impune estos crímenes atroces. Pero hay un elemento genocida pasivo que compete directamente al Estado mexicano, en sus tres órdenes ejecutivos de gobierno, al ser los responsables directos e ineludibles de garantizar la seguridad a los mexicanos en sus personas y bienes. Denegación de justicia, negligencia criminal y, en su caso, complicidad oficial, son algunos de los cargos derivados de esta actitud genocida estatal pasiva.
Dunia Wasserstrom, sobreviente de Auschwitz, escribió sus memorias con el título de una obra que se ha propuesto colocar como placa de advertencia en los campos de la ignominia nazi: Nunca jamás. Es el mismo letrero que debemos colgar en los pozos de Guerrero, en las fosas del Pozolero en Tijuana (confesó la disolución de 300 cuerpos), en las fincas de San Fernando y en todos los demás lugares donde irán apareciendo algunos de los 5 mil desaparecidos involuntarios que ha dejado la guerra genocida en curso.
Transitar del “ya basta!” y el “no + sangre!” al “nunca jamás”, supone haber llegado a un estadio de reconciliación, justicia, paz y confianza que aún estamos lejos de vislumbrar. Al contrario, la actitud genocida pasiva del actual gobierno está a flor de piel, como cuando nos advierten de por lo menos siete años más de violencia criminal, o cuando se habla de “sólo 10 por ciento de víctimas inocentes” o cuando se concluye sin investigación ni averiguación judicial que 90 por ciento de los 40 mil muertos son “delincuentes” o “muertes entre ellos”.
Ciertamente, el actual gobierno no es responsable del cáncer criminal ni de los Auschwitz detectados en la sociedad mexicana. En cambio, de lo que sí es responsable por completo es de la medicina y del tratamiento suministrados. Y ambos, medicina y tratamiento, han provocado la metástasis, no la contención, del mal diagnosticado.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
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