Esteban Garaiz: Niños de primera y niños de segunda categoría‏

 

Niños de primera y niños de segunda categoría

¿Por qué hay dinero para iluminar la Catedral y no hay para que todos los niños tengan una escuela igualmente digna? Sólo eso: digna. Igualmente.

Esteban Garaiz

08/04/14 3:47 AM

 

Es el gobierno el que perpetúa la discriminación. El primero en violar la ley y los derechos humanos más elementales. No sólo no combate la discriminación. La ahonda. El gobierno federal y los gobiernos estatales. Por supuesto, Jalisco incluido. Ejecutivo y Legislativo. Para no hablar del Judicial.

Así como hubo un “socialismo real” en la Unión Soviética, hay una “democracia real” en los Estados Unidos de América; y una “justicia real” en México.

Niñas mexicanas sin la dignidad humana de los sanitarios. Niños mexicanos en escuelas de hojalata, o de piso de tierra. No sólo es un asunto de rezago, espantoso, sino de discriminación. Artículo primero de la Constitución. La que juran guardar y hacer guardar cuando asumen su función de gobierno, que dicen que les otorgamos nosotros los soberanos de ésta que nos dicen que es república donde el pueblo es soberano y manda.

¿Por qué hay dinero para iluminar la Catedral y no hay para que todos los niños tengan una escuela igualmente digna? Sólo eso: digna. Igualmente.

Ese es el tema real de la educación en México. Mucho más importante que si hay maestros incumplidos o aviadores sindicales. Que también es una vergüenza. Propiciada desde el gobierno: del PRI, del PAN; y seguramente también del PRD. Dinero que serviría para completar las escuelas dignas.

Los censos siempre son útiles. Así sabemos la verdad social y salta a la vista lo que hay que corregir. Ahora impactan los resultados del censo de INEGI con la SEP, por incompleto que haya resultado.

Es inaceptable que alguien de la autoridad interprete los resultados concluyendo que en Jalisco hay un “rezago muy bajo”. Proyecta un subconsciente brutalmente discriminador: al cabo que son los niños de la periferia metropolitana, venidos de quien sabe dónde;  o niños de segunda categoría de los municipios de pueblos marginados, no neogallegos. Mexicanos de segunda, descendientes de los conquistados.

Hay en Jalisco 1,695 centros preescolares sin agua, 2,092 primarias, más 651 secundarias. Pero no importa a los gobernantes de carros lujosos: es un “rezago muy bajo”.

No importa si un 11 de los 15,348 planteles no tienen ni siquiera luz eléctrica. Al cabo que la Comisión Federal de Electricidad, que nació para electrificar el país entero, ahora ya es “empresa de clase mundial”.

Benito Juárez, en medio de las turbulencias heredadas de la independencia trigarante, logró dejar al morir las primeras 7,000 escuelas públicas gratuitas y laicas. Porfirio Díaz, después de 35 años, logró aumentarlas a 9,200 para un país de 15 millones de habitantes. Naturalmente concentradas en las cabeceras municipales. No para los hijos de peones de las haciendas.

Si hoy en Chiapas el 14 por ciento de las escuelas tienen todavía el piso de tierra, el 7 por ciento en Guerrero, el 5.7 por ciento Nayarit, el 5.5 en Oaxaca, el 4.8 en Durango y el 4.3 en Michoacán ¿no es la educación una responsabilidad federal y primordial? Hagamos torres de luz y Panamericanos.

Hay 20 mil 152 planteles sin sanitarios. Por ahí tiene que empezar la reforma: por las condiciones materiales. Por aprender la dignidad de su cuerpo, de su persona.

Además, ¿por qué egresan los maestros mal capacitados y motivados de las escuelas normales? ¿Quién los forma y les otorga título? Hay 23 millones de escolares en 200 mil planteles de educación pública; y un 10 por ciento más en instituciones privadas. Mucho se ha avanzado en cantidad, en cobertura desde hace 100 años.

Una décima parte de los escolares, precisamente los de los pueblos originarios (que sólo por eso podrían reclamar prioridad), se expresa en una lengua materna que no es la oficial del Estado mexicano. Tienen derecho a ser alfabetizados en su idioma materno.

Justicia es tratar desigual a los desiguales privilegiando a los desventajados. También la convivencia social requiere rampas en las banquetas y semáforos con sonido.

Reconoce el Coordinador General de la Secretaría públicamente que “no se pueden generar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje si no cuentas con las condiciones de infraestructura educativa”. Cierto, pero no es asunto de “rezago”. Es un asunto de discriminación pública contra los niños de segunda categoría.

Dejar el mantenimiento de los planteles a cargo económico de los padres de familia ahonda las diferencias, e incluso propicia discriminaciones al interior de las sociedades de padres hacia quienes no están en capacidad de aportar (que son la mitad nacional) Precisamente ese es el espíritu igualitario de la educación gratuita: superar diferencias e incluir. Cada restricción presupuestal significa trato diferenciado a quienes tienen igual derecho.

www.estebangaraiz.org

http://www.milenio.com/firmas/esteban_garaiz/Ninos-primera-ninos-segunda-categoria_18_277352323.html

 

 

 

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Sobre Jesús Reyna: algunas preguntas

ALEJANDRO HOPE / EL UNIVERSAL

10/04/2014 |

Jesús Reyna sometido a arraigo. Michoacán en convulsión. Según revelaciones de la PGR, el secretario general de Gobierno y ex gobernador del estado se habría reunido con Servando Gómez, alias «La Tuta», y otros jefes templarios.

Aplauso por la acción, si las evidencias aguantan el escrutinio judicial. ¿Pero no valdría la pena hacer algunas preguntas adicionales sobre la defenestración de Reyna? A mí, en lo particular, me surgen las siguientes:

1. ¿Qué sabía el gobernador Vallejo sobre las supuestas relaciones peligrosas de su aliado? Más importante, ¿cuándo lo supo? ¿Antes de regresar de su licencia temporal? ¿Antes de designar de nueva cuenta a Reyna como secretario de Gobierno? Al multiplicarse las acusaciones, ¿ordenó alguna investigación interna? ¿Solicitó datos, información o elementos de juicio al Gobierno Federal? ¿Le pidió a Reyna que se sometiera a control de confianza? De ser el caso, ¿cuál fue el resultado?

2. ¿En qué momento, las autoridades federales empezaron a tener sospechas sobre Reyna? ¿Fue apenas la semana pasada? ¿Fue resultado fortuito de la muerte de Enrique «Kike» Plancarte? ¿O había ya una investigación federal en curso? ¿Cuándo se inició?

3. Si no había sospechas antes de la semana pasada, ¿por qué las autoridades federales descartaron sin más las acusaciones de José Manuel Mireles en contra de Jesús Reyna? ¿O los señalamientos de Luisa María Calderón? ¿O la serie de artículos de Ciro Gómez Leyva sobre las reuniones con «La Tuta»? ¿No había allí suficientes indicios para empezar a investigar?

4. Si las dudas del Gobierno Federal sobre Reyna preceden a la muerte de Plancarte, ¿le fueron comunicadas al gobernador Vallejo? ¿Se le sugirió la remoción de su secretario de Gobierno? A la llegada del comisionado Alfredo Castillo, fueron removidos de sus cargos el secretario estatal de seguridad pública y el procurador del estado. ¿Por qué no se hizo lo mismo en la Secretaría de Gobierno?

5. Durante su período como gobernador interino, ¿Reyna era objeto de una investigación? ¿Ya estaba en la mira del aparato de seguridad e inteligencia? De ser el caso, ¿qué medidas se tomaron para evitar que llegase a sus manos información sensible? ¿O sí se compartió inteligencia con el hoy arraigado? ¿Sobre despliegue de tropas? ¿Sobre operativos? ¿Se puso en riesgo a personal federal, a sabiendas de la posible deslealtad de Reyna?

6. Tras el arraigo de Jesús Reyna, ¿no deberían de cambiar los términos de la relación con las autoridades michoacanas? Si el segundo funcionario más importante de ese estado se encontraba en la nómina templaria, ¿quién más lo estuvo o lo está? ¿En quién se puede confiar en el Gobierno de Michoacán? ¿En el resto del gabinete? ¿En el propio gobernador Vallejo?

El caso es delicado y algunas de estas preguntas no se pueden contestar con altavoz. Pero hay maneras de someter al Gobierno a escrutinio sin sacrificar la integridad de una investigación en curso. Por ejemplo, la comisión bicameral de seguridad nacional, en el Congreso de la Unión, podría citar a comparecer a todos los involucrados. O bien, podría crearse una comisión legislativa especial para dar seguimiento a la intervención federal en Michoacán.

Lo que no se puede hacer es suponer que el asunto empieza y acaba con Reyna. Aquí hay complicidad y negligencia, en el ámbito estatal y federal, entre funcionarios de esta administración y de las anteriores. Si esto ha de servir para sanar a Michoacán, es absolutamente indispensable saber qué pasó y actuar en consecuencia. En este asunto, no se valen las generalidades y los silencios.

 

Twitter: @ahope71 IMCO@

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URL http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/10/sobre-jesus-reyna-algunas-preguntas-427786.asp

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José Woldenberg: La regulación de los medios

José Woldenberg

La regulación de los medios

jueves, 10 de abril de 2014

Hoy que se está discutiendo la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, tres asuntos -creo- deberían ser prioritarios, a la luz de las promesas que portan las reformas constitucionales: a) la creación de una cadena de medios públicos digna de ese nombre, b) el alineamiento de la nueva legislación secundaria con las normas constitucionales y c) tomar en cuenta la posición oficial del Ifetel. Lo primero, porque es necesaria una opción distinta y con cobertura masiva a las que surgen de los medios privados sellados por el ansia mercantil; lo segundo, no solo para cumplir con la promesa empeñada, no solo por coherencia normativa, sino para evitar una espiral de litigios sobre la constitucionalidad de las disposiciones secundarias que enredarían más un litigio de por sí complicado, y lo tercero, porque la opinión de la autoridad en la materia no puede -incluso por prudencia- dejarse de lado.

A) Comunicación es poder, altero la conseja. Y hoy ese poder se encuentra concentrado en unas cuantas empresas privadas. Ayer fue prohijado desde el poder público y durante largas décadas le usó como sirviente leal. En buena hora, la transición democrática amplió los márgenes de libertad de los medios. No obstante, los mismos se han extralimitado de tal manera que han actuado, en no pocas ocasiones, como si fueran superiores a las instituciones republicanas. Han desacatado normas y chantajeado a los poderes constitucionales sin rubor. Aunque solo fuera por ello, son necesarios medios públicos -no gubernamentales, como ya lo esboza la Constitución- capaces de equilibrar esas relaciones.

Pero además, las audiencias merecen ofertas diferenciadas, capaces de reconocer y reproducir gustos, sensibilidades e ideas distintas, y sobre todo capaces de “elevar” y no degradar los apetitos del respetable. Y en ese terreno, los medios privados están comprometidos, al parecer, con una lógica incapaz de apostar por algo un poco más sofisticado que el rating, el gran dictador de usos y costumbres

B) Que la legislación secundaria no contradiga a la Constitución no debería ni siquiera discutirse. Existe un orden jerárquico en las normas y las derivadas no pueden intentar dinamitar lo que se encuentra en la regla superior. Es un asunto lógico, pero también ético y político: ético, porque los cambios a la Constitución no deben aparecer como un engaño, y político, porque la primera operación reformadora supuso el acuerdo de las principales fuerzas en el Congreso e imagino que sería muy costoso defraudarlas.

Revisando lo que los especialistas han escrito al respecto, habría que poner atención en que: a) facultades otorgadas a Ifetel en la Constitución no pasen en la ley a ser de la Secretaría de Gobernación, b) no se constriñan las libertades en internet, c) no se establezcan restricciones artificiales para el desarrollo de los medios públicos, d) no se desvirtúe la disposición que prohíbe la publicidad engañosa, haciendo pasar por noticia política lo que es fruto (prohibido) de la compra-venta o engañando en el terreno comercial con productos milagro, e) no restringir las posibilidades de regulación asimétrica y declaración de preponderancia, f) no volver a las andadas permitiendo que el juicio de amparo suspenda las resoluciones de la autoridad, g) no convertir los estímulos a la producción nacional independiente en una moneda de cambio para incrementar la publicidad, h) no desvirtuar los potenciales medios públicos convirtiéndolos en gubernamentales e, i) no obligar a los operadores a interferir llamadas o localizar personas a petición de las procuradurías, sin orden judicial.

C) Por último, pero no al último, es imprescindible que el Congreso estudie y evalúe el documento que el Ifetel le envío. Se trata de 16 observaciones, algunas coincidentes con los puntos anteriores, que no deben ser desatendidas. Es una muy buena señal que el nuevo órgano autónomo, en ejercicio de su independencia, alerte sobre las eventuales derivaciones nocivas de la iniciativa presidencial. Si la autonomía se apuntala con su ejercicio, el documento debe valorarse también por ello.

El Ifetel defiende sus atribuciones (que no proceda la suspensión judicial de sus resoluciones, que todas las concesiones requieran de su autorización, grados de flexibilidad para decisiones en relación con la concentración de la propiedad, un régimen de sanciones graduables, y otras -Reforma, 8 de abril-). Hace bien y los legisladores están obligados -bueno, es un decir- a escuchar.

http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=230841

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