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Forjemos la paz

8 cambios de la nueva factura electrónica

El Servicio de Administración Tributaria ya puso a disposición del público la factura versión 3.3, misma que será obligatoria a partir del 1 de diciembre. Para que no lo dejes al último, te explicamos cuáles son las principales modificaciones.

Zenyazen Flores

11.07.2017

El 1 de julio entró en vigor el nuevo formato de la factura electrónica versión 3.3, la cual cambia respecto de la versión 3.2 en su componente técnico para mejorar la calidad de la información, con lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará de una manera más fácil a todos los contribuyentes.

El SAT explica que la factura es la fuente de información para integrar las declaraciones anuales y agilizar el proceso de facturación, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Aunque la nueva factura entró en vigor el pasado 1 de julio, puedes continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre, pero los expertos recomiendan no esperar hasta el último momento para comenzar a emitir facturas con los cambios, lo mejor es iniciar desde ahora.

A continuación te presentamos una lista con los cambios que debes saber de la nueva factura electrónica.

1. Nuevos tipos de comprobantes

Uno de los cambios son los diferentes tipos de comprobante. Ingreso, egreso y traslado, son tres tipos de factura que se emiten actualmente.

Sin embargo, a partir de la actualización del Anexo 20 se integra un comprobante de recepción de pagos y un comprobante de nómina.

*Ingreso: se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes

*Egreso: amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones

*Traslado:
sirven para acreditar la propiedad de las mercancías en traslado

*Recepción de pagos: facilitar la conciliación de las facturas contra sus pagos

*Nómina: se emite por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos. Es una especie de una factura de egresos

2. Reglas de validación

Las modificaciones en las reglas permiten tener información más confiable y de mejor calidad para evitar que el emisor cometa errores. Es muy común que al emitir una factura existan erratas en el RFC lo que genera problemas.

Con la nueva factura se validará el RFC de la factura, de tal suerte que si al momento de expedirla se captura mal la información, la factura será rechazada.

En este cambio hay preocupación de algunos contribuyentes en el sentido de que piensen que el SAT no los va a dejar facturar. Lo que se hará es corregir de origen un error y evitar que el cliente regrese meses después a pedir modificación y cancelación de facturas.

3. Registro de impuestos y descuentos

Los impuestos se registran de manera global lo que no permite identificar qué gravámenes le aplican a cada uno de los conceptos registrados en el comprobante.

En la nueva versión, estos registros de impuestos se van a realizar a nivel de concepto, es decir, en cada concepto se identificará la base de impuesto (ISR, IVA, IEPS) así como el tipo de factor, que puede ser a través de una tasa o cuota o si está exento de algún impuesto y el importe de impuesto calculado.

También se validará que cada uno de los impuestos que se incorporen coincida con los datos que se incluyen en el catálogo de impuestos.

Sobre los descuentos, éstos se integrarán por cada uno de los conceptos registrados dentro del comprobante, y se tendrá que ubicar al producto o servicio en la división correspondiente, seguido de categoría, clase y subclase.

4. Complemento de recepción de pagos

Se trata de un elemento completamente nuevo en la factura electrónica. Este tipo de comprobante se emitirá cuando se realice el pago de una factura en parcialidades o de manera diferida.

La factura de recepción de pagos podrá emitirse por cada pago recibido o todos los del mes, siempre y cuando correspondan a un mismo receptor.

Si al momento de la emisión de la factura te realizan el pago total del producto o servicio, se registrará la forma de pago y no será necesario emitir la factura de recepción de pagos.

5. Uso del CFDI

Cuando se expidan los comprobantes fiscales se le preguntará al receptor qué uso le dará al comprobante; en él se detallará la clave conforme los catálogos.

Si el receptor le da un uso diferente al comprobante del cual se registró inicialmente, no va a ser motivo de cancelación del mismo y no va a afectar la deducción y acreditación de impuestos.

6. Confirmación

Se incluye un campo denominado ‘Confirmación’, mismo que se da a través de una clave que se le pedirá al proveedor de certificación cuando al emitir la factura, el monto total rebase lo establecido en el catálogo de tipo de comprobante.

Si cuando se emita la factura el monto rebasa ese límite, se pedirá un folio de confirmación al proveedor y se incluirá en el comprobante respectivo.

Las cantidades ya están actualizadas en el catálogo de tipo de comprobante. Se estableció un monto máximo de 100 millones de pesos y aplica para comprobantes de ingreso, egreso y recepción de pagos.

La confirmación también aplicará cuando los tipos de cambio son demasiado bajos o altos en relación al valor del mercado cambiario.

7. Clave del producto o servicio y una unidad de medida estandarizada

En la nueva factura se deberá registrar la clave del producto o servicio de acuerdo al catálogo publicado en el sitio web del SAT, mismo que está estandarizado internacionalmente. Para mayor facilidad, en el sitio sat.gob.mx/factura encontrarás un archivo que contiene las claves que corresponden al producto o servicio.

Por ejemplo, si vendes donas de chocolate, en los catálogos encontrarás toda la información necesaria para clasificar ese producto de forma específica.

8. Catálogos para la captura de otros datos

Para estandarizar toda la información se armaron los catálogos que sirven al contribuyente para que no esté pensando qué clave poner en espacios como lugar. Por ejemplo, no se tendrá que elegir entre llenar la factura con Ciudad de México o CDMX o Distrito Federal; ahora hay un catálogo que permite ubicar un estado o un municipio y fijar una clave.

Es muy importante que recuerdes los plazos. Podrás emitir facturas en la versión actual 3.2 hasta el 30 de noviembre. Las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre sólo serán válidas en la versión 3.3 y el formato será obligatorio.

Con información del SAT difundida en foros y videochats con contribuyentes

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cambios-de-la-nueva-factura-electronica.html

 

Prisión preventiva y Estado de derecho

La fuerte inseguridad lleva a apoyar la solución del encierro del mayor número de sospechosos

En su sesión del miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana dictó por mayoría de votos una sentencia que ha provocado contradictorias reacciones. Una parte de ellas son socialmente entendibles, en tanto implican la posible liberación de personas privadas de su libertad hasta que se les dicte sentencia. En las condiciones de inseguridad en que vive el país, hay quienes estiman como única solución encerrar al mayor número de presuntos delincuentes. Para comprender las cosas, es necesario explicitar los supuestos y los efectos de la decisión. Cada cual juzgará informadamente.

En la reforma constitucional de junio de 2008 se previó que todo el país migraría a un sistema procesal penal acusatorio y oral. Para ello se previeron ajustes integrales en los procedimientos y en distintas cuestiones colaterales. Quedaron definidas tareas para policías, peritos, fiscales, defensores y juzgadores. Se determinó, constitucionalmente, que tratándose de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, y los graves que determinara la ley habría lugar a prisión preventiva oficiosa. Es decir, que el juez ordenaría que el presunto responsable siguiera el proceso privado de su libertad. Igualmente se dispuso que los procesos iniciados bajo el viejo sistema inquisitivo, así deberían continuarse y terminarse. En julio de 2011 volvió a reformarse la Constitución para acotar que la calificación de gravedad de los delitos que la ley debería prever, tendrían que relacionarse con la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o la salud.

Como parte de esos cambios, se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad de regular el nuevo sistema procesal penal. En marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 167 se establecieron los delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa. Al citado listado constitucional se agregaron los de genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades de los cometidos contra la salud. En esta acción del 2014 el legislador federal quiso, por decirlo así, que sólo con respecto a esos delitos se posibilitara la prisión preventiva y que en el resto los acusados seguirían su proceso en libertad.

En la reforma de junio de 2016 al citado Código, se previó que las personas a las que se hubiere decretado la prisión preventiva conforme al antiguo sistema, podrían solicitar al juez la revisión de la medida siempre que el delito por el que se les acusó no fuera de aquellos por los que debiera decretarse de oficio la prisión preventiva. Apoyándose en las disposiciones sustantivas y transitorias del nuevo Código, la Sala determinó que la revisión de la medida no implicaba que el juzgador declarara procedente en automático su sustitución o modificación, sino que ello estaba sujeto a la evaluación del riesgo que representara el imputado y al debate que debían sostener las partes en la audiencia respectiva, con independencia de la aplicación de las medidas de vigilancia o supervisión que podrían ordenarse. Lo que finalmente resultó fue la necesidad de que en una audiencia, a solicitud del procesado y con la posible oposición del Ministerio Público, la víctima y el ofendido, el juez determinara si el imputado debía o no seguir su proceso en libertad.

En nuestro país se habla a diario del necesario establecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, cuando éste tiene que desarrollarse, se aboga por el excepcionalismo. Se busca posponer la racionalidad jurídica a fin de salvar a algo o a alguien. Si el sistema diseñado para darle cabida a un nuevo sistema procesal penal ordena hacer algo, hacer ese algo es un modo de abonar al Estado de derecho pero, sobre todo, a la cultura que hasta ahora y tan pobremente trata de sustentarlo.

@JRCossio

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/12/mexico/1499811920_850511.html

¡Gracias, señor presidente, por el socavón!

SALVADOR CAMARENA

 

Es bien complicado explicarle a un millennial que hubo una vez un tiempo no muy lejano en que este país casi creyó haberse liberado de la manía de tener que recordar en cada plaza, edificio público –y en no pocos privados–, en cada calle y en cada camino, que debíamos agradecer al tlatoani sexenal por los favores recibidos… del gobierno.

Ahí va uno, muy orondo, a decirle al millennial que cómo no, que claro que este país se ha superado, tanto que incluso logramos, ¡oh patria querida!, la promulgación en 1983 de un decreto para que ya no se pudiera poner en letras de bronce el nombre del excelentísimo señor presidente en la respectiva placa que daba cuenta de ese parteaguas histórico llamado inauguración oficial.

Todo va bien en la explicación hasta que uno agarra carretera y se topa con tamaños letrerotes en la México-Toluca que chillan de emoción: “Gracias señor presidente por esta carretera”.

Chale chale chale, le dice uno a mimismo. Rápido, piensa en algo, responde mimismo, que espoleado por el superyó hace todo lo posible por no quedar mal con el vástago millennial.

“Úchale, tenían que ser los mexiquenses”, improvisa uno para salir del paso. “Mira nomás hasta donde llegan con su weloveyouhenry”.

Claro que uno repara en que los anuncios son firmados por los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y mimismo se queda con la duda de qué carambas eran realmente esos anuncios: ¿un retorno al pasado? ¿Incontinencia empresarial frente al poder? ¿El nuevo eslogan del nuevonuevo PRI? ¿La novísima versión del nomeayudescompadre?

El tema se torna relevante al amanecer de un terrible miércoles en que un padre y su hijo ven su ruta, y lamentablemente también su vida, interrumpida por un descomunal hoyo en la mitad de una autopista de esas de “Gracias señor presidente”.

Porque ayer ocurrió no un accidente, sino la resultante lógica de la negligencia gubernamental.

En una autopista que este gobierno con jactancia inauguró hace apenas tres meses, dos morelenses perdieron la vida ayer mientras el secretario del ramo culpaba a la lluvia y al azar de lo que en realidad se encuadra como un monumental fallo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Empecemos de nuevo. Expliquemos a los millennials que este gobierno, para empezar, dio la obra del Paso Express por Cuernavaca a una empresa, Epccor, derivada de otra, Gutsa, que ya había sido manchada con escándalos e inhabilitaciones, por la infame Estela de Luz. Y que cuando tal cosa fue denunciada, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza defendió la licitación (http://bit.ly/2tKDqBs). Ese mismo gobierno que desoyó llamadas de alerta por el drenaje que ayer desfondó a la autopista.

Así esta SCT: trabajamos para ustedes en la construcción de pretextos ante cada crisis. Que si OHL, mentiras. Que si Higa, inquina. Que si los dobles remolques son ilegales y una amenaza reiteradamente cumplida, ustedes quieren detener el desarrollo del país.

Pero el destino alcanza a todos. Y, precisamente, en una carretera consagrada con el “Gracias señor presidente” ocurrió una tragedia que no debió ocurrir.

Preguntas: ¿quién puso esos letreros de gracias señor presidente? ¿No habrá sido obra del secretario Ruiz Esparza? ¿La CMIC acepta la paternidad de esa lambisconería? Y luego de la tragedia, ¿quién va a responder por el socavón? ¿El presidente?

Ayúdenos, señor Peña Nieto, a explicar a un millennial, y a las familias de la víctimas de ayer, que este México chafa no es lo que merecen. Y que no es a usted a quien hay que agradecer el socavón.

Twitter: @SalCamarena

 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gracias-senor-presidente-por-el-socavon.html

¿Es México un país pobre?

July 4, 2017

Carlos Brown Solà

La historia de los dos Méxicos que puso de manifiesto un informe de 2014 del McKinsey Global Institute no resulta ajena para quienes conocen las distintas aristas sociales y económicas de este país. El México de los grandes edificios en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, los autos de lujo de San Pedro Garza García en Nuevo León, o las grandes casas porfirianas del Paseo de Montejo en Mérida resulta terriblemente contrastante con el México que se vive en Ecatepec, en el Estado de México, o en Tahdziú, Yucatán; este último considerado el municipio más pobre en América Latina.

A pesar de que nuestro país forma parte de foros internacionales como el G20 –formado por las 20 economías más grandes del mundo– o la OCDE –también llamado “el club de los países ricos”–, la pobreza no deja de ser una de las caras más visibles del país y un constante recordatorio de su estatus como “país en desarrollo”. Este contraste hace que en la discusión pública –desde pláticas de sobremesa hasta las redes sociales– sea recurrente la pregunta: “entonces, ¿es México un país pobre?”

No, México no es un país pobre, sino un país de pobres; para ser precisos, muchas personas pobres. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes al año 2014, 55.3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza en México, lo que equivale al 46.2 por ciento de la población nacional.

Además, la incidencia de la pobreza varía dependiendo en qué estado del país se encuentre uno: en Chiapas, tres de cada cuatro chiapanecos –76.2 por ciento de la población del estado– es pobre, mientras que en Nuevo León esta proporción es de 20.4 por ciento; es decir, uno de cada cinco neoleoneses se encuentra en situación de pobreza. También hay una fuerte relación entre género y pobreza: hay una mayor proporción de mujeres que de hombres entre las personas pobres. La falta de autonomía económica suele llevar a una mayor vulnerabilidad ante la pobreza, pero incluso los hogares dirigidos por mujeres tienden a contar con mayor carencia por acceso a la alimentación, un fenómeno común en la región latinoamericana.

Sin embargo, México es el único país en América Latina que no ha logrado reducir la incidencia de la pobreza en los últimos años. Entre 2012 y 2014, se sumaron casi dos millones de mexicanos a las filas de la pobreza.1 A diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, donde el número de personas pobres ha disminuido a tasas récord, la pobreza en México se ha mantenido en los mismos niveles desde 1994. Además, el número total de personas en situación de pobreza en México ha aumentado ya que, aunque la proporción respecto al total se ha mantenido constante, la población total sobre la que se calcula ha aumentado durante estos 30 años.

Esto resulta contrastante con los datos del Banco Mundial que muestran que la economía mexicana era, en 2015, la decimosegunda más grande del mundo y la segunda más grande de América Latina –por debajo de Brasil– medida por el valor monetario (en dólares estadounidenses) de todos los bienes y servicios producidos dentro del país durante un año –es decir, el producto interno bruto o PIB. Así, México forma parte del grupo de las mayores economías globales pero con el lastre de tener a casi la mitad de su población con un ingreso menor a la línea de bienestar2 y al menos una carencia social,3 que es como define el CONEVAL a las personas en situación de pobreza a partir de un criterio multidimensional.

Entonces, si México es la decimosegunda economía más grande del mundo, ¿quiénes se quedan con los beneficios económicos si uno de cada dos mexicanos se mantienen en situación de pobreza desde hace tres décadas?

Frente a la enorme pobreza, la otra cara económica de México es la desigualdad: en el mismo país conviven decenas de millones de pobres con un reducido número de personas muy ricas. De acuerdo con un trabajo de Raymundo Campos, Emmanuel Chávez y Gerardo Esquivel, el uno por ciento más rico en México se queda con el 21.3 por ciento del ingreso total de los individuos en México, con un ingreso promedio anual de más de 1.9 millones de pesos; mientras que el 0.01% más alto de la distribución ingresa anualmente alrededor de 30.5 millones de pesos.4

Esquivel, en un informe preparado para OXFAM México sobre la desigualdad extrema en México, encontró que en nuestro país existen sólo 16 multimillonarios, cuyas riquezas han aumentado de US$25,600 millones a US$142,900 millones apenas entre 1996 y 2014. Además, la riqueza de los cuatro hombres (ninguna mujer) más ricos de México –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego– representa actualmente nueve por ciento de la producción interna bruta nacional.5

Ante este México de enormes contrastes económicos y sociales, con muchos pobres y muy pocos ricos, la política económica –especialmente la fiscal– no ha servido para disminuir esas brechas económicas. En cambio, ha favorecido la estabilidad macroeconómica pero no ha permitido la mejora en las condiciones de vida de millones de personas durante las últimas tres décadas, favoreciendo apenas a unos cuantos. El crecimiento económico inclusivo y el combate a la pobreza y la desigualdad deben dejar de ser un recurso discursivo que suena bien en foros internacionales para empezar a ser principios rectores para el gobierno y la sociedad mexicanas.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.


1 Cabe aclarar que la pobreza extrema (aquella en la que el ingreso no cubre ni la canasta alimentaria) ha disminuido –aunque de manera moderada– desde el año 2010 hasta representar al 9.5 por ciento de la población mexicana.
2 La línea de bienestar es el ingreso equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes, que incluyen: alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros.
3 Los indicadores de carencia social son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
4 Campos, R., Chávez, E., & Esquivel, G. (2014). Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible. In Premio Nacional de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. México.
5 Esquivel, G. (2015). Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político. Reporte de Oxfam México, 23.

http://economia.nexos.com.mx/?p=411

 

Disección

SERGIO AGUAYO Miércoles 12 de jul 2017, 3:54am

¿Qué lecciones deja el embate de El Universal contra un grupo representativo de la generación de la transparencia?

 C On la alternancia, la corrupción se extendió por todo el país. Ante la indignación de la ciudadanía consciente, las minorías que gobiernan hicieron algunas concesiones -más simbólicas que reales- y hace cinco meses aceptaron que figuras representativas de la sociedad civil entraran en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Los ciudadanos pronto se hicieron incómodos y de las entrañas del poder salió una ofensiva para desprestigiarlos. El Universal se prestó para la maniobra y concedió las ocho columnas a un inconforme que denunció “trampas” y “cuotas” del grupo seleccionador. Para rematar la faena, el periódico dio otra nota principal a las declaraciones de un senador del Verde dispuesto a secundar la crítica. La inquina del diario resultaba incomprensible porque enlodaba a plumas que enriquecían sus páginas.

En México una posición ganada rara vez se abandona. Por ello sorprendió que seis columnistas y cuatro organismos civiles con espacios dentro del diario renunciaran sin inventar excusas. Hicieron a un lado la cortesía habitual y pusieron en duda la ética de El Universal que, dijeron, dejó pasar “notas imprecisas, sin sustento fáctico” lo que formaba parte de “un giro en la línea editorial y la disminución en el rigor periodístico”. El diario publicó sus inconformidades, pero guardó silencio sobre los motivos tras un embate que deja la impresión de haber sido hecho por alguno de esos poderosos que mangonean al país.

La batalla deja buenas noticias. Una de ellas es que la transición ha ido dejando una reserva de excomisionados y exconsejeros comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. En este caso la figura más representativa es Jacqueline Peschard, presidente del Comité Coordinador del SNA. Académica reconocida, estuvo asociada al IFE de José Woldenberg y fue comisionada presidente del INAI. Es decir, estuvo en la época dorada de esas instituciones, antes de que fueran atrapadas por las miasmas de la partidocracia.

Además de Jacqueline, renunciaron tres líderes académicos: José Luis Caballero Ochoa que encabeza el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Sergio López Ayllón Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Pedro Salazar Ugarte Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cargos y perfiles individuales evidencian como están metiéndose en la batalla por las libertades algunas instituciones educativas.

También abandonaron el diario líderes de la sociedad civil. Enrique Cárdenas Sánchez del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Edna Jaime Treviño de México Evalúa. Cuatro organizaciones en solidaridad dejaron los espacios que tenían: Alianza por la Salud Alimentaria-Actúa por la Salud, Fundar, GIRE y Oxfam México.

Los protagonistas del rechazo a El Universal representan a la generación de la transparencia que, basándose en los aciertos y errores de generaciones previas, hacen a un lado protagonismos, ideologías o filias para unirse contra la corrupción y la impunidad. En su mayoría jóvenes, están bien educados y saben negociar con el poder preservando su independencia y apoyándose en las transformaciones que, pese a todo, vive México. En este caso aprovecharon el final de los monopolios informativos. Dejan un diario importante, pero tienen la posibilidad de incorporarse a empresas periodísticas que basan su éxito en la independencia y el rigor.

Termino la disección mencionando las grandes ausencias. El Comité Editorial de El Universal ha guardado un incomprensible silencio. Los partidos, por el contrario, han sido leales a su esencia: condenan en el discurso la corrupción, pero se paralizan cuando les cae esa gota fría que presagia la pérdida de privilegios y canonjías y el fantasma del desempleo. Los organismos públicos encargados de proteger a quienes defienden derechos se ausentaron como siempre.

La guerra contra la corrupción seguirá. Acompañemos a los ciudadanos y organizaciones que desde la SNA están buscando cómo frenar y desenmascarar a los corruptos que, enquistados en el poder, pregonan como chachalacas su falso compromiso con la honestidad.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1359605.diseccion.html

 

El régimen de la corrupción

Jesús Silva-Herzog Márquez

10 Jul. 2017

Hace más de treinta años Gabriel Zaid expuso la verdadera naturaleza del régimen autoritario mexicano. La corrupción, escribía en Vuelta “no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”. (“La propiedad privada de las funciones públicas,” noviembre de 1986). La mordida no era una anécdota, era la médula del régimen. El sistema, explicaba Zaid, consiste en “disponer de las funciones públicas como si fueran propiedad privada”. Mucho ha llovido desde que el poeta ingeniero escribiera esas líneas. Concluiría el sexenio que propuso la “renovación moral de la sociedad”, accederían al poder los técnicos que buscaban catapultar al país al primer mundo, se cambiarían una y otra vez las leyes electorales, habría de nacer el IFE, y una multiplicidad de órganos autónomos. Sucedió lo que parecía impensable en el 86: el PRI perdió la presidencia, el presidente dejó de ser emperador, la izquierda se hizo cargo de la capital de la república, se hicieron habituales las alternancias en municipios y estados. Desapareció el gobierno unificado. El PAN ocupó durante doce años la presidencia de México. El presidente encaraba la oposición de la mayoría en el Congreso.

Tres décadas de cambios políticos profundísimos. Para un mexicano de los años ochenta, el México de 2017 sería irreconocible, no solamente por la violencia que hoy nos lastima sino por la intensidad de la competencia y de la incertidumbre que vemos ya como habitual. Le sorprenderían seguramente la debilidad de la presidencia y la intensidad de nuestros pleitos públicos. Y sin embargo, el núcleo de la política sigue siendo el mismo. Nuestro régimen es la corrupción. Hoy podríamos decir lo mismo que decía Zaid en 1986: la corrupción no es una marca molesta del sistema. La corrupción es el sistema. Es el sistema mismo porque la corrupción se inserta en la lógica del poder desde que éste funda su legitimidad en el voto. Para competir hay que capitanear clientelas, comprar cobertura en los medios, desviar fondos de la hacienda pública. Las elecciones son la primera escuela de la corrupción en México. Bueno… tal vez la segunda. La primera escuela de la corrupción en México es la escuela.

La corrupción es el principio de la política mexicana porque es la sábana que cubre a todos los agentes políticos. Muchas estampas de rivalidad podremos recordar en años recientes. Polarización, desacuerdos en el congreso, pleitos públicos, movilizaciones y vetos, antagonismos, bloqueos. Pero, debajo de la discordia se tejió un pacto entre los partidos políticos. Se trataba de un acuerdo subterráneo para repartir los beneficios del poder y para cuidarse los unos a los otros. Debajo de la rivalidad es perceptible la colusión entre los competidores. Los partidos definen las reglas del juego, se reparten las ganancias, nombran a quienes han de vigilarlos, castigan a quienes los amenazan. A los medios pueden igualmente premiarlos o castigarlos. La cartelización de los partidos políticos ha significado la abdicación de las instancias de control, la renuncia del congreso a actuar como contrapeso auténtico. La corrupción desnaturaliza la democracia, la pervierte, la pudre.

Por todo esto, no extraña la oposición de buena parte de la clase política al Sistema Nacional Anticorrupción. Defiende un régimen que advierte amenazado; ser aferra a una manera de entender la política y de beneficiarse de ella; cuida una forma de ejercer el poder. Quizá lo que sorprende es el descaro con el que ha tratado de minarlo desde antes de su nacimiento. Cuando se haga la historia de este intenso proceso se verá con claridad la resistencia de los actores políticos a la rendición de cuentas. En este capítulo puede leerse, en efecto, una síntesis de las tensiones del presente. El gobierno y sus aliados hicieron hasta lo imposible para someter o ablandar el Sistema Nacional Anticorrupción. Para descarrilar el proyecto recurrieron a medidas abiertamente autoritarias: amenazar con los látigos del fisco a los promotores de la reforma y espiar para intimidar activistas. Han postergado nombramientos clave y negado los recursos indispensables para que se ponga en movimiento la compleja maquinaria del sistema. La estrategia ahora parece ser promover la deslegitimación de sus procesos y el desprestigio de sus integrantes. La viscosa corrupción y las artimañas autoritarias siguen tan vivas como siempre.

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/774538.el-regimen-de-la-corrupcion.html

 

Tapando bocas

No se puede borrar la diversidad tapando bocas

Tapar la boca a los homicidios, acosos y prejuicios que genera el discurso de odio y discriminación hacia la población LGBTI no es trabajar por la familia.

Por: Daniel Berezowsky (@danberezowsky)

Hace unos día se difundió un video en el que Juan Dabdoub, líder del Consejo Mexicano de la Familia, tapó la boca a una mujer que buscaba expresarse durante una entrevista que le hicieron en un espacio público. Irónicamente, el hecho sucedió en el marco del recorrido que realiza un camión naranja por la República Mexicana con el impulso del propio Dabdoub, para propagar un discurso de odio y discriminación hacia la población LGBTI, bajo la bandera de “la libertad de expresión”.

Pero ¿qué quiere callar Dabdoub? ¿Qué le interesa que no se sepa cuando censura otras voces? Permítanme arrojar algunas hipótesis:

No quiere, quizás, que se sepa que su movimiento –escudado en la defensa de la familia- alimenta prejuicios y por consecuencia, incita a la violencia. Y permítanme compartir un dato: según informó la CIDH en 2015, México es el segundo lugar a nivel mundial en homicidios por identidad o expresión de género.

De acuerdo con Letra S, entre 2014 y 2016, 202 personas LGBT –o percibidas como tales- fueron asesinadas en México. Es decir, 6 personas al mes durante tres años. Treinta y tres de ellas fueron torturadas. Cabe destacar que como la propia organización señala, estas cifras son subestimaciones debido a que las autoridades no clasifican los casos y las organizaciones de la sociedad civil deben depender de notas periodísticas.

Al mismo tiempo, dos de cada tres estados en México no incluyen en sus códigos penales mención alguna sobre la orientación sexual o la identidad de género como agravante de delito doloso. En muchos casos, se tratan como crímenes pasionales e incluso, se investiga a las parejas afectivas como posibles culpables en lugar de víctimas o testigos.

Y es que no, quizás estos homicidios y feminicidos no ocurrieron porque alguien recibió un tríptico del Frente Nacional, o porque escucharon a alguien que hablaba de “proteger a la familia natural” en un camión naranja una sola vez. Pero sí fueron cometidos por personas que crecieron, día con día, escuchando discursos similares a los que esas campañas difunden: que lo diferente o desconocido no es natural, que aquello que no se constriñe por la visión tradicional es una aberración. Que la familia verdadera solamente puede componerse por una madre, un padre e hijos. Que los hombres no pueden expresar emociones y las mujeres deben ser sumisas. En suma, mensajes que dividen, no que incluyen.

Se trata de discursos que deshumanizan, que perpetúan estigmas, y que convierten a las víctimas –ante los ojos de la sociedad- en culpables de lo que les ocurre. Incluso de su propia muerte.

Pero quizás Dabdoub no quiere que esto se diga. Como quizás no quiere que se sepa que 6 de cada 10 niños o niñas que se quitan la vida, lo hacen tras haber sufrido bullying. Y al mismo tiempo, que las y los estudiantes LGBT sufren desproporcionadamente de acoso escolar, pues dos de cada tres lo ha padecido. De modo que “pensar en nuestras hijas e hijos”, quizás debe comenzar por entender las razones por las que estos fenómenos ocurren en lugar de reforzarlos.

No quiere Dabdoub que se debata, tal vez, qué es lo que le hace más daño a las y los niños en México: lo que él llama “la ideología de género”, que no es más que educar a nuestras hijas e hijos desde una visión de inclusión, respeto, tolerancia y celebración de la diversidad, o bien, la censura y la difusión de una verdad limitada sobre la composición de las sociedades alrededor del mundo. Porque insisto: es esa visión la que en realidad pone en riesgo a la niñez y adolescencia, todos los días, en las escuelas: cuando un niño, por ser “afeminado”, es víctima de acoso escolar. O cuando una niña, por ser estigmatizada, no encuentra alternativa y opta por el suicidio.

No. Tapar la boca a estas cifras y a estas realidades, no es trabajar por la familia. Es perpetuar el odio que genera violencia y muerte. Es difundir una versión tan limitada de la realidad, que termina destruyendo a lo que busca proteger: a las familias. A las que le cierran la puerta a sus hijas e hijos cuando expresan lo que sienten; a las que quedan desprotegidas cuando uno de los padres fallece, porque la ley no les permitió compartir seguridad social o pensión alguna; a las y los niños que de todas maneras viven en hogares homoparentales pero no tienen el amparo de la ley ante una emergencia. Y a las que por ese mismo discurso pasan décadas sin volver a ver a un hijo, a una hija, a un padre o a una madre; orillados a situaciones de calle, de violencia y de pobreza.

Postdata

En el marco de su 163 periodo extraordinario de sesiones, la CIDH lleva a cabo una audiencia pública en la que Letra Ese, Almas Cautivas, El Clóset de Sor Juana, Fundación Arcoíris, entre otras, darán visibilidad a la situación de violencia y de violación de derechos humanos que existe hacia personas LGBTI en nuestro país. Les invito a escucharla y conocer más sobre la realidad que la discriminación institucional y social, tolera, permite o perpetúa.

 

 

* Daniel Berezowsky es politólogo por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en consultoría privada a Senadores y Diputados, fue asesor del Secretario de Gobernación y cuenta con experiencia en organismos de derechos humanos regionales. Actualmente realiza estudios de posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York y en 2017 creó la campaña Rostros Diversos.

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