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Forjemos la paz

Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Si desaparecen a las personas y desaparece la justicia,

también desaparece la razón por la que el Estado existe.

#SinLasFamiliasNo

¿Qué significa que una persona sea desaparecida? Durante años he intentado comprender lo que esto significa para sus familiares y el impacto de esos actos criminales para nuestra sociedad. A pesar de mi experiencia cerca de los colectivos de familiares en búsqueda y acompañando casos concretos, aún no alcanzo a comprender la dimensión de la esa tragedia.

He llegado a una conclusión personal que me ayuda al aproximarme al daño humano que estos crímenes producen; la desaparición de personas lejos de equipararse al homicidio se parece más a la tortura. El impacto de esta atrocidad se extiende a los familiares de las víctimas y se renueva día a día por el resto de sus vidas. Este inimaginable dolor puede ser aminorado en parte, al encontrar al desaparecido pero en México esto casi nunca ocurre. El efecto destructor de la desaparición de personas no termina ahí.

¿Por qué son “nuestras” las personas desaparecidas? Para cualquier sociedad el hecho de que más de 26 mil personas se encuentren desaparecidas y que cientos de miles de sus familiares sufran “tortura” diaria significa que ese país no tiene futuro. Esto es así porque la principal justificación para que exista un gobierno es la seguridad sus ciudadanos en la forma más elemental, el derecho a la vida y a la integridad personal.

Cuando este vital derecho es vulnerado se entiende que todos los recursos de lo que llamamos instituciones se dirigirán a reparar el crimen encontrando a quien es desaparecido, y cuando esto no sea posible, los esfuerzos estarán en enjuiciar y sentenciar a los responsables. Lejos de encontrarles, procesar a los responsables y detener esta mortífera tendencia, cada año las historias de dolor en las familias se acumulan por miles y las instituciones se vuelven contra las familias. A la fecha sólo 13 sentencias han dictadas por el delito de desaparición forzada en México.

El Estado se vuelve contra las personas no solo al omitir los procesos de justicia, sino al perpetrar directamente las desapariciones y al encubrirlas, tal y como lo documenta el reciente informe de Open Society “Atrocidades Innegables”. Suma a lo anterior la burda estrategia del autoritarismo mexicano que, al no poder o querer, terminar con estos crímenes, busca solucionarlos desplegando eufemismos. Aún hoy, los ministerios públicos del país no inician investigaciones aludiendo a figuras legales como “personas ausentes” y disputando en cada caso la responsabilidad de las autoridades, al establecer diferencias legales entre la desaparición forzada y las desapariciones cometidas por particulares.

La desaparición de personas es tan grave que no solo se comete en contra de las víctimas y sus familias y contra la ciudadanía de los países, también se comete contra la humanidad y está en la lista de los crímenes más graves internacionalmente sancionados denominados delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, del que México es parte, establece una definición de estos delitos que hace inútiles los esfuerzos de las autoridades mexicanas por lavarse las manos.

El Estatuto los define como una serie de actos parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque de conformidad con “la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. La omisión sistemática de la investigación o la aquiescencia en la perpetración, como sucede en México, pueden configurar una política así definida.

Si los gobiernos se vuelven en nuestra contra solo nos tenemos a nosotros, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Por ello cada persona que es desaparecida es nuestra en la medida que nos importa encontrarla y en su caso que la justicia sea impartida para sus familias.

Una reacción humanamente comprensible ante la desaparición de un familiar lleva a muchas personas a encerrarse en su dolor. Esto es así por varios factores entre ellos, el que las mismas autoridades desalienten la denuncia y en muchos casos quien denuncia recibe de inmediato amenazas y agresiones. En muchos otros casos miles de madres, hermanos, hijas y familiares han emprendido una lucha titánica por encontrar a los suyos. En tan solo 10 años han surgido una diversidad de movimientos, colectivos y grupos de personas, que ante la omisión estatal, han emprendido por su cuenta la búsqueda superando el aislamiento y con dignidad son vanguardia en la defensa del derecho a la vida y la libertad en este país.

Esta diversidad de esfuerzos han madurado en muy pronto estableciendo comunicación con los movimientos por las personas desaparecidas de la guerra sucia, promoviendo la articulación y el diálogo entre sí. De eso fui testigo cuando, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, víctimas de todo el país se reunieron el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México.

Constaté que existe un conjunto de voluntades que desde la especificidad de sus colectivos han conformado un proceso social de articulación que configura el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Estando ante el mayor reto que enfrentamos como país los pasos para corregirlos podrían desalentar a cualquiera, pero este Movimiento ha avanzado al punto de elaborar propuestas concretas hacia la justicia. Entre ellas destaca le creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares.

Una ley es necesaria para atender específicamente estas atrocidades despejando y clarificando un marco jurídico que actualmente es base para la inacción. Una ley general daría además a las víctimas un piso sobre el cual iniciar su lucha de forma legal y legítima. Finalmente existe otra razón más práctica. El 2 de febrero de 2014 entró en vigor la reforma al artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso de la Unión tiene a la vez una facultad y una obligación a saber, la de expedir una ley general sobre desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y que ello debería realizarse dentro de los 180 días posteriores, es decir antes del 1 de octubre de 2014.

Al día de hoy han pasado 2 años, 7 meses y 20 días, es decir 963 días y el Congreso aún no cumple el mandato. ¿Qué sucedería si después de 2 años cualquiera de nosotros no hubiese cumplido una tarea en nuestro trabajo? Al parecer en el Senado y en la Cámara de Diputados no se preguntan esto.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos es una luz entre tanta obscuridad porque incluso han avanzado a la propuesta detallada de lo que dicha ley debería contener. Vale la pena revisarla a profundidad (aquí el documento) porque fue construida con la voluntad de las familias y en alianza con universidades, organizaciones sociales y entidades internacionales. Resumo aquí algunas de sus principales propuestas que en la página del Movimiento, en forma visual se explican creativamente:

1. Reconocimiento y participación de las familias. La legislación debe tener como principios, el reconocimiento estatal de la dimensión del problema y la inclusión como actores indispensables a las familias y sus organizaciones, garantizando los mecanismos para la rendición de cuentas. #SinLasFamiliaNo tiene sentido en un país donde los únicos que han buscado, acumulado experiencia y entienden la magnitud de la tarea, son los familiares.

2. Clarificar y organizar las definiciones y responsabilidades. La tarea de clarificar las figuras delictivas es indispensable, implementando la investigación inmediata exhaustiva y la delimitación de las responsabilidades y competencias, eliminando los obstáculos para el ejercicio de la acción penal y para el enjuiciamiento y reconociendo el papel de las víctimas y la coadyuvancia.

3. La búsqueda como prioridad. Actualmente la búsqueda es la última actividad en la lista de los ministerios públicos. Algo tan irracional debe ser corregido en la ley. Como lo ha propuesto el Movimiento esto tendría el soporte de un Sistema Nacional de Búsqueda y de mecanismos urgentes de búsqueda nacional y transnacionales.

4. La creación de políticas públicas basadas en la acción y no en la omisión. Para ello se propone un Plan Nacional de Búsqueda y planes específicos, un programa nacional de exhumaciones e identificación de restos y un registro único de personas desaparecidas.

5. Reparar el daño de forma integral. Sabemos bien que aún encontrado a sus familiares y en los casos que se identifican los restos mortales, el daño nunca será reparable en su totalidad. Pero actos de mínima justicia como el reconocer como víctima a los familiares y garantizar sus derechos, así como el estatuto legal de la persona desaparecida deben ser establecidos.

¿Por qué luchar por leyes en un país en donde no se respetan? Primero, porque en este tema existe un caos (intencionado creo yo) con un cúmulo de conceptos legales que son aplicados a situaciones similares, cuando fueron pensados en otros tiempos y para otras circunstancias, y son usados “legalmente” por los agentes de justicia para no buscar a nuestros desaparecidos. Una ley para buscarles es el piso de lucha y movilización, es lo menos que les debemos a las víctimas.

Exijamos que esta ley sea una realidad en al actual periodo de sesiones. Firmemos y difundamos (aquí) esta petición, si podemos hacer algo más (aquí) los pasos a seguir. No veo otra manera congruente de decir que queremos a nuestras hijas e hijos, a nuestras familias y que queremos un futuro diferente para ellos.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Niños, niñas de la guerra y la paz

 

Ramiro tiene 12 años, nació en Badiraguato, Sinaloa, la Sinaloa del Chapo Guzmán, de los miles de desplazados y cientos de secuestrados. El territorio del abandono, donde la guerra tomó el lugar de las escuelas para miles de niños y niñas. Donde la narrativa del narco ha colonizado el lenguaje de la infancia. Ahora ellos dicen palabras colombianas sacadas de las narconovelas, tales como sapo: soplón en mexicano; verraco: valiente en mexicano. Muchos chicos en los colegios juegan durante el recreo a los cárteles, se ríen y usan armas de plástico. Uno aprendió a hacer una pistola perfecta con origami, usó el papel para armarse en lugar de utilizarlo para expresar sus emociones e ideas con palabras escritas. “Si no me das el dinero te secuestro”, le dice uno al otro. Juegan a los levantones, a los buscadores de fosas, a los militares buenos que matan a los militares narcos. Otros niños y niñas los miran con desprecio mientras juegan al futbol, al ajedrez. Ninguno imagina que de adultos tal vez serán enemigos, tal vez se odiarán. Tal vez uno le venda drogas al hijo de la otra. Ramiro dice que en México hay que ser valiente para que el gobierno no te mande matar, para que los militares no secuestren a tu mamá. No cree en los adultos. Antes quería ser maestro, ahora ya no sabe lo que quiere. Dice que no sabe si va a llegar a grande.

Jeferson nació en Medellín, el Medellín de Pablo Escobar, el de los miles de familias desplazadas, de secuestrados, de mujeres violadas y de asesinatos. Creció con el temor metido en los huesos; con sus amigos del colegio corría a esconderse cada que veía una motocicleta pasar a toda velocidad, el vehículo favorito de los sicarios. Cuando Jeferson descubrió que su padre estaba dedicado a vender droga, sintió un gran desprecio por su progenitor, ese que maltrataba a su madre a punta de golpes y frases de desprecio. A los 15 huyó de casa. Conoció a un tendero que le dijo que había un lugar donde tendría trabajo digno y podría liberar a su gente de la pobreza y de los narcotraficantes. Terminó en las filas juveniles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Un año después escapó con dos amigos de su edad, los ayudó un sacerdote y más tarde entraron en un proceso de reintegración social como desmovilizados de la guerrilla. Es un joven moreno, tímido, dice que aún no sabe quién es él, lo que sí sabe es lo que no quiere ser: no quiere matar, no quiere ser un mal hombre, no quiere vender o consumir drogas, no quiere que lo maten. Tal vez podría ser músico, quién sabe.

Escribo este texto en Colombia, presenciando un momento histórico para América Latina: las negociaciones de paz que podrían dar fin a 52 años de conflictos bélicos internos que han devastado la vida de 8 millones de víctimas. Aquí descubrí el proyecto de lectura y escritura Los niños piensan la paz; elaborado por la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Mientras los adultos negociaban el fin de la guerra y se tomaban fotos, este equipo cultural de la mano de Ángela Pérez Mejía y Javier Naranjo, con del Laboratorio del Espíritu, expertos en la promoción de la lectura como ejercicio de ciudadanía de niños y niñas, trabajaron con esta población para que definieran su mundo. “Los que me da paz es no escuchar más gritos de lamento en barrio, no escuchar disparos, no escuchar de boca de otros lo que en las noches curre porque con todas esas cosas vivo con temor y no me permite vivir en paz” Angie de 16 años, originaria de Neiva. “La guerra sabe a tristeza, porque necesitamos la paz para vivir tranquilos” escribe Ana de 10 años. María, originaria de Río Negro escribe “La guerra huele feo, porque es un gran olor a odio y rabia”.

Las niñas y niños de Colombia dicen y piensan que si ellos votaran el plebiscito seguro ganaba el sí. Entienden que la paz no es una casa a la que se llega a vivir, sino un largo camino para encontrarse con personas muy diferentes, pero que, aunque diferentes, todas merecen vivir sin violencia, con agua y comida, sin drogas o armas que los maten; con familias que les den amor.

Niños, niñas de la guerra y la paz

 

Juan Villoro: Arañas

Juan Villoro

dom 25 sep 2016, 10:35am

 

Arañas

Mi amigo Lorenzo me citó para hablar de un tema decisivo del tercer milenio: la conducta de los adolescentes. Su hija cumplió quince años y en vez de organizar una fiesta con vals, chambelán y cisne de hielo fue a un festival de reggaetón. Naturalmente, esta actividad excluyó a Lorenzo, que odia la estética de crema chantilly de las fiestas de quince años, pero no está preparado para que su hija prescinda de él en su festejo.

Antes, los quince años servían para presentar a una chica en sociedad; ahora sirven para que ella se aleje de la sociedad y se integre a un colectivo que se llama “la banda”.

“Tiene vida propia”, Lorenzo habló como si esta virtud fuera trágica. Para consolarlo, le conté que también yo había pasado por el alejamiento filial. De pronto, la niña que se entusiasmaba con cualquier propuesta paterna (“¡Siempre he querido conocer una fábrica de clavos!”, me dijo Inés cuando la llevé a los seis años a un polígono industrial) se transforma en la adolescente que lee El extranjero de Camus con concentrada angustia, como si el árabe fuera asesinado en cada página. “No tenemos comunicación”, se lamentó. Le dije que me acerco con cautela a mi hija, tratando de distinguir si un cable asoma de su cabello para saber si al hablarle debo competir con su iPod.

“La adoro”, agregó. Estuvimos de acuerdo en eso y en pedir otra copa. Por los cristales de la cantina veíamos el crepúsculo. Nos había tocado una tarde sin lluvia, de rosáceos resplandores, ideal para reconciliarse con el cielo, pero no con los hijos: “Primero me cuestionó y me pareció sano; luego me repudió y ya no me latió; ahora me ignora y eso es peor”, dijo Lorenzo. “Es un proceso normal y necesario. Volverá a ti”, hablé como un libro de autoayuda. “Lo normal y necesario es espantoso”, mi amigo tiene sangre italiana; en tono apasionado dijo una frase desoladora que sonó cómica: “¡Odio el ciclo vital!”.

Al cuarto tequila Lorenzo ya no quería ser humano. Admiraba a las marmotas y otras especies que se llevan bien con sus cachorros: “Sueño que Cris tiene cuatro años; despierto y tengo una hija que sólo me dirige la palabra para pedir que compre quínoa o quejarse de que el yogur no es orgánico. Hace cuatro meses que no vendo un cuadro y ella piensa en ensaladas”.

Vi los dedos de Lorenzo, permanentemente manchados de pintura: “Soy un proveedor de quínoa. Nada más”. Miles de padres han pasado por eso. Exageran ante un proceso inevitable, pero sus emociones son auténticas.

Cité un pasaje de El libro de la risa y el olvido, de Milan Kundera. Ya exiliado en París, el escritor checo tomó un taxi en el que recorrió casi toda la ciudad. El conductor, de origen africano, le contó la intrincada historia de su vida y dijo que la estaba escribiendo. El novelista le preguntó si la escribía para sus hijos. El hombre sonrió con tristeza: ellos no querían saber nada de él. “Escribimos libros porque nuestros hijos no se interesan en nosotros”, reflexionó Kundera.

Lorenzo guardó silencio. “Es cierto”, tomó un sorbo de tequila: “Estuve en una escuela donde los niños se fascinaron con mis dibujos. Ahí Cris hubiera sido la única distraída”. “Si ella te pelara, no pintarías”, exageré la tesis de Kundera.

“Lo peor es entrar a su cuarto: es la habitación del pánico”, agregó: “Me da miedo estar ahí. Es como el refugio de una secta”.

Pedimos la cuenta y lo acompañé hasta su casa, a unas cuadras de la cantina. Metió la llave en la cerradura, pero no tuvo tiempo de accionarla. Cristina abrió de inmediato: “¡Te estaba esperando, papi! No sabes cómo te extrañé”. Lo besó en las dos mejillas y me saludó con cordialidad: “¡Juanito, sigues creciendo!”, bromeó alegremente.

¿Qué tenía que ver esta chica con la lúgubre existencialista descrita por Lorenzo? Nada. Pero esa nada tenía una causa:

“¡Hay una arañota en mi cuarto!, ¿la matas?”. Luego se dirigió a mí: “Es la tercera vez que sale una araña. Son adictas a mí, ya se dieron cuenta que soy aracnofóbica”.

Fuimos a la habitación de su hija y Lorenzo cumplió con su papel de depredador doméstico. Ella lo abrazó, con enorme cariño: “Eres lo máximo”.

Después de todo, la situación de mi amigo no era tan mala. Se lo dije y sonrió para sí mismo. Antes de despedirme, me llevó al garaje. Se dirigió a una repisa y tomó un frasco. Lo acercó a mí para que lo viera.

Estaba lleno de arañas.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/687894.aranas.html

 

 

La guerra negra

La guerra negra

A diferencia de la “guerra sucia” de los años 70 del siglo XX que el estado mexicano desplegó contra los grupos disidentes y guerrilleros, generando la desaparición de mil 500 personas durante una década, la que podríamos llamar “guerra negra” ha provocado una herida más profunda en la sociedad mexicana por la violencia extrema y absurda que ejercen los perpetradores que, lo mismo forman parte de las filas del crimen organizado que de las agrupaciones policiacas, militares y del gobiernos en sus tres niveles federal, estatal y municipal.

Ayotzinapa es el caso más emblemático de esta “guerra negra”, donde ha habido miles de cuerpos ejecutados, mutilados, torturados, incinerados, disueltos en ácido o colgados en los caminos. Se trata de una guerra no convencional donde los desaparecidos se cuentan por miles, lo mismo que las familias desplazadas de sus lugares de origen convertidos en infiernos por sicarios salvajes que divagan por los caminos marcando sus territorios a base de terror y violencia.

A dos años de la desaparición de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, el caso es un expediente abierto pues las indagaciones del gobierno federal, que acusan la incineración de los jóvenes por manos criminales, siguen siendo insatisfactorias para los familiares que han perdido la confianza en las autoridades mexicanas, no así en el grupo de expertos de varios países que señalaron la posibilidad de participación de militares en la ocultación de los jóvenes en el cuartel de Iguala.

La “guerra negra” es más violenta, sangrienta y terrorífica que la llamada “guerra sucia”. Si en esta última el Estado mexicano usó prácticas de espionaje, persecución, detención y desaparición de líderes sociales generando un clima social de miedo, ahora en la “guerra negra” algunos de los integrantes del propio Estado, coludidos con el crimen organizado, usan no sólo estas prácticas, sino otras más que han desarrollado para crear un imperio de terror.

Las historias que se han generado desde hace dos años con la desaparición de los estudiantes normalistas son ejemplo de lo que ocurre en el escenario infernal de la “guerra negra”.

La sola idea de que la policía municipal entregó a los jóvenes a una banda de criminales que los torturó hasta matarlos para luego incinerarlos, describe una escena dantesca inimaginable, como lo es también la otra posibilidad de que fueron llevados al cuartel militar para desaparecerlos en los incineradores que ahí tienen o la idea de que se los llevaron a trabajar como esclavos en alguna zona de cultivo de amapola de la sierra guerrerense.

En la historia contemporánea del país, estos años de “guerra negra” –que empezó con Felipe Calderón y continúa con Enrique Peña Nieto–, serán recordados por los graves niveles de violencia, por las historias de terror y horror que han vivido pueblos enteros sometidos bajo el yugo de delincuentes y funcionarios fundidos en un solo cuerpo: el crimen institucionalizado.

http://www.proceso.com.mx/455716/la-guerra-negra

 

Jorge Zepeda Patterson

dom 25 sep 2016, 10:37am

¿Y ahora Tucop?: todos unidos contra Peña

Que la derecha esté organizando marchas para protestar contra la iniciativa de Peña Nieto que legalizaría los matrimonios homosexuales, resulta sintomático no sólo del aislamiento en el que se encuentra el presidente, sino de la unanimidad que ha logrado generar en su contra. La belicosidad que ha mostrado el clero conservador y su capacidad para mover sectores de la comunidad para expresar su descontento, conforman el último capítulo de una larga lista de incidentes y de actores políticos y sociales molestos con la gestión de Enrique Peña Nieto. Uno más que se integra a la fila del descontento que incluye a empresarios, a corporaciones y sindicatos víctimas de recortes, a gobernadores priistas y de los otros, a la opinión pública, a las redes sociales.

Desde luego, no terminará siendo un Tucop (todos unidos contra Peña), porque la diversidad y los contrastes entre los muchos desafectos que inspira el presidente no admiten fusión ni consensos. Más allá de la molestia unánime, los motivos son distintos e incluso encontrados. Lo que a unos irrita, a otros convence (el matrimonio homosexual o la reforma petrolera, por ejemplo). Pero unos y otros al final de cuentas hacen un balance desfavorable del gobierno encabezado por el grupo Atlacomulco.

Sorprende la cantidad de errores y la falta de oficio para atraer y conservar aliados. Los empresarios siguen distanciados del ejecutivo pese a la salida de Luis Videgaray de la secretaría de Hacienda, un hombre que había irritado tanto por su reforma fiscal como por la soberbia en el trato; los grandes capitanes de la iniciativa privada siguen sin explicarse las razones de la visita de Trump, y el relanzamiento que Peña Nieto otorgó a su campaña: ellos, los empresarios, serían los más afectados por las medidas proteccionistas y la cancelación del TLC que el republicano ha prometido en caso de llegar a la Casa Blanca.

Tampoco están contentas las bases territoriales del propio PRI. Los gobernadores del partido oficial temen que los bajos niveles de aprobación de Peña Nieto terminen por arrastrarlos en su caída en los comicios de los próximos dos años. La reciente derrota en cuatro entidades que nunca había perdido el PRI (Veracruz, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas) arroja ominosas señales sobre la posibilidad de mantener el poder a lo largo de la geografía nacional, por no hablar de la muy alta probabilidad de entregar Los Pinos a la oposición en 2018. Recordemos que incluso en la debacle del 2000, cuando Vicente Fox les arrebató Palacio Nacional, el PRI mantuvo el control de la mayoría de las entidades federativas. En realidad nunca se fue del todo. Ahora podría ser diferente: el descrédito que provoca el gobierno actual amenaza con poner fin al control que en la práctica el PRI ha mantenido sobre plazas y presupuestos a lo largo del territorio, verdadera fuente de su supervivencia. Los gobernadores harán lo imposible para evitar que una derrota en la elección presidencial del 2018 se lleve entre las patas a las propias entidades. En los próximos meses seremos testigos de los esfuerzos que harán los cuadros regionales del partido para tomar distancia del presidente de cara a la opinión pública.

Y a propósito de la opinión pública, nacional e internacional, habría que decir que tras el escándalo provocado por la visita de Trump, más los reiterados incidentes de corrupción o negligencia ante la corrupción, han hecho de Enrique Peña Nieto un rehén de la crítica y la mofa en las redes sociales, en las charlas de sobremesa, en los actos públicos (salvo que sean “producidos” por la oficina presidencial con auditorios cautivos).

En suma, son tantos los grupos resentidos dentro y fuera del entramado institucional, que hoy por hoy el presidente se encuentra en los mínimos de capital político o margen de maniobra. No me parece que sea un antagonismo que alcance para forzar una renuncia antes de terminar su período; muchos de sus críticos consideran que tal renuncia provocaría una desestabilización política más dañina que la permanencia de Peña Nieto por dos años más.

Frente a tal panorama Los Pinos solo tiene de dos sopas: nadar de muertito sin hacer más olas, minimizar las pérdidas y tratar de encontrar una salida decorosa en caso de entregar el poder; o intentar golpes de timón y manotazos de liderazgo para intentar revertir su caída. Esta última es una estrategia de alto riesgo porque la experiencia reciente muestra que el descrédito y la falta de oficio es tal que cada intento ha provocado justo el efecto contrario. Allí están la reforma educativa, la apertura al matrimonio homosexual o la visita de Trump. ¿Qué sigue?

@jorgezepedap

Www.jorgezepeda.net

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/687900.y-ahora-tucop-todos-unidos-contra-pena.html

Denise Dresser: Dos (d)años

Denise Dresser

 

Dos (d)años

 

 D Os años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dos años de impunidad. Dos años sin saber dónde está la verdad. Una investigación que según la PGR sigue abierta, pero en la cual no se avanza en las líneas de investigación apropiadas y señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa. Un caso paradigmático que resume lo que está fundamentalmente podrido en el país. Las policías. El Ejército. La Procuraduría General de la República. Los peritos. Lo que le pasó a 43 normalistas podría pasarle a cualquier otro mexicano, cualquier día. Desaparecer sin rastro y que el Estado no sea capaz de proveer una explicación.

Porque hay demasiados intereses que proteger o incompetencia que ocultar. Ayotzinapa es un microcosmos de lo que sucede, día tras día, en un país de fosas, de desapariciones forzadas, de casi 28,000 mexicanos que nadie encuentra. Un patrón de reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, líneas rojas y fuerzas intocables, como describe el periodista Témoris Grecko en el libro Ayotzinapa. Mentira histórica. Estado de Impunidad, impunidad de estado. Una mezcla tóxica de maldad y descuido, torpezas y prevaricación.

Y habrá quienes ya estén cansados del tema; los que dicen “ya chole”, los que insisten en que los normalistas eran criminales y secuestradores, por lo que merecían morir. Pero más allá del cansancio de los cínicos o el reproche de los malinformados hay un tema central. Ayotzinapa merece ser desentrañado por lo que revela. Necesitamos entender el histórico y geográfico vital que explica cómo pudo ocurrir una atrocidad de este tamaño. Necesitamos comprender lo que significa el “Pentágono de la Amapola” y las complicidades que ha generado entre las “fuerzas del orden” en Iguala y más allá. Necesitamos evidenciar las complicidades criminales que han llevado a ocultar lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Todo lo que el Estado mexicano -con el grupo delincuencial que enquista- no quiere explicar sobre la actuación de la policía municipal, la policía estatal, la Policía Federal y el 27 Batallón del Ejército.

Y por ello la persistencia de preguntas apremiantes para las cuales no ha habido respuesta aún: ¿las fuerzas del orden en Iguala no sabían quiénes eran los normalistas y qué hacían? ¿Por qué fuerzas policiales los atacaron a balazos en la ciudad en vez de aprehenderlos? ¿Por qué las fuerzas federales y el Ejército -enterados por las comunicaciones del C4- no actuaron en defensa de ciudadanos indefensos? ¿De dónde sacaron el hueso de Alexander Mora Venancio que Tomás Zerón “halló” en el río San Juan? ¿Por qué desaparecieron los videos en el Palacio de Justicia de Iguala? ¿Por qué evadió la PGR seguir la línea de investigación que involucraba a la policía de Huitzuco? ¿Por qué la PGR insiste en que llevaron a los 43 al basurero de Cocula si evidencias y testimonios muestran una dispersión, y la evidencia científica comprueba que no fueron quemados allí?

En lugar de respuestas, la PGR ha ofrecido engaños, mentiras históricas, obstaculización, y el traslado de Tomás Zerón -acusado de sembrar evidencia- a otra dependencia gubernamental. Ha negado que el caso de los 43 se trata de desapariciones forzadas. Ha extraído confesiones bajo tortura, perdido evidencia, fabricado culpables, solapado peritajes de baja calidad, fragmentado la investigación, y reiterado que la “verdad” se encuentra en el basurero de Cocula para así responsabilizar al crimen organizado y no a miembros del Estado. Ha ignorado las hipótesis sobre el quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región. Ha intentado desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa vía plumas pagadas, televisoras cómplices y activistas manipulados. Y finalmente ha colocado una línea roja alrededor del Ejército, involucrado en Ayotzinapa por lo que hizo o lo que dejó de hacer.

Porque hay un tema que nadie quiere tocar, a dos años de distancia. El que le da contexto y sustancia a lo ocurrido esa noche, la más triste. El negocio de la droga que no aparece ni por asomo en los expedientes de la PGR, ni en la prensa, ni en las presentaciones de Arely Gómez, ni en los discursos de los generales, ni en las palabras de Peña Nieto. Dos años después, una explicación coherente y creíble sigue tan ausente como los 43.

 http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/688035.dos-danos.html

 

#NoalDobleRemolque

Traileros criminales

 

Cada mañana, sin exagerar, amanezco con la noticia de un nuevo accidente vial en el que está involucrado algún tráiler. Obviamente, mis posibilidades informativas de esas horas matinales se limitan a las carreteras que conducen a la capital y la zona suburbana de la misma. Todos los días hay cuando menos una volcadura, un choque, una llanta desprendida que mata transeúntes o vecinos. Frecuentemente ocurre inclusive en vías rápidas de la propia capital e incluso en sus calles interiores. Usted lo habrá constatado a través de los noticieros de radio y televisión. En todo el país ocurre lo mismo. Miles de muertos cada año. Debiera ser un escándalo.

Les confieso que a medida que me entero de más y más casos aumenta la angustia que siento en la carretera al manejar mi auto a un lado o detrás de alguno de esos monstruos. Basta un coletazo del remolque para sacarnos del camino… y de la vida. En cualquier curva o vado el peso de la carga puede vencer la precaria estabilidad del tráiler y provocar la volcadura que significa aplastarnos como sapos. Y hay que tener en cuenta que cada día circulan por las carreteras de toda la República casi medio millón de ellos.

No dramatizo. Las estadísticas del INEGI indican que más de cinco mil personas mueren cada año por accidentes viales. En más de mil de esos descensos se ve involucrado algún tráiler, especialmente de doble remolque. A su vez, el Instituto Mexicano del Transporte reporta que de 30 mil accidentes anuales, el tractocamión doblemente articulado participa en tres por ciento de los casos, genera 2.2 por ciento de fatalidades y 1.6 por ciento del total de lesionados. Es decir, ese tipo de vehículos provoca cada año la muerte de no menos de seis mil 600 mexicanos y deja lesiones a otros cuatro mil 800. Muchos de ellos quedan incapacitados de por vida.

Culpar de estos asesinatos a los choferes puede no ser estrictamente justo. Los registros indican en efecto que la mayoría de esos percances, el 90 por ciento, son debidos a fallas de los conductores. Impericia, exceso de velocidad, sueño. La verdad no obstante es que los verdaderos responsables son los propietarios de esos vehículos, integrantes por cierto de una mafia intocable. A ellos me refiero cuando digo traileros criminales. Las condiciones mecánicas deplorables por falta de mantenimiento, la antigüedad de los vehículos, la sobrecarga ilegal y la explotación infame de los choferes, a quienes se obliga a jornadas extenuantes, sin descanso, para ganar pagos extras, son factores determinantes.

Sin embargo, hay otros culpables. Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezados por el secretario Gerardo Ruiz Esparza, son a menudo responsables por sus omisiones en la aplicación de leyes y reglamentos, de sanciones para los infractores. Cómplices también son los elementos de la policía Federal de caminos y las policías estatales que a cambio de extorsiones solapan las irregularidades en que incurren conductores y dueños de estos enormes camiones. En un sector donde existen grandes intereses económicos –y hablamos de miles de millones de pesos– el tema está marcado por la corrupción. No hay de otra.

La Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal establece en su artículo 50 una carga máxima de 80 toneladas para un tractocamión, lo cual es en sí mismo una aberración. En muchos países del mundo el tope es mucho menor. Mientras en Estados Unidos se tiene autorizada la circulación de vehículos con un máximo de 25 metros de largo y 39 toneladas de peso en total, en nuestro país la norma 012 de la SCT permite unidades de 31 metros de largo con hasta 80 toneladas de peso, convirtiéndola en la única nación que excede los estándares internacionales. Criminal. Lo peor es que ese límite tampoco se cumple y que es común que uno de esos vehículos transporte impunemente hasta ¡110 toneladas de carga!

El problema mayor, desde luego, es la circulación permitida en México de los tráilers de doble remolque, que por su peligrosidad están prohibidos en gran parte del mundo. La mayor infamia es la indiferencia o cerrazón del Congreso mexicano para modificar la legislación en el sentido de vetar definitivamente el tránsito de esas moles mortales. Las peticiones en ese sentido de diversos sectores productivos, incluidos los propios transportistas conscientes, que se han hecho desde hace años y sexenios, han sido literalmente ignoradas. Hoy hay una nueva iniciativa de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados que lo propone.

El Diputado federal panista Jorge López Martín, autor de la iniciativa, ha explicado que ésta se sustenta en la obligación del Estado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, y por lo tanto a traducir este mandato en la protección y prevención de percances causados por ese tipo de transporte. Tiene toda la razón. También cuando advierte que “resulta criminal dejar indefensos a los ciudadanos que transitan por las carreteras del país”.

La propuesta contiene referencias al panel de expertos a la Comisión de Transportes de la anterior legislatura (2012-2015) que pidió prohibir de inmediato la circulación de esas unidades de doble remolque, que en su mayoría transportan para colmo sustancias peligrosas altamente tóxicas y combustibles. Nadie les hizo caso. Sólo la colusión podrida entre traileros, legisladores y autoridades puede explicar tamaña irresponsabilidad, que cuesta vidas humanas todos los días. Todos los días. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Traileros criminales