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Archive for 3/03/17

El pueblo wirrárika nunca conquistado

Esteban Garaiz

Esta nota no pretende ser un estudio antropológico, ni siquiera somero, sobre el valor cosmogónico de la sociedad wirrárika. Quiere ser más bien una consideración social sobre un grupo de jaliscienses, de mexicanos, de seres humanos, con derechos: frente a los que están las obligaciones indeclinables del Estado.

Será inocultable también una reflexión política, si bien no es muy grande su ponderación numérica, que no pasa de ser la décima parte de los nuevos habitantes, digamos, de Tlajomulco.

La consideración surge a raíz de un recorrido de varios días  por la Zona Norte de Jalisco, de largas distancias y escasas poblaciones; que supone el cruce repetido por varias entidades federativas: incluso un rincón del estado de Durango y otro de Nayarit para llegar a San Andrés Cohamiata.

Hay claramente una relación dialéctica, de mutua causa-efecto, entre el aislamiento y  dispersión en esta abrupta geografía y la preservación preciosa de su identidad como pueblo con fuerte personalidad propia.

A la codicia de los conquistadores poco interés les provocaban estos territorios tan poco apropiados para las actividades agrícolas. Si no fuera por la localización de yacimientos minerales, como es el caso de la profunda cañada de Bolaños, hoy pueblo mágico, que llegó a tener Casa de Moneda propia (y en cuyas cercanías se está reiniciando la explotación minera, sin la debida atención de las autoridades competentes: ni laboral, ni ecológica, y es de temerse que ni fiscal).

Durante el proceso de ocupación colonial, muchos pueblos indios, y también individuos en lo personal, optaron por orillarse a terrenos abruptos, desérticos o pantanosos, huyendo de los maltratos, avasallamiento, tributos y vejaciones de los conquistadores y con el propósito de mantenerse alejados con su cultura y modo de vida propios.

Esto es especialmente válido para quienes tenían ese modo de vida no plenamente sedentario y, en consecuencia, menos propicio al sometimiento y “reducción”.

Un ejemplo: en 1618 el alcalde de Jalostotitlán, Francisco Angel y siete regidores, todos indígenas, envían (en náhuatl) a la autoridad de Guadalajara un amargo escrito de queja. “Hacemos una acusación en relación a nuestro vicario Francisco Muñoz. Ya no aguantamos trabajar con él porque nos maltrata muchísimo… Y siempre me golpea azota a mí, el alcalde Francisco Angel…”

Llegan finalmente al punto: “se han enfadado muchos naturales y han huido. Y si no nos ayuda expulsando al sacerdote, todos vamos a huir. Sin más, vamos a abandonar nuestras casas y nuestro pueblo. Y se va a perder el tributo de nuestro señor, el Rey… Ya no podemos más… Aquí hemos firmado nosotros, el alcalde y los regidores en nuestro pueblo de Xalostoctitlan”.

Quedará claro por qué resultó necesario repoblar los Altos con labriegos sin tierra llegados de la Península. En todo caso, el régimen colonial optó sabiamente otorgar títulos reales a muchas comunidades indígenas de las márgenes donde no estaban establecidas las grandes haciendas, trabajadas por peones  que antes fueron sus dueños.

Al parecer, no está documentado que los huicholes o wirrárikas hayan participado en la rebelión y Guerra de Mixtón, con Francisco Tenamaxtle a la cabeza. Tampoco derrotados y sometidos por las armas y la religión de los conquistadores.

Simplemente, permanecieron al margen de la ocupación colonial; y más tarde, también de la República. Para muchos efectos la República ha sido más bien heredera del régimen colonial que de los conquistados.

Los wirrárikas han permanecido, como pueblo, conservando su propia cosmogonía y concepción religiosa ancestrales, derivadas de su consciente incorporación al mundo natural. Esa visión propia, plenamente aceptable en nuestra convivencia republicana, no los hace ni menos mexicanos, ni menos ciudadanos, ni, por supuesto, menos acreedores a todos los derechos humanos para todos.

Son jaliscienses de pleno derecho,; y así lo quieren. Pertenencia no significa asimilación forzada. Sus derechos, claro está, incluyen: la atención a la salud y a la nutrición materno-infantil, la escolaridad, primaria en su idioma materno (como todos los niños de México); las comunicaciones terrestres apropiadas y aceptadas, sin afectar espacios sagrados ni ocasionar daños a la Madre Tierra.

Indudablemente: escuelas dignas, como para todas las niñas y niños de México; y con los servicios sanitarios que preserven su dignidad de personas. No es reclamo sobrado: el índice de mortalidad infantil en Mezquitic y Bolaños es un crimen por omisión homicida del Estado mexicano.

P.D. Más de 200 mil personas han visitado la exposición Universos Huicholes en el Museo Nacional de Antropología, desde diciembre 2016.

Esteban Garaiz

egaraiz@gmail.com

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Las tribulaciones de Emilio

Álvarez Icaza sabe que no ganará, pero cree importante impulsar la agenda democrática

 

 

Emilio Álvarez Icaza no cree en la astrología o al menos le tiene sin cuidado. Aquello de que todos los astros están alineados para que Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, gane la presidencia de México el año próximo no ha sido obstáculo para que el activista lance su propia candidatura.

Álvarez Icaza se propone reunir las 80.000 adhesiones que exige la ley para convertirse en el primer candidato ciudadano que aspira a llegar a Los Pinos sin partido político de por medio en la era moderna. Lo apoyan académicos e intelectuales prestigiados, instituciones ciudadanas y ONG de distinta índole, bajo la bandera del movimiento Ahora. Él mismo es una figura reconocida y respetada en amplios círculos relacionados con los derechos humanos y la lucha por la democracia. Ha sido consejero electoral en el Distrito Federal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esencialmente, Emilio Álvarez Icaza es un buen tipo. Pero un buen tipo en proceso de convertirse en pluma de vomitar de buena parte de la izquierda mexicana. En opinión de los seguidores de López Obrador, el activista se presta al juego que sigue el PRI para mantenerse en el poder: fragmentar el voto de oposición.

El argumento de los militantes de Morena no es menor. Los sondeos de intención de voto y los enormes índices de reprobación del Gobierno de Enrique Peña Nieto dejan claro que, hoy por hoy, el PRI perdería las elecciones a manos de López Obrador. Salvo, claro, que el Gobierno logre pulverizar esa reprobación en una miríada de candidatos.

Se afirma que el voto duro del PRI fluctúa entre el 25% y 27% del padrón electoral efectivo, gracias a sus estructuras regionales y al corporativismo clientelar. Una proporción suficiente para derrotar a sus rivales si consigue que estos, los rivales, sean muchos y razonablemente atractivos. Tal abanico de opciones y una poderosa campaña para hacer de López Obrador “un peligro para México” pretenderían que el voto de oposición no se concentre en el tabasqueño y, por ende, este no supere un 25%.

No es eso lo que se propone Emilio, desde luego. A su juicio, y al de muchos otros, las agendas democráticas de López Obrador, el llamado candidato de los pobres, dejan mucho que desear. Desconfían de sus prácticas populistas, de su liderazgo vertical y su discurso mesiánico. Reprueban, en particular, las componendas que el tabasqueño suele hacer con exmiembros del PRI, algunos de pésima reputación, para terminar encumbrándolos en posiciones clave. Y, más importante, cuestionan el desinterés tradicional que Andrés Manuel ha tenido por las nuevas agendas de la izquierda democrática: ecología, derechos reproductivos, temas de género, construcción de la democracia y derechos humanos en general.

Justamente esos desencuentros provocaron que en 2006 Patricia Mercado y su Partido Socialdemócrata se presentaran a las urnas, tras no llegar a un acuerdo con López Obrador. El tabasqueño perdió por una pestaña, al obtener 0,57% menos que Felipe Calderón. El PSD obtuvo 2,7% de los votos, casi cinco veces lo que habría necesitado Andrés Manuel para llegar a Los Pinos, a pesar, incluso, de las irregularidades de las que fue víctima.

Emilio sabe que no va a ganar las elecciones, pero considera importante impulsar la agenda democrática. El problema es que los comicios son un juego de suma cero. Lo que él gane se lo quita a otro; en este caso, muy probablemente a López Obrador, quien sí puede derrotar al PRI y al PAN, e intentar un gobierno de cambio.

En cierta forma, se trataría de un debate entre el cambio deseable y el cambio factible. En su mejor escenario este dilema podría zanjarse con una fusión de ambas plataformas. López Obrador ha intentado mostrarse como un candidato conciliador e incluyente, lejos del político belicoso de aquel 2006. Incorporar las agendas modernas de la izquierda democrática podría convertirlo en un mejor candidato y, eventualmente, en un mejor presidente.

Pero también podría darse el escenario opuesto: que el PRD (el partido del que salió López Obrador, cada vez más cercano a Peña Nieto) y el movimiento Ahora obtengan los suficientes votos para contribuir a un triunfo del PRI. Y por más buenos deseos que tengan Álvarez Icaza y su grupo, es una posibilidad vigente y de enormes consecuencias para millones de mexicanos.

@jorgezepedap

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Carmen Aristegui

 

Las fosas de Tetelcingo

El colega Héctor Raúl González, periodista que desarrolla un espléndido trabajo en el estado de Morelos, presentó esta semana los testimonios de dos mujeres a quienes hace algunos años se les negó la posibilidad de recoger los cadáveres de sus respectivos familiares en la Fiscalía del Estado de Morelos. En un caso, se le dijo que no se le podía permitir ver cadáveres para buscar a la persona perdida porque eso, simplemente, “no se hacía…”, y en el otro –en el que sí pudo identificar el cuerpo– no se le permitió llevarse el cadáver porque “no tenía papeles”. Uno de ellos había muerto atropellado y el otro ejecutado en 2011. Ambos, ahora se sabe, estaban plenamente identificados pero, aun así, no fueron entregados a la familia. Fueron enviados a las fosas de Tetelcingo.

El caso de esas fosas detonó con la historia de Oliver Wenceslao Navarrete, un comerciante de Cuautla que fue secuestrado por siete hombres armados en 2013 y cuyo cadáver fue encontrado en una barranca de la zona. Una vez sacado el cuerpo de ahí fue llevado al Servicio Médico Forense. La madre lo reconoció, ahí, de inmediato.

El cuerpo fue reclamado pero, con el mismo patrón que en los otros casos, las autoridades decidieron no entregar el cadáver. Igualmente fue enviado a una de esas fosas. La familia insistió, pero la respuesta fue: que ya estaba ahí y que lo dejaran “descansar en paz”.

La aberrante situación llevó a la familia de Oliver a dar una notable batalla ante la justicia de la que salieron victoriosos. Obligaron a que las fosas se abrieran y se recuperara el cadáver. El cuerpo de Oliver estaba hasta el fondo de una de ellas. Encima de él, decenas de cuerpos tuvieron que ser retirados. El horror se instaló entre quienes seguían la historia. Agravio sobre agravio, las autoridades no fueron capaces de coincidir ni siquiera en las cifras de los cuerpos que sacaban. El fiscal hablaba de 116; el jefe de la policía de 150.

Recuperados los restos de Oliver, la familia pudo procesar el duelo de mejor forma y dejar que sus restos reposaran en condiciones dignas. Lo que lograron abrió la puerta para que otras personas puedan encontrar a personas desaparecidas y asesinadas.

Gracias a los familiares de Oliver, que continúan con una batalla por la justicia después de haber logrado el objetivo inicial de recuperar el cuerpo, al poeta Javier Sicilia y a muchos otros que se han empeñado en que se desarrolle un trabajo de identificación de más de 100 personas y de recomponer, en la medida de lo posible, lo que quedó evidenciado como un vil amontonamiento de cuerpos es que ha sido posible conocer testimonios como los de esta semana. Estamos ante una altamente probable colusión de autoridades con el crimen organizado o bien ante una descomunal ineficiencia de quienes manejan asuntos tan delicados. Cuando fue recuperado el cadáver de Oliver Wenceslao el fiscal declaró: “Los demás cuerpos que se encuentran en la fosa son personas que estaban en el Servicio Médico Forense, en el 2010, 2011 y 2012, que por cuestiones de salud y que no los reclamaron sus familiares fueron depositados en la fosa”. Por lo menos en los dos casos conocidos esta semana queda claro que no es la explicación correcta.

¿Qué explica que las autoridades responsables de Morelos no hayan procedido de forma apropiada para que los deudos pudieran recuperar, por lo menos, a sus muertos? ¿Para no estar obligados, después, a investigar? ¿Para no abrir la puerta que descubra la colusión de autoridades con el crimen organizado? ¿O solo para tapar la grave ineficiencia cuando de esclarecer crímenes y homicidios se trata?

En octubre del año pasado la CNDH –a través de 6 recomendaciones– pidió que se investigara a 42 funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por las irregularidades en las fosas de Tetelcingo. No parece haber muchas noticias al respecto. Los testimonios de esta semana no solo estremecen, sino que nos muestran cuán lejos estamos de una elemental justicia en estos y en otros miles de casos.

No hay futuro que valga si no ponemos como asunto central los grados de impunidad y corrupción que agobian a México. Tetelcingo es uno de los casos emblema

http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/las-fosas-de-tetelcingo

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