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Archive for 24/03/17

Veracruz no es Miami

Veracruz no es Miami

¿Cuál es la distancia que separa en México a los políticos de sus gobernados? ¿Cuál es el cúmulo de experiencias vitales que les coloca en universos paralelos, como personas que viven no solo en distintos países, sino en distintos siglos?

Tomo prestado para esta columna el título del libro de crónicas Aquí no es Miami, de la escritora veracruzana Fernanda Melchor, una de las más avezadas plumas mexicanas de nuestro tiempo. El préstamo no es gratuito: el libro es un conjunto de crudas y desgarradoras crónicas sobre el Veracruz de Los Zetas, ese que durante años estuvo allí, y sigue estando aún con un nuevo gobierno, pero contarlo significa una razón de vida o muerte.

En el México que andamos todos los días conviven noticias tan dispares como los detalles sobre el trabajo de un colectivo de madres que encuentran cráneos y más cráneos en una historia de muerte sin fin, en Veracruz, o los niños que reciclan plástico para Coca-Cola en las orillas de la Ciudad de México, con las historias cotidianas de políticos mexicanos que colocan sus fortunas fuera de México, en propiedades en Miami y Texas, sus destinos más frecuentes.

En este México, los discursos de “merezco abundancia” y “merezco encontrar los restos de mi hijo” conviven, con inusitada naturalidad, como las capas de una cebolla que va pudriéndose desde adentro, mientras la superficie se mantiene intacta.

En este país, los políticos juegan al golf, beben botellas de vino que significan el sueldo anual de una familia, vacacionan en Europa, entrenan en caballos pura sangre, mientras sus gobernados viajan dos horas cada día en transporte público, con el riesgo de morir en el camino en un asalto, o de ser secuestrada por cualquier a quien se le antojó, al borde de cualquier carretera en la que un grupo de jóvenes decidió que alguien podía morir, porque a ellos en ese momento se les antojó que así fuera.

Las iniciativas mexicanas para acortar esta radical diferencia de vida entre los políticos y la mayor parte de sus gobernados, tiene aún retos de fondo por delante. El más visible de ellos pasa por el periodismo, una profesión que cuenta en la realidad mexicana con variadas y gratas experiencias de profesionalismo y rigor, pero que en la cotidianidad aún pasa en muchos casos por la simulación, por la connivencia, por la superficialidad.

En un México en donde los políticos no saben cuánto cuestan las tortillas, cuánto cuesta el metro, pero tampoco cuánto cuesta la gasolina, en el México donde los senadores piden comida del Senado para que sus choferes lleven a sus empleadas domésticas, o no les parece raro pagar en unos meses lo que una familia no acumularía en 30 años para comprar una casa, no se trata de hacer mejores leyes, sino de tener mejores operadores para que esas leyes no sean letra muerta.

Es el mismo país donde una chica que denuncia un piropo como acoso no incentiva un debate, sino una lluvia de más acoso, agresiones y ofensas. Y también es el mismo país donde los políticos creen que pueden negar sus fortunas escondiéndolas detrás de prestanombres o de empresas fachada.

En unos meses entrará en vigor en este México de realidades paralelas el Sistema Nacional Anticorrupción. Sus operadores tienen por delante no solo la encomienda de resolver casos ejemplares, sino de posicionar esos ejemplos como una vara de actuación que mida a todos, desde los periodistas, hasta los activistas, los políticos, los empresarios y los ciudadanos de a pie.

Uno de los grandes retos para los operadores de este Sistema no será únicamente la forma en que resuelvan sus casos estelares, sino en la forma en que elegirán cuáles serán esos casos. La forma en que permitirán que la diferencia entre esos dos Méxicos paralelos no absorba la importancia de lo que debe ser urgente, y ponga por delante lo que tenga mayores titulares.

 

En un país donde el morbo muchas veces supera a la justicia, donde vale más cuántos muertos son que quienes son sus madres, un gran reto será que la elección no pase por la resolución únicamente de los grandes casos de morbo, que más atraen la atención de la prensa en la Ciudad de México, sino por tantos casos de fondo, cuyas raíces están en los hijos del colectivo Solecito, pero también en las víctimas de la delincuencia criminal contra las mujeres en Puebla, de las familias atrapadas en la guerra entre cárteles en Sinaloa, en los indígenas afectados por la simulación a sus programas de ayuda.

En este México de prioridades encontradas, un Sistema que realmente vigile y combata la corrupción debe comenzar por entender los intrincados matices de este país que muchos de sus gobernantes ven desde los embarcaderos de sol radiante y arenas blancas en Miami, pero que pasa por el sudor de las madres de Solecito, que cavan en Veracruz, al acecho de los zopilotes.

http://www.sinembargo.mx/22-03-2017/3178459

 

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Institución de (sin) instituciones

 

LORENZO MEYER Jueves 23 de mar 2017, 9:28am

Agenda ciudadana

“Calificar a las fuerzas armadas de ‘institución de instituciones’ viene a ser una admisión indirecta del fracaso de toda la red institucional civil del gobierno mexicano” — Lorenzo Meyer

A ojos del presidente Enrique Peña Nieto(EPN), las fuerzas armadas son la “institución de instituciones”. Para el general Guillermo Almazán, los militares “Somos el último recurso del poder político …” (La Jornada, 16 de marzo).

Hace medio siglo, quienes hacían el diagnóstico del sistema político mexicano, ya fuese desde dentro o desde el exterior -autores como Pablo González Casanova, Robert E. Scott o Vincent Padget- no ignoraban la importancia del ejército, pero ya no le veían como la “institución de instituciones”, ni subrayaban su carácter de “último recurso del poder político”.

González Casanova, en su clásico La democracia en México, (Era, 1965), al listar los “verdaderos factores de poder en México”, colocó primero a los caciques y caudillos regionales, luego al ejército, el clero y los empresarios, (pp. 45-71). Hoy, en cambio, ejército y armada están cotidianamente en las noticias porque, efectivamente, se han convertido en el último recurso del gobierno para evitar que el crimen organizado avasalle al gobierno y al resto de la sociedad.

Retorno al Origen. Al concluir la etapa más violenta de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza pretendió sacar al ejército del centro del poder, pero fue el ejército quien sacó a Carranza. Y en los años siguientes ese ejército, hechura de la Revolución, fue el principal apoyo institucional del nuevo régimen. El partido del Estado -PNR-PRM-PRI- se tomó su tiempo para formarse y ocupar un espacio que permitiera a la presidencia y a su burocracia civil instalarse, por fin, en el centro de la política.

A partir de la derrota política de los generales Juan Andrew Almazán (1940) y Miguel Henríquez Guzmán (1952), las fuerzas armadas mexicanas, sin enemigo externo verosímil -en el norte, por enfrentar a un vecino muy fuerte y en el sur muy débiles- sólo de tarde en tarde volvieron a recibir los reflectores políticos, cuando el control de una presidencia autoritaria -notablemente estable para la época- fallaba en sus mecanismos de cooptación, como en 1968, las “guerras sucias” o en el enfrentamiento con el neozapatismo. Hoy las cosas parecen haber vuelto a lo que eran hace noventa años, con el ejército siempre fuera de los cuarteles en su papel de sostén del poder político, o lo que queda de él.

Fue la combinación del auge del narcotráfico, el fin del presidencialismo sin contrapesos y el fracaso de la transición democrática, lo que volvió a poner a las fuerzas armadas en el papel no del “último recurso” sino del primero para mantener la gobernabilidad. Sin embargo, y como los mandos militares lo han manifestado, ese papel no lo han buscado ni les corresponde. La centralidad castrense es producto de un rotundo fracaso de las instituciones civiles, atribuible, en gran medida, a su corrupción.

En un gobierno y Estado bien llevados, la presidencia, el congreso y la Suprema Corte deberían ser las grandes instituciones. Sin embargo, aquí y ahora, únicamente el 12 % de la ciudadanía tiene confianza en esa presidencia, (Reforma, 18 de enero). Algunos gobiernos estatales son casos extremos de corrupción e irresponsabilidad, como fue el de Javier Duarte en Veracruz. El poder judicial se ha divorciado del sentido de lo justo, por ello apenas poco más del 20 % de los mexicanos confía en los jueces. El congreso y los partidos están tan alejados de sus supuestas bases sociales, que la ciudadanía los ha colocado hasta el fondo de su escala de confianza, (Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2014, p. 128). Las encuestas también nos dicen que los llamados “poderes fácticos”, básicamente las grandes concentraciones de poder económico, tampoco tienen gran credibilidad. El prestigio de los medios de difusión varía pero, en cualquier caso, la televisión ya perdió su poder de control sobre la opinión pública.

Las fuerzas armadas del Estado son el conjunto de las policías, por un lado, y el ejército y la armada por el otro. En México hay un golfo enorme entre ambos por lo que respecta a su eficacia y a prestigio. En ninguna época histórica, las policías gozaron de la confianza de sectores sociales importantes, pero el auge actual del crimen organizado erosionó la poca que hubieran podido acumular. Por eso ejército y armada desempeñan hoy el papel de la única y última fuerza para enfrentar a un crimen organizado que, con su impunidad, capacidad de corromper y de ejercer una violencia sin límites, hace cada vez más precaria la seguridad ciudadana.

Como sea, ejército y armada no pueden restaurar el orden perdido y la cifra de 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos durante los dos últimos gobiernos, lo prueban. La “institución de instituciones” está desgastada por una guerra sin fin pues, por ella misma, no puede acabar con las fuentes de financiamiento del crimen organizado: el narcotráfico, el lavado de dinero y la enorme red de corrupción que alimenta y que se alimenta del crimen organizado.

Para concluir, mal está un México cuyo régimen político depende de una “institución de instituciones” militar. Sin una red institucional civil efectiva, con legitimidad, ninguna estructura castrense, por más que lo intente, puede llenar el vacío dejado por el fracaso del sistema en su conjunto: “Las bayonetas sirven para mucho, menos para sentarse en ellas”, (Talleyrand-Perigord).

http://www.lorenzomeyer.com.mx

agenda_ciudadana@hotmail.com

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1324213.institucion-de-sin-instituciones.html

 

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Las casitas del barrio alto

Diputados con sueldos oficiales modestos han encontrado la forma de construirse mansiones

Se puede acusar a los políticos de muchas cosas, menos de no ser hogareños. Muchos de ellos han puesto en riesgo sus carreras con tal de hacerse de una casita para la familia. O bueno, de una casota y si pueden ser varias aún mejor. A la familia no se le escatima. La residencia en la Lomas para mostrar al mundo que ya no se es un pobre político (o un político pobre, que es igual según Hank González, uno de ellos); la casa de playa para evitar que esposa e hijos sufran penosas e indignas aglomeraciones en Semana Santa y navidades; la de montaña en pueblo mágico para la necesaria reflexión y recogimiento familiar. Y, desde luego, la de Miami o San Antonio, el plan B en caso del inevitable exilio que entraña la ingrata política.

Aunque a decir verdad, antes de tornarse ingrata, la política suele ser harto generosa con todos ellos. La abrumadora mayoría de los políticos mexicanos vive en las Lomas y en Polanco, “las casitas del barrio alto”, diría el chileno Víctor Jara, donde el metro cuadrado más austero vale alrededor de 3.000 dólares.

Para ponerlo en perspectiva, con esos precios el presidente del país, que por ley es el funcionario con el mayor sueldo nominal, podría adquirir un cuarto de 24 metros cuadrados cada año. Esto es, si dedicara absolutamente todos sus ingresos a la encomiable tarea de dotar de casa a los suyos.

Resulta verdaderamente notable que diputados que ganan menos de la mitad del sueldo presidencial hayan encontrado la forma de construirse mansiones y penthouses que valen el equivalente a sus ingresos a lo largo de varias vidas. Desde luego hay algo casi religioso en el oficio político, que permite la multiplicación de los panes en tales proporciones.

Muchos de ellos han pagado un alto precio por estas muestras de amor doméstico. Alejandra Barrales, la actual presidente del PRD, el otrora partido de izquierda, es la última de una interminable fila de políticos a los que se les han encontrado inmuebles de valor aparentemente inexplicable: en su caso un apartamento en Miami valuado en un millón de dólares. Tengo que pensar en el futuro de mi hija, aseguró cuando Univision divulgó el hallazgo; es fruto de muchos años de trabajo, agregó la exlíder sindical de las azafatas.

En descargo de la dirigente del PRD habría que decir que sus equivalentes en otros partidos no salen mejor librados. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, se ha vacunado contra cualquier revelación periodística afirmando que su fortuna procede de una flotilla de taxis. Por su parte, Ricardo Anaya, el joven dirigente del PAN, cuestionado por la fortuna que supone instalar a su familia en Atlanta, ha dicho que sus ingresos proceden de la renta de unas bodegas. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos ha explicado cómo es que terminaron con bodegas y taxis convertidos en mina de oro. Como tampoco hay explicación de la forma en que buena parte de los gobernadores del país se han hecho acreedores a cuantiosas fincas en Estados Unidos. La lista divulgada en la prensa es interminable. Y sólo para abrir boca: Padrés de Sonora, Medina de Nuevo León, Yarrington de Tamaulipas, Duarte (ambos, Veracruz y Chihuahua), Murat de Oaxaca (ambos, padre e hijo), Borge de Quintana Roo y un largo etcétera. Y si incluimos los prestanombres a los que recurren otros, abarcaríamos la mayor parte del territorio nacional.

Sin olvidar, por supuesto, los casos convertidos en emblemáticos en el sexenio. La casa blanca, que involucró a la primera dama, Angélica Rivera, que fue el principio del fin de la popularidad de Enrique Peña Nieto, o la casa de Malinalco, de Luis Videgaray, que mató las aspiraciones presidenciales del hombre más poderoso del régimen.

En los años noventa, cuando los capos del cártel de Sinaloa tomaron residencia en Guadalajara aseguré que la policía sólo tenía que ir a las tiendas distribuidoras de jacuzzis para enterarse de dónde vivían: cada vez que se aprehendía a un narco importante, se le encontraba una bañera monumental en casa. Hoy en día a la fiscalía anticorrupción le bastaría con asomarse a los registros públicos de la propiedad en Florida, Texas y California. Allí encontrará las muestras del enorme amor de los políticos para con la familia.

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/23/mexico/1490223825_971806.html

 

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