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Juegos de poder

Leo Zuckermann

La compra del voto en México

24 de Mayo de 2017

 

La compra del voto es tan vieja como la democracia. Cicerón relata cómo los senadores romanos, en la época de la República, tenían clientelas que utilizaban para llegar y permanecer en el poder. No ha sido fácil desterrar esta práctica que pervierte a los regímenes democráticos. El riesgo es que acaben gobernando aquellos con más dinero para repartir a los electores. En México, cada vez hay más evidencia anecdótica de multimillonarios recursos circulando en los procesos electorales.

El asunto no es nuevo. Viene de las épocas del autoritarismo donde el PRI tenía una maquinaria de clientelas, organizadas corporativamente, que salían a votar cada vez que se lo requerían para legitimar al régimen. No obstante, el PRI, con todo y ese poder, perdió en 2000 porque una mayoría de electores, cansados del régimen, votó a favor de la oposición.

A pesar de la alternancia, la batalla cultural de la compra del voto la ha venido perdiendo la democracia. En lugar de haberse desterrado esta práctica, la oposición comenzó a imitarla. Hoy, al parecer, todos los partidos, unos más otros menos, tratan de comprar el voto con despensas, cemento, láminas, tinacos, tarjetas, dinero y todo tipo de goodies apetitosos para el electorado.

Los panistas de antes decían “toma lo que te dan y vota por el PAN”. Y es que, efectivamente, los votantes podían aceptar los regalos y luego votar como se les diera la gana. Pero hoy escucho que a los electores les piden prueba de su voto con una foto del celular o que les condicionan el regalo si el partido gana la casilla. Esto se lee en la prensa y se escucha en los corrillos. La realidad es que tenemos poca evidencia empírica de investigaciones donde las autoridades han encontrado y castigado por la compra de votos. Una de dos. O no es cierto que en México se compra el voto o las autoridades no están haciendo su chamba.

Me puse a investigar qué están haciendo las autoridades este año. Encontré un acuerdo aprobado en enero con un título que refleja la calidad del mamotreto legal: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó ejercer la facultad de atracción para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad, durante los procesos electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz”.

Se trata de un documento de casi diez mil palabras. Después de párrafos enteros de insufrible lenguaje jurídico, encontré, por fin, la acción principal del INE para evitar la compra del voto: “Se instruye reforzar la difusión de los siguientes enunciados a los partidos políticos nacionales y locales, a los respectivos organismos públicos locales y a los consejos locales y distritales del Instituto en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de las citadas entidades federativas, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto”.

Acto seguido se enumeran 17 enunciados. Número uno: “El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”. Ok. Dos: “Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto”. Nos saltamos al nueve: “Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o partido que no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es secreto. Las despensas, dinero, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra cosa que nos ofrezcan durante las campañas, periodo de reflexión y el día de la jornada electoral, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio de nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido político, coalición o candidatura determinada”. Y, por cierto, “la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto”.

Gastamos miles de millones de pesos en autoridades para que redacten pomposos acuerdos cuya acción principal es difundir esto. ¡Por Dios! ¿No deberían estar investigando y castigando a los que hoy están tratando de comprar el voto?

 

Twitter: @leozuckermann

 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2017/05/24/1165328#.WSVTsPKcXqM.twitter

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Carmen Aristegui

‘Fueron ellos’

La muerte de Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce, nos ha sacudido. Colega profesional, generoso y dispuesto a ayudar a otros en la tarea de informar y en tratar de entender al complejo mundo del narco y el crimen organizado. Ahí en la cuna del cártel más poderoso de México, el hoy multinacional cártel de Sinaloa.

La brutal muerte de Javier tocó fibras profundas y mostró cuán vulnerables pueden ser, en México, aquellos que dedican su vida al oficio de informar en zonas que parecen de guerra. Javier sorteó, con otros, la censura y fundó un medio para reportear las cruentas historias de un lugar como Sinaloa. Como ninguno, escribió libros sobre los “morros”, los huérfanos, las viudas y los jóvenes sicarios. Supo, y publicó, de capos, narcoperiodistas y autoridades. Puso acento a lo que creía más importante: las víctimas de un lado y otro de esas historias. Javier tenía una pluma muy poderosa. De trato y sonrisa fácil, no tenía piedad para retratar esa realidad “cabrona”, como le llamaba.

Los periodistas de Ríodoce han informado, por más de una década, sobre el “quién es quién” de la zona, los pormenores de cómo se mueve la mafia y sus cómplices y dado a conocer informaciones que sólo se pueden obtener coexistiendo con quienes son, o están relacionados directamente con, el crimen organizado. Con vecinos, con parientes, con quienes han vivido ahí toda la vida. El semanario, con sede en Culiacán, ha tenido acceso a informaciones y contactos a los que otros nunca hubieran soñado acceder.

A principios del año llegó a Ríodoce una solicitud difícil de rechazar, periodísticamente, pero que –de aceptarse, como se aceptó– los ponía en zona de riesgo. Ismael Bojórquez lo contó en su columna de Ríodoce esta semana: “…los hijos del ‘Chapo’ enviaron una carta a Ciro Gómez Leyva y por esos mismos días Dámaso López Núñez busca espacio en dos impresos de Sinaloa, Ríodoce y La Pared, a quienes concedió entrevista vía mensajes telefónicos, donde se deslinda del ataque que los ‘Chapitos’ le atribuyeron. La entrevista la hizo Javier, pues a él lo habían buscado… los hijos del Chapo se enteraron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier para que el trabajo no se publicara. Pero les negamos la petición. Luego le hablaron porque querían comprar toda la edición, pero tampoco se les concedió. Y entonces optaron por seguir –en Culiacán y Mazatlán– al personal que entrega los ejemplares en las tiendas y en cuanto los dejaban contra recibo, ellos los compraban. Eso fue el 19 de febrero. No usaron la violencia, pero sí la intimidación”.

Después de publicar la entrevista y con la amenaza encima, pensaron que Valdez Cárdenas tenía que irse de Culiacán. Javier habló con el Comité para la Protección de Periodistas, que dirige Carlos Lauría, en Nueva York, para explorar la posibilidad de salir de México. La Jornada luego del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua, también le propuso salir de Sinaloa. Ríodoce le propuso irse un tiempo de la ciudad pero “…la falta de recursos y la desidia nos ganaron”, dijo Bojórquez.

La detención de Dámaso López parecía tranquilizar el panorama. Así lo comentaron en la junta editorial del lunes 15, la última en la que participó Valdez antes de su muerte. “Pero estábamos equivocados”, escribe Bojórquez. “Cómo nos equivocamos también al entrevistar a Dámaso, porque de esa forma nos metimos a una guerra mediática que no era nuestra, provocando el disgusto –sin que fuera nuestra intención– de la otra parte. Por eso el decomiso de los ejemplares del domingo 19”.

El día que mataron a Javier, Ríodoce publicó un editorial en el que se lee: “No tenemos ninguna duda: el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden. Pero fueron ellos”.

Sólo queda preguntar, no sin amargura: ¿tiene el Estado mexicano la estatura, la decisión y los recursos para investigar, como se debe, e ir por los asesinos de Javier Valdez Cárdenas? ¿Tiene la sociedad mexicana la decisión y la fuerza para exigir que así sea?

 

 

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El desplome

PENSÁNDOLO BIEN…

El desplome

México no está aún en una situación de Estado fallido, por más que algunas regiones se aproximan a ello, pero en muchos sentidos hemos dejado de creer en el Estado

Logramos superar al presidencialismo, pero no sustituirlo por un orden democrático. Las cosas nunca han estado del todo pegadas en México, pero es evidente que algo importante se rompió en los últimos años y no parece tener compostura. El Estado ha sido desbordado una y otra vez desde adentro y desde afuera; igual por bandas que desafían abiertamente a la autoridad que por gobernadores que convierten el erario en botín personal, o que por un mandatario dispuesto a boicotear los comicios en el Estado de México con una violación masiva de las normas electorales, con tal de mantener el control en este que es su reducto.

No estamos aún en una situación de Estado fallido, por más que algunas regiones se aproximan a ello, pero en muchos sentidos hemos dejado de creer en el Estado. Obreros y trabajadoras domésticas dan por sentado que serán robados en el transporte público; los millonarios se atrincheran en cotos privados y se apertrechan detrás de su propia policía; la clase media deja de transitar los caminos, calles y antros tomados por el hampa y se encomienda a los dioses para no formar parte de las cifras rojas que crecen día a día.
La confianza en la autoridad, que nunca fue mucha, se ha esfumado casi por completo. Cada semana penetramos un poco más en la dimensión del horror con algún nuevo caso que antes habríamos considerado inaudito. La familia violada y el bebé acribillado en la autopista México-Puebla, una de las más concurridas en el país; el periodista que daba por sentado que sería asesinado porque se negaba a dejar de hacer su trabajo; el camión repleto de gendarmes asaltado por tres delincuentes. Por no hablar de fosas clandestinas y estudiantes desaparecidos.
Paradójicamente fueron los políticos los primeros que dejaron de creer en el Estado y comenzaron a verlo exclusivamente como un botín gremial. No es que antes no hubieran robado, siempre lo han hecho, pero existía la noción de que había algo por encima de ellos, de que ejercían un poder concedido desde arriba y formaban parte de una institución con densidad histórica, de una entidad que de alguna manera los trascendía. Llámese presidencialismo si se quiere, pero el hecho es que los funcionarios y políticos tenían un sentido de pertinencia vagamente vinculado con el Estado. Y con ello no invoco un regreso al pasado; logramos superar al presidencialismo pero no fuimos capaces de sustituirlo por un orden democrático; en consecuencia padecemos los excesos de la ley del más fuerte, trátese de un cartel o un político corrupto e impune.

Hoy parecería que la clase política, independientemente del partido del que se trate, no obedece a otra cosa que a sus propias prisas por aprovechar la oportunidad de enriquecerse y mantenerse en el poder a toda costa. La impunidad campea desde la punta hasta el último de los burócratas; las pequeñas purgas que el sistema ofrece (gobernadores detenidos, funcionarios inhabilitados) parecen obedecer más a cambios de fortuna política dentro del grupo que a una estrategia creíble de combate a la corrupción creciente.
El ejercicio del Gobierno afronta una especie de secularización política por parte de sus miembros. Ninguna idea de partido, de convicción, de perspectiva histórica o de plataforma ideológica. El aprovechamiento personal, puro y llano. No, el Estado no se ha desplomado, aún, pero hemos dejado de creer en él. Peor aún, han dejado de creer en él aquellos que lo controlan.
@jorgezepedap

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/25/mexico/1495663625_120507.html

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