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Archive for 31 julio 2017

Los bajos ingresos perpetúan la pobreza

El trabajo no debería ser fuente de pobreza. Quien trabaja no debe ser pobre. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede en el país.

Acción Ciudadana

México no es un país pobre y, sin embargo, más de la mitad de su población sobrevive día a día en el abismo de la pobreza.

Hoy, como hace 25 años, 53 % de las personas que viven en el país lo hacen en condiciones de pobreza. Con la diferencia de que hoy son 11 millones de personas más que hace 25 años. 64 millones de personas en total que carecen del ingreso suficiente para comprar al menos la canasta básica.

Sin embargo, cometeríamos un grave error si pensamos que la pobreza afecta únicamente a quienes viven en esa situación. El verdadero problema es que la pobreza:

  • Debilita nuestra democracia: al generar un terreno propicio para el clientelismo, la corrupción y la impunidad. Lo que sucedió recientemente en el Estado de México es un claro recordatorio del uso electoral que se hace de la pobreza.
  • Debilita nuestra economía: al condicionar el mercado interno.
  • Mina nuestra estabilidad y nuestra viabilidad como país: al excluir a millones de personas y regiones enteras del desarrollo.
  • Y por desgracia ha sido el caldo de cultivo propicio del crimen, la violencia y la violación sistemática de DDHH que flagelan al país.

Esta situación de pobreza y desigualdad refleja una realidad en donde la mayoría se encuentra en desventaja frente a una minoría privilegiada. Pero la pobreza no es sólo la falta de dinero, sino la incapacidad para desarrollar todo el potencial de las personas, con el alto costo que esto representa para el país.

El trabajo no debería ser fuente de pobreza. Quien trabaja no debe ser pobre. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede en el país. La pobreza en México tiene como factores centrales: la falta de trabajos dignos y los ingresos insuficientes para millones de personas.

En México el salario mínimo representa una contradicción flagrante a la Constitución y constituye una violación de los derechos humanos. El salario mínimo es inferior a la “línea de pobreza”, valor usado oficialmente por el gobierno para la medición de la pobreza. Su monto no alcanza para cubrir ni siquiera lo más indispensable para la supervivencia de una persona, mucho menos para una familia, como lo establece la Constitución.

El salario mínimo en México se establece como un mandato de la Constitución. El artículo 123 establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de un trabajador y de su familia. Sin embargo, el salario mínimo en México ha perdido 75% de su valor entre 1976 y 1996, y de 1997 a la fecha ha sido ajustado sólo en la misma proporción que la inflación, por lo que ha mantenido su bajo valor, arrastrando a la baja el resto de los salarios de la economía.

Es decir, quien gana el salario mínimo en México está condenado a vivir en pobreza.

México ha quedado rezagado no sólo en el monto del salario mínimo, sino también en el debate internacional. El salario mínimo en México es el más bajo entre los países de la OCDE y uno de los más bajos de toda América Latina, incluso inferior al de economías centroamericanas como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por otro lado, el debate internacional ha demostrado, ya con evidencia científica, que el incremento al salario mínimo no genera efectos negativos, por el contrario, tiene el potencial de fortalecer el mercado interno y reducir la pobreza.

En diciembre de 2016 se aprobó un primer ajuste al salario mínimo que representó una ruptura con una inercia de más de 40 años de una política laboral definida desde el gobierno federal basada en el empobrecimiento de los trabajadores en México.

Aquel primer incremento al valor real del salario mínimo no ha tenido efectos económicos negativos como algunas voces lo advertían. Por el contrario, los datos disponibles señalan que:

  • No hay aumento de desempleo, ni incremento de informalidad o afectación a empresas y empleadores.
  • Tampoco hay efecto en la inflación. Los reportes mensuales del Banco de México ubican que el incremento reciente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tiene como causas las variaciones del tipo de cambio respecto al dólar y el ajuste de precios en los combustibles y la energía. El incremento al salario mínimo no ha representado ningún factor en esta variación.
  • Tampoco hubo “efecto faro”. Las negociaciones contractuales del resto de los salarios tomaron como base el porcentaje de 3.9 %. El aumento nominal de $ 4 pesos, se aplicó únicamente a los salarios mínimos.

A pesar de todo esto hay voces que persisten en su oposición a la recuperación del salario mínimo. Esta posición no se basa en argumentos, sino en prejuicios, falacias y mitos, que no por reiterados y frecuentes dejan de serlo. Y la evidencia disponible ha sido ignorado inexplicablemente por los tomadores de decisiones.

Afortunadamente, cada vez somos más las voces que coincidimos en que mientras no se reduzca la pobreza, atacando sus causas estructurales, será más difícil resolver el resto de los problemas del país.

El trabajo bien remunerado es la piedra angular de una política de crecimiento económico incluyente y de cualquier estrategia seria frente a la pobreza. Por ello, el aumento al salario mínimo es una necesidad impostergable. El aumento al salario mínimo es más que un asunto de pesos y centavos, es una cuestión de derechos, de justicia y de dignidad.

Para que el futuro sea distinto, será crucial no reproducir los errores del pasado. La recuperación gradual del salario mínimo en México tiene que empezar ya. Es una decisión viable, necesaria y urgente.

Hoy le faltan 14 pesos al salario mínimo para superar la línea de pobreza definida por CONEVAL.

Lograr que el monto del salario mínimo alcance el costo de la canasta básica es apenas el primer paso. Por eso, más que un momento de cierre, representa un nuevo punto de partida. Para todos los mexicanos que tenemos el afán de ver un país distinto, este debería ser uno de los temas que más nos agobien, que más nos agravien y sobre el cual trabajemos para construir un mejor país.

Sin embargo, no hay atajos para lograrlo. Es una ruta que implica voluntad, trabajo duro y compromiso permanente.

Es momento de pensar, no en una sociedad de influyentes y una economía excluyente, sino en una economía cuya prioridad sean las personas.

Salario Suficiente

#SíQueremos

@FrenteaPobreza

 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-frente-a-la-pobreza/2017/07/27/los-bajos-ingresos-perpetuan-la-pobreza/

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Jesús Silva-Herzog Márquez

La política de la humillación

Donald Trump tuvo la primera reunión con su gabinete completo a principios de junio. Las ratificaciones del Senado habían retrasado la integración de su equipo. Fue una reunión breve que atestiguó íntegra, la prensa. El espectáculo que se escenificó en esa sesión fue grotesco. El punto de partida fue, por supuesto, la mentira. El presidente de los Estados Unidos habló de sus extraordinarios logros y su gran productividad legislativa. Nadie ha logrado tanto como yo, dijo quien infrecuentemente se tropieza con la verdad. Solo Roosevelt logró mayores reformas legislativas- pero eso fue porque estaba encarando la Gran Depresión, aclaró. Ni una sola reforma legislativa, vale recordar, ha logrado el señor Trump. Después invitó a sus colaboradores a hablar. Uno por uno, habrían de presentarse ante el gabinete. Lo que aconteció en los minutos siguientes fue un circo de adulación. Comenzando por el vicepresidente Pence, todos los colaboradores se desvivieron en elogios al Gran Líder que estaba logrando el milagro de recuperar la grandeza de la patria. Una ceremonia de adulación. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición gracias por su liderazgo, gracias por su visión, gracias por su valentía y su patriotismo… El jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus le dijo: “en nombre de todos los que lo rodeamos, le agradecemos por la oportunidad y la bendición que nos ha dado para servir a su proyecto y al pueblo americano.”

La prensa resaltó de inmediato lo grotesco que era el ritual. No hubo ninguna discusión sobre los proyectos del gobierno, sobre las prioridades de la agenda política. Solo una competencia de piropos. Se trataba de una demostración de lealtad. Es claro que, para el presidente Trump, el compromiso público solo puede ser un acto de lealtad al presidente Trump. Habrá que decir que esas muestras de adulación, típicas en las dictaduras militares y en los regímenes autocráticos, no son frecuentes en la política norteamericana. El atrevimiento significaba uno de los cambios más significativos de la disruptiva presidencia: un bautismo de indecencia.

Para colaborar con Trump hay que estar dispuesto a defender lo indefendible y recibir la vejación como un servicio a la patria. Gracias, presidente: que sus magníficos insultos lleguen hasta la pequeñez de mi existencia ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida. El magnate neoyorquino ha inaugurado la ceremonia de humillación cívica. La ha puesto en práctica desde los tiempos en que era candidato. Trump entiende la franqueza como el permiso para el desprecio. Sus adversarios no eran simplemente rivales con ideas o trayectorias cuestionables: eran personajes ridículos de los que había que burlarse públicamente. La adulación es el primer paso de la indecencia. Quien está dispuesto a besarle los pies al poderoso se prepara a recibir su pisotón.

Donald Trump ha celebrado los primeros seis meses de su presidencia con una semana de caos. Su política de humillación se corona con fracasos. El congreso rechaza su iniciativa emblemática, su popularidad sigue en caída libre, su equipo se desintegra. La crisis de su equipo es, por supuesto, de su propia invención. No puede haber coordinación en un equipo si la cabeza carece de la disciplina elemental. No se puede ensamblar coherencia si la cabeza se guía por impulsos. En seis meses, ha tenido ya dos directores de comunicación, dos asesores de seguridad nacional y dos jefes de gabinete. No sería sorprendente si los cambios se multiplican en los próximos meses. Tiene un pleito público con su Fiscal General y ha invitado a un frenético para coordinar su estrategia de comunicación. Se ha inaugurado en el cargo con el intercambio más desquiciado que pudiera imaginarse. Con el lenguaje más procaz, distribuyó insultos a miembros del equipo presidencial y amenazas (incluso de muerte) a sus enemigos. Eso sí, el nuevo vocero dice y reitera mil veces que ama al presidente Trump.

Rodeado de parientes, generales e imitadores, Trump hace visible su idea caligulesca de la política. El poder no es, para él, un instrumento para transformar al mundo. No es tampoco una treta para el enriquecimiento personal. Si sirve es para humillar.

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/779059.la-politica-de-la-humillacion.html

 

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Diablo guardián

Denise Dresser

 

Espiar. Robar. Ocultar. Tres actividades que el gobierno mexicano lleva a cabo todos los días. Tres comportamientos que Enrique Peña Nieto y su equipo han hecho suyos. El Estado de la vigilancia fuera de control, fuera de proporción, fuera de justificación. El Estado actuando con un alto poder invasivo que busca controlar o extorsionar o silenciar a las personas vigiladas. Ya sea Carmen Aristegui o su hijo adolescente o Juan Pardinas o los miembros del GIEI-Ayotzinapa o tantos otros activistas y periodistas y defensores de derechos humanos. Big Brother en Los Pinos y en la PGR. Recolectando datos, almacenando información, grabando conversaciones, violando la ley. Violando la Constitución.

Porque el artículo 16 estipula que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial previa. Se prohíbe la localización geográfica en tiempo real, utilizable sólo “cuando se presume que existe un peligro para la vida o integridad de una persona”. Y sin embargo la PGR y el CISEN y la Sedena hacen lo que quieren, cuando quieren, sin supervisión, sin transparencia. Para saber lo que Carmen Aristegui conocía sobre la Casa Blanca o lo que Juan Pardinas redactaba sobre la Ley 3de3 o lo que el Centro Tlachinollan indagaba sobre los 43. Para espiar a sus presuntos enemigos y de ser necesario, coaccionarlos. Para supervisar a sus presuntos adversarios y de ser imperativo, amedrentarlos. Vía el malware Pegasus o Hacking Team o la obtención de metadatos que las compañías de telecomunicaciones entregan rutinariamente a autoridades sin la facultad legal de solicitarlas. Así actúa el Estado espía, el Estado extra-legal, el Estado adversarial.

Que no sólo espía, desvía fondos e inventa empresas para hacerlo. En la última revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe cómo el dueño legal del Grupo Tech Bull –la empresa intermediaria que vendió el malware Pegasus- vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Otra historia de empresas fantasma y de corrupción escondida. Otro tache para Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien autorizó y supervisó la adquisición. La PGR canalizó millones de dólares a una empresa constituida con 50 mil pesos, por dos jóvenes desconocidos que hoy niegan conocimiento de la transacción. La PGR “compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes de ese contrato por 32 millones de dólares no tuvo otras ventas”. Y más. Un apoderado fantasma; una oficina virtual ubicada en el edificio donde también estaban inscritas empresas fantasma de Veracruz, ligadas a la red de Javier Duarte; vínculos con Balam Seguridad Privada armada por amigos de Peña Nieto que le vende equipos de seguridad a procuradurías estatales. La corrupta cuatitud evidenciada no sólo en carreteras y contratos; también en espionaje y vigilancia.

Pero esto no es corrupción, según Arely Gómez de la Función Pública, y Javier Acuña del INAI, y los otros miembros gubernamentales del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no merece una investigación, según los protectores políticos de Tomás Zerón. Esto no debe ser sometido a control judicial, dicen los que atacan al nuevo sistema de justicia penal cuando ignoran sus exigencias. Demasiados cerrando los ojos y la boca ante la investigación hecha por la Red de Defensa de los Derechos Digitales que expone la relación comercial –ilegal- de 12 gobiernos estatales y múltiples dependencias gubernamentales con

Hacking Team, proveedor de equipo capaz de infectar computadoras y teléfonos móviles. En otros países se utiliza para perseguir a criminales; en México se compra para espiar a ciudadanos.

Todos vulnerables. Usted, yo. Víctimas de un gobierno con acceso a archivos, datos del calendario, listas de contactos, contraseñas, mensajes de texto, Gmail,

WhatsApp, Skype. Facebook, Telegram, llamadas, geolocalización. Bad Brother vigilando, abusando del poder gubernamental, violando las libertades civiles. Omnipresente. Sin controles democráticos, sin facultades legales, sin sanción. Y ante ello, como dijera Thomas Paine, la obligación del verdadero patriota es proteger a su país de su gobierno. Un gobierno que se ha vuelto abusivo. Un gobierno gandalla. Un diablo guardián.

https://periodicocorreo.com.mx/otras-voces-denise-dresser-31-julio-2017/

 

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8 cambios de la nueva factura electrónica

El Servicio de Administración Tributaria ya puso a disposición del público la factura versión 3.3, misma que será obligatoria a partir del 1 de diciembre. Para que no lo dejes al último, te explicamos cuáles son las principales modificaciones.

Zenyazen Flores

11.07.2017

El 1 de julio entró en vigor el nuevo formato de la factura electrónica versión 3.3, la cual cambia respecto de la versión 3.2 en su componente técnico para mejorar la calidad de la información, con lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará de una manera más fácil a todos los contribuyentes.

El SAT explica que la factura es la fuente de información para integrar las declaraciones anuales y agilizar el proceso de facturación, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Aunque la nueva factura entró en vigor el pasado 1 de julio, puedes continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre, pero los expertos recomiendan no esperar hasta el último momento para comenzar a emitir facturas con los cambios, lo mejor es iniciar desde ahora.

A continuación te presentamos una lista con los cambios que debes saber de la nueva factura electrónica.

1. Nuevos tipos de comprobantes

Uno de los cambios son los diferentes tipos de comprobante. Ingreso, egreso y traslado, son tres tipos de factura que se emiten actualmente.

Sin embargo, a partir de la actualización del Anexo 20 se integra un comprobante de recepción de pagos y un comprobante de nómina.

*Ingreso: se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes

*Egreso: amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones

*Traslado:
sirven para acreditar la propiedad de las mercancías en traslado

*Recepción de pagos: facilitar la conciliación de las facturas contra sus pagos

*Nómina: se emite por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos. Es una especie de una factura de egresos

2. Reglas de validación

Las modificaciones en las reglas permiten tener información más confiable y de mejor calidad para evitar que el emisor cometa errores. Es muy común que al emitir una factura existan erratas en el RFC lo que genera problemas.

Con la nueva factura se validará el RFC de la factura, de tal suerte que si al momento de expedirla se captura mal la información, la factura será rechazada.

En este cambio hay preocupación de algunos contribuyentes en el sentido de que piensen que el SAT no los va a dejar facturar. Lo que se hará es corregir de origen un error y evitar que el cliente regrese meses después a pedir modificación y cancelación de facturas.

3. Registro de impuestos y descuentos

Los impuestos se registran de manera global lo que no permite identificar qué gravámenes le aplican a cada uno de los conceptos registrados en el comprobante.

En la nueva versión, estos registros de impuestos se van a realizar a nivel de concepto, es decir, en cada concepto se identificará la base de impuesto (ISR, IVA, IEPS) así como el tipo de factor, que puede ser a través de una tasa o cuota o si está exento de algún impuesto y el importe de impuesto calculado.

También se validará que cada uno de los impuestos que se incorporen coincida con los datos que se incluyen en el catálogo de impuestos.

Sobre los descuentos, éstos se integrarán por cada uno de los conceptos registrados dentro del comprobante, y se tendrá que ubicar al producto o servicio en la división correspondiente, seguido de categoría, clase y subclase.

4. Complemento de recepción de pagos

Se trata de un elemento completamente nuevo en la factura electrónica. Este tipo de comprobante se emitirá cuando se realice el pago de una factura en parcialidades o de manera diferida.

La factura de recepción de pagos podrá emitirse por cada pago recibido o todos los del mes, siempre y cuando correspondan a un mismo receptor.

Si al momento de la emisión de la factura te realizan el pago total del producto o servicio, se registrará la forma de pago y no será necesario emitir la factura de recepción de pagos.

5. Uso del CFDI

Cuando se expidan los comprobantes fiscales se le preguntará al receptor qué uso le dará al comprobante; en él se detallará la clave conforme los catálogos.

Si el receptor le da un uso diferente al comprobante del cual se registró inicialmente, no va a ser motivo de cancelación del mismo y no va a afectar la deducción y acreditación de impuestos.

6. Confirmación

Se incluye un campo denominado ‘Confirmación’, mismo que se da a través de una clave que se le pedirá al proveedor de certificación cuando al emitir la factura, el monto total rebase lo establecido en el catálogo de tipo de comprobante.

Si cuando se emita la factura el monto rebasa ese límite, se pedirá un folio de confirmación al proveedor y se incluirá en el comprobante respectivo.

Las cantidades ya están actualizadas en el catálogo de tipo de comprobante. Se estableció un monto máximo de 100 millones de pesos y aplica para comprobantes de ingreso, egreso y recepción de pagos.

La confirmación también aplicará cuando los tipos de cambio son demasiado bajos o altos en relación al valor del mercado cambiario.

7. Clave del producto o servicio y una unidad de medida estandarizada

En la nueva factura se deberá registrar la clave del producto o servicio de acuerdo al catálogo publicado en el sitio web del SAT, mismo que está estandarizado internacionalmente. Para mayor facilidad, en el sitio sat.gob.mx/factura encontrarás un archivo que contiene las claves que corresponden al producto o servicio.

Por ejemplo, si vendes donas de chocolate, en los catálogos encontrarás toda la información necesaria para clasificar ese producto de forma específica.

8. Catálogos para la captura de otros datos

Para estandarizar toda la información se armaron los catálogos que sirven al contribuyente para que no esté pensando qué clave poner en espacios como lugar. Por ejemplo, no se tendrá que elegir entre llenar la factura con Ciudad de México o CDMX o Distrito Federal; ahora hay un catálogo que permite ubicar un estado o un municipio y fijar una clave.

Es muy importante que recuerdes los plazos. Podrás emitir facturas en la versión actual 3.2 hasta el 30 de noviembre. Las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre sólo serán válidas en la versión 3.3 y el formato será obligatorio.

Con información del SAT difundida en foros y videochats con contribuyentes

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cambios-de-la-nueva-factura-electronica.html

 

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Prisión preventiva y Estado de derecho

La fuerte inseguridad lleva a apoyar la solución del encierro del mayor número de sospechosos

En su sesión del miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana dictó por mayoría de votos una sentencia que ha provocado contradictorias reacciones. Una parte de ellas son socialmente entendibles, en tanto implican la posible liberación de personas privadas de su libertad hasta que se les dicte sentencia. En las condiciones de inseguridad en que vive el país, hay quienes estiman como única solución encerrar al mayor número de presuntos delincuentes. Para comprender las cosas, es necesario explicitar los supuestos y los efectos de la decisión. Cada cual juzgará informadamente.

En la reforma constitucional de junio de 2008 se previó que todo el país migraría a un sistema procesal penal acusatorio y oral. Para ello se previeron ajustes integrales en los procedimientos y en distintas cuestiones colaterales. Quedaron definidas tareas para policías, peritos, fiscales, defensores y juzgadores. Se determinó, constitucionalmente, que tratándose de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, y los graves que determinara la ley habría lugar a prisión preventiva oficiosa. Es decir, que el juez ordenaría que el presunto responsable siguiera el proceso privado de su libertad. Igualmente se dispuso que los procesos iniciados bajo el viejo sistema inquisitivo, así deberían continuarse y terminarse. En julio de 2011 volvió a reformarse la Constitución para acotar que la calificación de gravedad de los delitos que la ley debería prever, tendrían que relacionarse con la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad o la salud.

Como parte de esos cambios, se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad de regular el nuevo sistema procesal penal. En marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 167 se establecieron los delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa. Al citado listado constitucional se agregaron los de genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades de los cometidos contra la salud. En esta acción del 2014 el legislador federal quiso, por decirlo así, que sólo con respecto a esos delitos se posibilitara la prisión preventiva y que en el resto los acusados seguirían su proceso en libertad.

En la reforma de junio de 2016 al citado Código, se previó que las personas a las que se hubiere decretado la prisión preventiva conforme al antiguo sistema, podrían solicitar al juez la revisión de la medida siempre que el delito por el que se les acusó no fuera de aquellos por los que debiera decretarse de oficio la prisión preventiva. Apoyándose en las disposiciones sustantivas y transitorias del nuevo Código, la Sala determinó que la revisión de la medida no implicaba que el juzgador declarara procedente en automático su sustitución o modificación, sino que ello estaba sujeto a la evaluación del riesgo que representara el imputado y al debate que debían sostener las partes en la audiencia respectiva, con independencia de la aplicación de las medidas de vigilancia o supervisión que podrían ordenarse. Lo que finalmente resultó fue la necesidad de que en una audiencia, a solicitud del procesado y con la posible oposición del Ministerio Público, la víctima y el ofendido, el juez determinara si el imputado debía o no seguir su proceso en libertad.

En nuestro país se habla a diario del necesario establecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, cuando éste tiene que desarrollarse, se aboga por el excepcionalismo. Se busca posponer la racionalidad jurídica a fin de salvar a algo o a alguien. Si el sistema diseñado para darle cabida a un nuevo sistema procesal penal ordena hacer algo, hacer ese algo es un modo de abonar al Estado de derecho pero, sobre todo, a la cultura que hasta ahora y tan pobremente trata de sustentarlo.

@JRCossio

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/12/mexico/1499811920_850511.html

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¡Gracias, señor presidente, por el socavón!

SALVADOR CAMARENA

 

Es bien complicado explicarle a un millennial que hubo una vez un tiempo no muy lejano en que este país casi creyó haberse liberado de la manía de tener que recordar en cada plaza, edificio público –y en no pocos privados–, en cada calle y en cada camino, que debíamos agradecer al tlatoani sexenal por los favores recibidos… del gobierno.

Ahí va uno, muy orondo, a decirle al millennial que cómo no, que claro que este país se ha superado, tanto que incluso logramos, ¡oh patria querida!, la promulgación en 1983 de un decreto para que ya no se pudiera poner en letras de bronce el nombre del excelentísimo señor presidente en la respectiva placa que daba cuenta de ese parteaguas histórico llamado inauguración oficial.

Todo va bien en la explicación hasta que uno agarra carretera y se topa con tamaños letrerotes en la México-Toluca que chillan de emoción: “Gracias señor presidente por esta carretera”.

Chale chale chale, le dice uno a mimismo. Rápido, piensa en algo, responde mimismo, que espoleado por el superyó hace todo lo posible por no quedar mal con el vástago millennial.

“Úchale, tenían que ser los mexiquenses”, improvisa uno para salir del paso. “Mira nomás hasta donde llegan con su weloveyouhenry”.

Claro que uno repara en que los anuncios son firmados por los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y mimismo se queda con la duda de qué carambas eran realmente esos anuncios: ¿un retorno al pasado? ¿Incontinencia empresarial frente al poder? ¿El nuevo eslogan del nuevonuevo PRI? ¿La novísima versión del nomeayudescompadre?

El tema se torna relevante al amanecer de un terrible miércoles en que un padre y su hijo ven su ruta, y lamentablemente también su vida, interrumpida por un descomunal hoyo en la mitad de una autopista de esas de “Gracias señor presidente”.

Porque ayer ocurrió no un accidente, sino la resultante lógica de la negligencia gubernamental.

En una autopista que este gobierno con jactancia inauguró hace apenas tres meses, dos morelenses perdieron la vida ayer mientras el secretario del ramo culpaba a la lluvia y al azar de lo que en realidad se encuadra como un monumental fallo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Empecemos de nuevo. Expliquemos a los millennials que este gobierno, para empezar, dio la obra del Paso Express por Cuernavaca a una empresa, Epccor, derivada de otra, Gutsa, que ya había sido manchada con escándalos e inhabilitaciones, por la infame Estela de Luz. Y que cuando tal cosa fue denunciada, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza defendió la licitación (http://bit.ly/2tKDqBs). Ese mismo gobierno que desoyó llamadas de alerta por el drenaje que ayer desfondó a la autopista.

Así esta SCT: trabajamos para ustedes en la construcción de pretextos ante cada crisis. Que si OHL, mentiras. Que si Higa, inquina. Que si los dobles remolques son ilegales y una amenaza reiteradamente cumplida, ustedes quieren detener el desarrollo del país.

Pero el destino alcanza a todos. Y, precisamente, en una carretera consagrada con el “Gracias señor presidente” ocurrió una tragedia que no debió ocurrir.

Preguntas: ¿quién puso esos letreros de gracias señor presidente? ¿No habrá sido obra del secretario Ruiz Esparza? ¿La CMIC acepta la paternidad de esa lambisconería? Y luego de la tragedia, ¿quién va a responder por el socavón? ¿El presidente?

Ayúdenos, señor Peña Nieto, a explicar a un millennial, y a las familias de la víctimas de ayer, que este México chafa no es lo que merecen. Y que no es a usted a quien hay que agradecer el socavón.

Twitter: @SalCamarena

 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gracias-senor-presidente-por-el-socavon.html

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¿Es México un país pobre?

July 4, 2017

Carlos Brown Solà

La historia de los dos Méxicos que puso de manifiesto un informe de 2014 del McKinsey Global Institute no resulta ajena para quienes conocen las distintas aristas sociales y económicas de este país. El México de los grandes edificios en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, los autos de lujo de San Pedro Garza García en Nuevo León, o las grandes casas porfirianas del Paseo de Montejo en Mérida resulta terriblemente contrastante con el México que se vive en Ecatepec, en el Estado de México, o en Tahdziú, Yucatán; este último considerado el municipio más pobre en América Latina.

A pesar de que nuestro país forma parte de foros internacionales como el G20 –formado por las 20 economías más grandes del mundo– o la OCDE –también llamado “el club de los países ricos”–, la pobreza no deja de ser una de las caras más visibles del país y un constante recordatorio de su estatus como “país en desarrollo”. Este contraste hace que en la discusión pública –desde pláticas de sobremesa hasta las redes sociales– sea recurrente la pregunta: “entonces, ¿es México un país pobre?”

No, México no es un país pobre, sino un país de pobres; para ser precisos, muchas personas pobres. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes al año 2014, 55.3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza en México, lo que equivale al 46.2 por ciento de la población nacional.

Además, la incidencia de la pobreza varía dependiendo en qué estado del país se encuentre uno: en Chiapas, tres de cada cuatro chiapanecos –76.2 por ciento de la población del estado– es pobre, mientras que en Nuevo León esta proporción es de 20.4 por ciento; es decir, uno de cada cinco neoleoneses se encuentra en situación de pobreza. También hay una fuerte relación entre género y pobreza: hay una mayor proporción de mujeres que de hombres entre las personas pobres. La falta de autonomía económica suele llevar a una mayor vulnerabilidad ante la pobreza, pero incluso los hogares dirigidos por mujeres tienden a contar con mayor carencia por acceso a la alimentación, un fenómeno común en la región latinoamericana.

Sin embargo, México es el único país en América Latina que no ha logrado reducir la incidencia de la pobreza en los últimos años. Entre 2012 y 2014, se sumaron casi dos millones de mexicanos a las filas de la pobreza.1 A diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, donde el número de personas pobres ha disminuido a tasas récord, la pobreza en México se ha mantenido en los mismos niveles desde 1994. Además, el número total de personas en situación de pobreza en México ha aumentado ya que, aunque la proporción respecto al total se ha mantenido constante, la población total sobre la que se calcula ha aumentado durante estos 30 años.

Esto resulta contrastante con los datos del Banco Mundial que muestran que la economía mexicana era, en 2015, la decimosegunda más grande del mundo y la segunda más grande de América Latina –por debajo de Brasil– medida por el valor monetario (en dólares estadounidenses) de todos los bienes y servicios producidos dentro del país durante un año –es decir, el producto interno bruto o PIB. Así, México forma parte del grupo de las mayores economías globales pero con el lastre de tener a casi la mitad de su población con un ingreso menor a la línea de bienestar2 y al menos una carencia social,3 que es como define el CONEVAL a las personas en situación de pobreza a partir de un criterio multidimensional.

Entonces, si México es la decimosegunda economía más grande del mundo, ¿quiénes se quedan con los beneficios económicos si uno de cada dos mexicanos se mantienen en situación de pobreza desde hace tres décadas?

Frente a la enorme pobreza, la otra cara económica de México es la desigualdad: en el mismo país conviven decenas de millones de pobres con un reducido número de personas muy ricas. De acuerdo con un trabajo de Raymundo Campos, Emmanuel Chávez y Gerardo Esquivel, el uno por ciento más rico en México se queda con el 21.3 por ciento del ingreso total de los individuos en México, con un ingreso promedio anual de más de 1.9 millones de pesos; mientras que el 0.01% más alto de la distribución ingresa anualmente alrededor de 30.5 millones de pesos.4

Esquivel, en un informe preparado para OXFAM México sobre la desigualdad extrema en México, encontró que en nuestro país existen sólo 16 multimillonarios, cuyas riquezas han aumentado de US$25,600 millones a US$142,900 millones apenas entre 1996 y 2014. Además, la riqueza de los cuatro hombres (ninguna mujer) más ricos de México –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego– representa actualmente nueve por ciento de la producción interna bruta nacional.5

Ante este México de enormes contrastes económicos y sociales, con muchos pobres y muy pocos ricos, la política económica –especialmente la fiscal– no ha servido para disminuir esas brechas económicas. En cambio, ha favorecido la estabilidad macroeconómica pero no ha permitido la mejora en las condiciones de vida de millones de personas durante las últimas tres décadas, favoreciendo apenas a unos cuantos. El crecimiento económico inclusivo y el combate a la pobreza y la desigualdad deben dejar de ser un recurso discursivo que suena bien en foros internacionales para empezar a ser principios rectores para el gobierno y la sociedad mexicanas.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.


1 Cabe aclarar que la pobreza extrema (aquella en la que el ingreso no cubre ni la canasta alimentaria) ha disminuido –aunque de manera moderada– desde el año 2010 hasta representar al 9.5 por ciento de la población mexicana.
2 La línea de bienestar es el ingreso equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes, que incluyen: alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros.
3 Los indicadores de carencia social son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
4 Campos, R., Chávez, E., & Esquivel, G. (2014). Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible. In Premio Nacional de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. México.
5 Esquivel, G. (2015). Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político. Reporte de Oxfam México, 23.

http://economia.nexos.com.mx/?p=411

 

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