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Políticos y curas, protectores de pederastia y trata

Por , 31 julio, 2017

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, un despliegue inusual de policías, funcionarios y aparato comunicacional convirtió en objeto de escarnio el albergue “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, y a su fundadora, una anciana conocida como Mamá Rosa, en la imagen de la villanía, acusada de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Ese despliegue, inusual por lo menos, se inscribía en el contexto de la agenda nacional que culminaba el proceso de reformas estructurales, y en lo local, en Michoacán, de poblaciones cansadas de la violencia, que aparentemente decidieron o fueron inducidas a tomar en sus manos la seguridad pública, como en lo asistencial lo hacía la propia Mamá Rosa. La mujer no fue procesada, como no lo fue la mayor parte de su equipo de colaboradores. Luego, todo acabó.

La proliferación de albergues para niños abandonados o receptores de niños internos por familias que padecen precariedad económica se ha convertido en un cíclico asunto mediático para el que no existe voluntad política ni respuesta gubernamental definitiva.

De norte a sur, en la última década se conocieron los casos de La Casita en Cancún (Quintana Roo) y Caifac en Monterrey (Nuevo León); de Casitas del Sur en la Ciudad de México, de La Gran Familia en Zamora (Michoacán) y, por estos días, de Ciudad del Niño en Salamanca, Guanajuato.

En la mayoría de esos, los casos conocidos, el común denominador es que la dupla política-religión está en el centro de los escándalos. En La Casita, era directiva una importante funcionaria de la procuración de justicia; en Casitas del Sur, los nombres de Dylcia Samantha Espinoza de los Monteros y de Maricela Morales fueron mencionados por las víctimas por su filiación evangélica y presunta relación con la Iglesia Cristina Restaurada que la administraba. Nadie investigó los vínculos.

En Caifac, uno de los directivos y líderes religiosos era Sergio Canavati Ayub, a quien se le atribuyó parentesco con Ricardo Canavati Tafich, un influyente político priísta que fue alcalde de Monterrey y cuya hija, Elenitza, era en tiempos de operación de Caifac, directora de Voluntariado en el sistema DIF Nuevo León, es decir, el área que se encarga de la relación con organizaciones civiles asistenciales y altruistas, como el albergue del escándalo al que el DIF envió niños. No obstante, los Canavati del PRI rechazaron relación con el Canavati imputado.

Con Mamá Rosa, las relaciones escalaban a otro nivel: emblemática de su influencia, una fotografía la coloca entre Felipe Calderón y Margarita Zavala, otras con el perredista Leonel Godoy. Abiertamente, Vicente Fox y Marta Sahagún declararon cercanía y apoyo.

Esa cercanía de Fox y Marta se repite ahora con La Ciudad del Niño, casa administrada por el cura Pedro Gutiérrez Farías, a quien se le acusa de abuso sexual de menores, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. La Iglesia, en ese caso, ha brindado su protección al sacerdote, mientras que el gobierno del panista Miguel Márquez permanece tan inmóvil que ya la Red por los Derechos de la Infancia en México le exigió deje de brindar protección política al presunto pedófilo. Además, exhortó al gobierno federal a conocer el caso.

A diferencia de la Gran Familia, para la Ciudad de los Niños el gobierno de Peña Nieto no ordenó macro operativo. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no está resultando lo suficientemente operativa, y precisamente la Iglesia es la más activa en combatir el ordenamiento desde su jerarquía y con laicos como los del Bus Naranja.

La relación iglesias-Estado, una vez más, falta al deber de cuidado que corresponde al interés superior que supone la infancia al orientar el caso a la impunidad, facilita la repetición y deja un mensaje claro: en los casos de abuso sexual y trata de niños vulnerables en albergues, políticos y religiosos son los culpables.

http://www.notassinpauta.com

 

http://www.proceso.com.mx/496905/politicos-curas-protectores-pederastia-trata

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Soltero con credencial

Juan Villoro

Hacia 1990, entrevisté a practicantes de la pelota rarámuri y les pregunté por sus largas travesías en las sierras de Chihuahua. De acuerdo con sus reglas, está prohibido tocar la pelota con las manos; hay que patearla de principio a fin, sean cuales sean los accidentes del terreno. Curiosamente, estas reglas nunca se han escrito: “Si las escribimos, quiere decir que ya no nos tenemos confianza”, me dijeron en forma inolvidable.

El resto de México no se tiene confianza y sólo respeta los papeles sellados. Del acta de nacimiento a la de defunción, existimos en trámite.

Contar tu vida no otorga legitimidad. Sólo el Registro Civil comprueba que eres real. Los documentos que ahí se expiden tienen mayor concreción que tu persona; a tal grado, que cuando te piden una identificación, lo decisivo no es que la foto se parezca a ti, sino que tú te parezcas a la foto.

¿Qué hacer en el laberinto donde el pasaporte demuestra que somos mexicanos pero no sirve como constancia de residencia? La identidad es una, pero duerme en distintos sitios. Para efectos oficiales, la dirección no puede ser la patria. Eso está bien para Guillermo Prieto, no para el ciudadano que busca cobrar un cheque. Surge entonces la pregunta: ¿qué relación hay entre el sitio donde resides y el trabajo que hiciste? Ninguna, pero nuestra esotérica visión del mundo permite creer que las molestias son un método de control. Si no entregas una boleta expedida a tu nombre en los últimos tres meses no cobras. En ocasiones, esa boleta es, en sí misma, una prueba de la ilegalidad (la dirección está mal escrita y tu tanque recibió menos litros de los que te cobraron), pero ayuda a que la cadena de los estorbos continúe.

Ante tanta incomodidad, el mexicano busca alivio en la economía informal, donde se falsifican documentos y los coyotes conocen atajos en el desierto de las instituciones. No todos los trámites se cumplen a cabalidad. ¿Elimina esto su importancia? Por supuesto que no. Las condiciones intrínsecas de un papel con el escudo nacional son menos relevantes que desconfiar de los demás y pedirles algo que les cueste trabajo conseguir. Un trámite nunca tendrá el rango de mérito moral. Lo decisivo es que sea una lata.

Aunque tiene los cajones llenos, la burocracia es insaciable. Cada nueva costumbre y cada nuevo invento inspiran formas de ser supervisados por medio de papeles. En ocasiones se trata de algo que ya conocíamos, pero que no ameritaba credencial. Es el caso de la soltería, condición volátil que hasta hace poco sólo dependía del destino y ahora puede tener número de registro. A cambio de 93 pesos, el gobierno de Nuevo León expide una incontrovertible constancia de soltería.

¿Qué utilidad puede tener esto? Todo indica que hay demasiados falsos solteros por el mundo. Quien perdura para siempre en ese estado es visto con dosis equivalentes de envidia y compasión; se trata de alguien que no quiso o no pudo casarse, un héroe de la voluntad o un mártir de la voluntad ajena. Pero también existen los que ya se casaron en tres pueblos diferentes y andan diciendo que no tienen deudas ni compromisos, que se graduaron de Medicina y buscan a la mujer de sus sueños.

Sólo la proliferación de buenos partidos pirata explica la necesidad de contar con solteros oficiales. Lo más interesante del trámite es que obliga a pasar por una Ventanilla de Inexistencias. Ése debería ser el nombre de toda la burocracia mexicana.

La publicidad de la Constancia de Soltería muestra la silueta de un hombre, lo cual da a entender que los varones engañan más respecto a su estado civil. De tener éxito, el trámite transformará nuestras costumbres. Si el rockero responsable le pide la credencial del INE a sus groupies para cerciorarse de que son mayores de edad, la chica con aspiraciones de matrimonio sólo saldrá con solteros de enmicada credencial.

Ni la vida íntima se salva de los trámites, pero el corazón es caprichoso y en el futuro alguien podrá decir: “Me quiere tanto que falsificó su credencial de soltero sólo para estar conmigo. Cuando lo descubrí, me dijo que también su acta de matrimonio es falsificada, pero que eso lo hizo por interés: sólo conmigo miente por amor”.

https://www.etcetera.com.mx/opinion/soltero-con-credencial/

 

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Tláhuac y Puebla

SERGIO AGUAYO Miércoles 2 de ago 2017, 3:53am

Una semejanza entre el huachicol poblano y los bandoleros de “El Ojos” es el respaldo social que tienen; éste es un ángulo olvidado del que hace uso el crimen organizado.

Los criminales tienen quien los quiera y los respete. En las investigaciones que realizo o coordino desde el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México investigamos y medimos el apoyo social a la delincuencia. La meta es estimar el peso de la pobreza, los resentimientos de clase o la ingesta de violencia en la música y las pantallas, entre otras variables. Ello supone que personas y organizaciones transitan de una opinión favorable, a una organización intermedia para desembocar en la lealtad al patrón que representa el estado paralelo.

Revisemos, con esa perspectiva, la cobertura periodística sobre la eliminación de El Ojos. Opinión favorable: según un vecino “El Ojos nos apoyaba a todos y siempre había algo de trabajo”. Organización intermedia: los mototaxistas transformados en vigías o mensajeros. Estado paralelo: el vecino comentando que El Ojos impartía justicia (“si a alguien se le ocurría meterse en problemas, se le castigaba, [él] hacía lo que la policía no se atrevía”).

Es fundamental entender que una parte de la sociedad se opone a la ilegalidad. Lo ilustro con el huachicol poblano. El Popular, diario de aquel estado, informa sobre los vecinos que aseguraron un vehículo con combustible robado y “detuvieron al conductor”. La Jornada de Oriente añade otro caso: “vecinos de Esperanza” acusaron al “presidente municipal y a los policías [de escoltar] a los que roban el combustible”.

Las mediciones que estamos haciendo permiten asegurar que, dependiendo de la localidad, entre 20 y 30 % de la población ya simpatiza con, o trabaja para la delincuencia. Entonces los no partidarios somos mayoría aunque tenemos una gravísima desventaja: buena parte de nuestros gobernantes o niegan el problema o son ineficaces o son cómplices de la delincuencia.

Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle coinciden en negar y evadir la situación. Mancera es un caso patológico de negacionismo del crimen organizado. Esa es una de las razones del incremento en la inseguridad. Moreno Valle reconocía el robo de combustible o huachicol y durante su gestión Puebla llegó al primero o segundo lugar. Una y otra vez aventó la pelota a otras canchas, es “un tema de carácter federal” o la “gente de Pemex tiene que estar vinculada a este tipo de delitos”. Guardaba silencio sobre la participación de funcionarios poblanos.

Las negaciones y las evasiones se combaten con información e investigación. El huachicol afecta a 26 entidades (incluida la Ciudad de México) y el Grupo Reforma y las investigaciones publicadas han contribuido a convertirlo en tema de agenda nacional. Entre enero de 2016 y el 29 de julio de 2017 difundió 297 textos al respecto. Es un ejemplo de cómo enfrenta el capital social positivo al negativo.

Tláhuac se guisa en otros sartenes. Andrés Manuel López Obrador y Morena aciertan en lo coyuntural y se equivocan en lo estructural. El escándalo por El Ojos huele a maniobra del gobierno federal (y a lo mejor capitalino) para golpear a Morena en uno de sus puntos más vulnerables: la ligereza con la cual acepta y arropa a personajes políticos sin ética pública. Más grave todavía es la pobre comprensión que tienen sobre la delincuencia organizada. Grave, porque seguramente gobernarán a partir de 2018.

Tláhuac y Puebla dejan varias lecciones. Es insuficiente descabezar y fragmentar bandas criminales sin enmarcarlas en una estrategia integral que reconozca las enormes complejidades que tiene la principal amenaza a nuestra seguridad nacional. El crimen organizado, entiéndanlo, tiene una base social con raíces muy sólidas. Al capital social negativo se le combate con tejido social positivo. Diversos estudios confirman que una sociedad bien organizada a favor de la legalidad reduce la criminalidad.

Urgen acuerdos y convergencias entre la sociedad y el Estado. Algo hemos avanzado, por supuesto, pero es enorme el terreno por recorrer. El próximo año los aspirantes deben tomarse en serio al crimen organizado para renovar la estrategia dialogando con la sociedad. Tláhuac y Puebla ejemplifican las consecuencias de las negaciones y las evasiones.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1366166.tlahuac-y-puebla.html

 

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