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Archive for 18/10/17

La renuncia y la oportunidad

QUEBRADERO

Algo tiene de inesperada la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR. Sin embargo, si nos atenemos al tiempo que por lo general se mantienen los procuradores en el cargo, su salida está en el promedio de 18 meses, nos dice Ernesto López Portillo.

Lo cierto es que la dimisión, sin dejar a un lado sus motivos, abre una oportunidad para crear condiciones nuevas para la designación del fiscal general. El tema desde hace tiempo es parte central de una gran discusión nacional en la cual está a la vista que no hay acuerdos.

El desgaste que tuvo Raúl Cervantes en menos de un año fue mayúsculo, tomó posesión el 27 de octubre del 2016. Por su oficina pasaron los muchos casos de gobernadores acusados de corrupción ante los cuales no salió del todo bien librado.

Algunos tenían acusaciones directas y a pesar de ello lograron huir. Se dirá que después fueron detenidos en el extranjero, pero la impresión que quedó es que por alguna razón les dieron un poco de vida teniéndolos a la mano.

Pero lo que quizá lo llevó al desgaste mayor fue la designación del fiscal general. No se pudo zafar de las innumerables interpretaciones que lo ubicaban como parte de una imposición del Presidente. No es casual la idea del #fiscalcarnal que dominó las redes durante algún tiempo.

Quizá Raúl Cervantes tuvo poca capacidad de maniobra en el asunto porque todo venía desde Los Pinos, pero el hecho es que su imagen se deterioró porque al final se interpretaba que lo querían colocar a la fuerza en la Fiscalía General.

Sin dudar de las evidentes capacidades del abogado al final terminó, queriendo o no, como parte de una lucha de vencidas en la cual sigue sin haber ganadores o perdedores; acabó por ser una pieza sacrificable.

Lo que importa ahora es lo que viene. Las posibilidades de llevar a cabo una gran discusión y una buena elección de fiscal se abren ante la decisión de Raúl Cervantes de hacerse a un lado.

El Presidente envió ayer mensajes atendibles. Si bien había dicho que no habría pase automático de la PGR a la Fiscalía, la idea continuó permeando porque en el fondo se quería que Raúl Cervantes fuera el fiscal.

El Jefe del Ejecutivo adelantó la posibilidad de que se designe al fiscal después de los comicios del año que viene, como por cierto lo propuso López Obrador. El planteamiento es atendible porque puede atemperar los ánimos, se puede convocar a una discusión nacional sobre el tema, y con ello se podrá elegir al o la fiscal bajo otras condiciones y otras bases.

La renuncia debe traer una oportunidad para abordar un tema que nos va a definir en materia de justicia, corrupción, transparencia y rendición de cuentas; puede ser el antes y el después.

RESQUICIOS. Así nos lo dijeron ayer:

— El asesinato de Ranferi Hernández y el de su familia ha causado una gran indignación en Guerrero. Fue un personaje que siempre estableció como forma de acción política que el PRD, del cual fue fundador en el estado, debería estar relacionado con movimientos sociales.

— Fue realmente grande y brutal la saña con la que los mataron; no fueron confundidos, iban tras él y su familia. De un año para acá Ranferi y un grupo de dirigentes locales habían tomado la decisión de apoyar la candidatura de López Obrador.

— Hace algunos años Ranferi solicitó asilo político en Francia por la persecución que vivía, el cual le fue concedido. No debe descartarse la hipótesis política en el caso vinculada con las elecciones del año que viene.

— No cabe colocar al crimen organizado en el centro. No hay un solo indicador en la historia de vida de Ranferi que lo ligara con estos grupos. Sus actividades siempre estuvieron relacionadas con las movilizaciones sociales y la lucha política. Pertenecía a grupos que pareciera que han tratado de exterminarlos en los últimos años.

Juan Angulo. Director general El Sur de Guerrero.

 

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Cuidados paliativos y tratamiento del dolor

Deben considerarse las necesidades psicológicas y espirituales de quien sabe que pronto morirá

La revista médica The Lancet acaba de publicar los resultados de un amplio estudio sobre los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor. A lo largo de varios años, quienes integramos la comisión creada ex professo para el tema recopilamos y analizamos información mundial para arribar a las conclusiones. Lo que se ha obtenido es el diseño de una política pública en tan delicado y apremiante tema como es el de salud pública. Ahora se requiere que los Estados nacionales adopten esa política para hacerla efectiva.

Lo que en la comisión hemos construido no habrá de realizarse automáticamente, sino mediante modificaciones jurídicas concretas que conlleven la imposición de obligaciones, el otorgamiento de derechos y el establecimiento de competencias. Debido a los cambios demográficos y sanitarios de las últimas décadas, el promedio de vida de la población se ha incrementado considerablemente. También han cambiado las causas de muerte. Las personas vivimos en general más, y mayoritariamente morimos de enfermedades crónico-degenerativas. La combinación de ambos factores produce enfermedades largas y dolorosas, así como procesos extendidos de deterioro físico y mental, en muchos casos con dolor.

Si consideramos el número de personas que cotidianamente viven con dolor y padecen en espera de su muerte, es claro que se está ante un problema que debe atenderse. La manera de enfrentarlo es cosa distinta. Por una parte y por diversos motivos, no existen los mecanismos jurídicos y administrativos para lograr el eficiente y continuado otorgamiento de los medicamentos necesarios para aliviar el dolor. Con ello se provoca una condición muy adversa para quienes se encuentran en tal situación. Por otra parte, para quienes ya saben que su vida terminará pronto, no se brinda el apoyo médico, psicológico y espiritual que podría darse en ese difícil tránsito.

Lo que el reporte de la Comisión Lancet sugiere son medidas concretas que, insisto, deseablemente debieran implantarse en todos los países. Así, se propone la adopción de un paquete básico de atención. Este se compone de medicamentos, equipos y recursos humanos. Los primeros son analgésicos de origen opiáceo para controlar el dolor. Por razones asociadas al consumo de drogas y a las políticas de prevención que ello suele conllevar, se dificulta la oferta de este tipo de medicamentos. La existencia de patentes hace onerosa su disponibilidad.

El reporte sugiere distintas maneras de enfrentar ambos aspectos. El primero, mediante operaciones regulativas; el segundo, a través de productos que están fuera de patente. El otro, con la formación de recursos humanos con competencias técnicas y amplitud para cubrir todos y diversos requerimientos.

La parte médica es, desde luego, exigida, pero junto con ella tienen que considerarse las necesidades psicológicas y espirituales de quien sabe que pronto morirá. Otras conclusiones del reporte atienden a la particular situación de las personas más pobres para lograr la incorporación de los cuidados paliativos a la seguridad universal, y a la necesidad de que internacionalmente se generen mecanismos para evitar el uso no médico de los opiáceos y se adopten mediciones y estándares comunes.

Una buena, pero desafortunadamente, no extendida práctica jurídica radica en tomar decisiones públicas con base en sólida información científica. El reporte que aquí comento cumple con esa condición. Es deseable que los tomadores de decisiones lo estudien, actúen en consecuencia y eviten o al menos disminuyan mucho del dolor que es humanamente sufrido, pero también es humanamente evitable.

José Ramón Cossío Díaz es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México.

@JRCossio

https://elpais.com/internacional/2017/10/18/mexico/1508278073_851054.html

 

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