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Archive for 11/04/18

La responsabilidad en la política

Pedro Kumamoto

Plaza Viva

 

 

Eran tiempos de elecciones municipales y legislativas en Veracruz. Corría la primavera de 2013 cuando empezó a propagarse por las redes sociales una supuesta grabación de Rosario Robles, en ese entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hablando con el gobernador en turno de Veracruz, Javier Duarte. En dicha comunicación, que nunca no fue examinada para reconocer su veracidad pero que la oposición la utilizó como prueba para solicitar el inicio del juicio político contra el gobernador, se daba cuenta de la red de operaciones electorales que dichos personajes presuntamente tejieron.

La acusación era muy seria. Significaba la posibilidad de un enorme desvío de recursos públicos a través del condicionamiento de programas destinados al desarrollo social. Ante esta situación, Enrique Peña Nieto decidió que no era necesario abrir una investigación, una auditoría externa o por lo menos una amonestación pública a quien pudiera resultar responsable. En esa ocasión decidió respaldar a la titular, lanzando una frase que quedó enmarcada para el museo de la impunidad: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y preocupan la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos una tarea clara que es acabar con el hambre”. Carpetazo, caso cerrado, todo parecía que sería olvidado. O eso pensaban.

Casi cinco años después el portal Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron el reportaje ‘La estafa maestra’. A través de este trabajo periodístico documentaron esquemas que utilizaba la Sedesol para asignar contratos a entes públicos como universidades, los cuales a su vez subcontrataban a otras empresas para realizar los trabajos que solicitaba la secretaría, pero éstos no se entregaron o concluyeron. Estas anomalías ascendían a siete mil 670 millones de pesos, de los cuales tres mil 433 millones desconocemos a dónde llegaron porque no se pudo comprobar la existencia del servicio o producto contratado o simplemente porque no se le puede dar seguimiento a la investigación.

La respuesta de Rosario Robles fue presentarse ante la Procuraduría General de la República para conocer si existía alguna investigación en su contra y asistir a una gira de medios para dar su versión de los hechos. Durante las entrevistas que pude revisar quizá las dos frases que más repitió Robles fueron: “Que se investigue” y “Todo fue legal”.

Pero estos presuntos desvíos no se limitan a una secretaría. Ayer se dio a conocer el reportaje ‘Mala cosecha’, elaborado por Mario Gutiérrez Vega y el equipo del programa radiofónico Sin Anestesia, dirigido por Carlos Loret de Mola. Gracias a las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se llegó a la conclusión que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se desviaron alrededor de tres mil 500 millones de pesos en 2015.

Esta malversación se logró a través de tres métodos. Primero destaca la repetición de la metodología utilizada en la llamada ‘estafa maestra’, la subcontratación de servicios a empresas fantasma; en segundo lugar encontramos la clonación de datos de campesinos que aparecen más de una vez en un mismo padrón para recibir apoyos, pero que en varias ocasiones no recibieron ni siquiera el que les correspondía; finalmente también se reconoció que durante la entrega de apoyos los beneficiarios firmaban de recibido por una cantidad mayor a la que les era entregada. Hasta el momento de escribir esta columna, la secretaría no había hecho una declaración al respecto del tema.

Estos tres casos nos deben hacer reflexionar sobre la responsabilidad en el servicio público. Hoy parece la excepción aquel servidor que pide disculpas, que se separa de su cargo para ser investigado o que entrega la información suficiente para poder contrastar los señalamientos públicos. Quizás ahí existe una oportunidad para quienes quieran ocupar puestos de representación en los próximos comicios.

Me parece que es justo exigir a nuestros gobernantes (actuales y venideros) que, en aras de realizar investigaciones autónomas, sin presiones políticas ni golpes debajo de la mesa, sepan hacerse a un lado de su cargo cuando existan este tipo de acusaciones. México merece servidores públicos responsables, que no usen su fuero, legal o político, para evitar explicar su trabajo. Que la cultura del “Rosario, no te preocupes” se acabe con este sexenio.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-kumamoto/la-responsabilidad-en-la-politica

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El tema ignorado

El tema ignorado

Sergio Aguayo

 

E Stados Unidos despliega la Guardia Nacional en la frontera y el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara respuesta. En tanto sabemos si el enfrentamiento crece o se desinfla, me centro en un tema ignorado: la opacidad extrema en las relaciones de seguridad.

En 1927 los dos vecinos lograron un entendimiento informal para apoyarse mutuamente. El acuerdo no escrito evolucionó. Algunas vertientes de la relación han ido transparentándose, lo cual resulta evidente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio; el sector empresarial ha acompañado el proceso y los pormenores del asunto son bastante conocidos. Ocurre lo contrario con la seguridad; sigue metida en la negligencia y el silencio.

En 1969, Richard Nixon ordenó la Operación Intercepción y cerraron unilateralmente la frontera. Uno de quienes la diseñaron, G. Gordon Liddy, escribiría tiempo después que ellos pensaban que “México podía aguantar [la presión] un mes, pero de hecho se rindió después de dos semanas y conseguimos lo que deseábamos”. Él mismo calificó la Operación como “una extorsión internacional pura, simple y efectiva”. El público sólo se enteró por The New York Times, de que “México prometió intensificar sus esfuerzos de frenar la producción y exportación de narcóticos”. ¿Qué concesiones hizo México?

En febrero de 1985 el Cartel de Guadalajara ejecutó a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Las presiones de Washington sobre México fueron brutales y un año y meses después, Miguel de la Madrid ordenó la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, cuyos principales cuadros se incorporaron al crimen organizado. ¿Qué papel jugó Washington en esa decisión? ¿Qué otros privilegios concedió México?

La lista se hace interminable. Algunos documentos hablan de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que colaboraron con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en el operativo Rápido y Furioso que ha tenido un alto costo humano. Sabemos que en junio de 2014, Barack Obama conversó telefónicamente con Enrique Peña Nieto y que después de ello, se endureció la política migratoria hacia los centroamericanos. La penumbra es la norma en esta vertiente de las relaciones.

Reviso con esta perspectiva las actuales tensiones causadas por el unilateralismo de Donald Trump. Aunque tardío, es positivo el discurso del presidente mexicano y ha recibido el respaldo hasta de quienes aspiran a sucederlo. Sin embargo, sabemos poquísimo de los acuerdos concretos que hay entre los dos países. Lo ejemplifico con dos documentos.

El 15 de marzo diez excomandantes del Comando Sur y del Comando Norte de los Estados Unidos enviaron una carta a Donald Trump para apoyar la continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijeron que el TLCAN ha permitido una “estrecha colaboración en torno a asuntos bien importantes que incluyen el tráfico de drogas, el terrorismo, la ciberseguridad, el crimen organizado y la migración”. Para ellos, México es parte de su “arsenal estratégico”. Peña Nieto reconoció esta cercanía al recordar, en su discurso de respuesta a Trump, que “en ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación”.

En materia de seguridad los dos países tienen intereses compartidos y hay asuntos que deben manejarse con discreción. No obstante, es indispensable exigir información sobre lo que hacen. La opacidad existente empobrece el debate y las políticas públicas. Veamos las reacciones de los candidatos al despliegue militar.

Andrés Manuel López Obrador declaró que México “no será piñata” y que si desplegaban a las fuerzas armadas, formaría una “cadena humana de mexicanos vestidos de blanco”; Ricardo Anaya añadió que México no será “tapete” y prometió “firmeza y dignidad”, además de condenar el “tráfico de armas”; Meade calificó de “agravio inadmisible” el despliegue de fuerzas y Zavala salió con la ocurrencia de que “la frontera Norte siempre ha sido… segura”. Opiniones en lugar de precisiones.

Para que mejore la comprensión es indispensable transparentar el contenido que tienen las intensas relaciones de seguridad entre México y los Estados Unidos. No dejemos que nos distraigan con los fuegos de artificio de su retórica; exijámosles que revelen lo sustantivo de lo que pasa en el submundo de la seguridad.

Twitter: @sergioaguayo

Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/954212.el-tepjf-es-enemigo-de-la-democracia.html

 

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Paradojas de la honestidad

Paradojas de la honestidad

Juan Villoro

“Para estar fuera de la ley hay que ser honesto”, canta Bob Dylan. La frase invita a revisar la ley electoral diseñada por los partidos. Para ser candidato independiente a la Presidencia hay dos alternativas: perder con limpieza o ganar con trampa.

Conseguir 867 mil firmas en al menos 17 estados, teniendo en cada uno de ellos el 1% del padrón electoral, es una desmesura. Con el nombre de “candidaturas independientes” se brindó un repechaje para los profesionales que no alcanzan nominación. De modo lógico, quienes declararon haber cubierto las firmas provenían del PRD, el PRI y el PAN.

El INE creó una aplicación para recabar firmas que sólo funcionaba en celulares de gama media, recurso discriminatorio en un país con más de 50 millones de pobres. María de Jesús Patricio, candidata del Concejo Indígena de Gobierno, protestó por estas condiciones, pero las acató con total honestidad, demostrando que un movimiento social prefigura en su conducta el futuro por el que lucha.

Cerca de diez mil auxiliares se movilizaron para apoyar a la vocera indígena sin otro pago que la ilusión. Con recursos que apenas llegaron a los 600 mil pesos, y una solidaria economía de préstamos, Marichuy recorrió buena parte del país.

Conseguir firmas era importante, pero más importante era articular a comunidades que carecían de contacto. En el mapa de Marichuy no se le dio prioridad a los sitios en los que se podían conseguir apoyos, sino a los que debían ser escuchados. La vocera hizo un largo viaje a Sonora, donde resultaba imposible llegar al 1%, para visitar a indígenas que reclamaban su presencia. A unos días de que terminara la contienda, su comitiva se accidentó en el desierto del Vizcaíno. Una persona murió y varias resultaron gravemente heridas. La tragedia enfatizó las precarias condiciones de una lucha que se propuso llegar a los lugares menos favorecidos.

Marichuy recabó cerca de 300 mil apoyos, una tercera parte de los necesarios. Pero el dato decisivo es otro: más del 93% de las firmas recabadas fueron válidas.

¿Tiene sentido hacer trampa para protestar contra la injusticia? Marichuy jugó limpio. ¿Qué sucedió con los demás candidatos? Ríos Piter presentó casi dos millones de firmas, pero tuvo menos registros lícitos que Marichuy. El Bronco entregó 266 mil 357 firmas duplicadas, 158 mil 532 simuladas y 205 mil tomadas, no de credenciales electorales, sino de fotocopias. Con cinismo, dijo que su gente había cometido ciertas “travesuras” y acusó al INE de alterar los datos. Por su parte, Margarita Zavala tuvo inconsistencias en 327 mil firmas. Aun así alcanzó el registro. ¿Se puede confiar en alguien que permitió tal cantidad de abusos? El caso es equivalente al del ex alcalde de San Blas que se excusó diciendo que “robó poquito”.

Quienes reunieron más de un millón de “firmas” usaron estrategias ilegales y quienes fueron honestos no pudieron cumplir con los requisitos.

Pasemos al manejo de los recursos. El Bronco dispuso de 17.3 millones de pesos que no ha podido explicar. Obviamente no los dedicó a la contabilidad ni la transparencia. En cambio, la antropóloga Alicia Castellanos dedicó días y noches a una tarea que jamás pensó tener: justificar los gastos de campaña de Marichuy. La fiscalización se hizo en el comedor de su departamento con el ocasional apoyo de una contadora.

Ciro Murayama, consejero del INE, reconoció este trabajo en forma elocuente: Marichuy “cargó el 16.5% del total registrado en el sistema por todos los aspirantes. En promedio, mientras los aspirantes registraron una operación por cada 22 mil pesos de gasto, ella en cambio cargó con una operación por cada mil 482 pesos. Esto demuestra un nivel de rendición de cuentas muy por encima del promedio y me parece que el INE no puede ser indiferente”.

Alicia Castellanos rebasó el sentido de la responsabilidad para pasar al heroísmo. En la junta final con el INE, pidió la palabra y con voz suave señaló que en caso de que hubiera una omisión ella asumía todas las consecuencias. La persona que hizo la mejor rendición de cuentas -y que debería recibir un premio al mérito ciudadano-, lejos de ufanarse de su tarea, se ponía a disposición de las autoridades para no afectar a nadie más.

Una elevada lección ética y un ejemplo de la gente que apoyó a Marichuy.


https://www.etcetera.com.mx/opinion/paradojas-de-la-honestidad/

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