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Archive for the ‘De nuestra cosecha’ Category

José Woldenberg La pérdida del registro jueves, 23 de abril de 2015 No pensaba volver a escribir sobre el tema. Pero luego de leer algunos artículos vale la pena hacer ciertas precisiones. Se entiende la indignación que suscita la conducta del PVEM, pero la sola rabia no es una buena consejera. Repito: no quiero ni puedo defender la conducta ilegal del Verde, pero como decía, la “cura” puede ser más nociva que la “enfermedad”. Solo 6 notas. 1. Dejar en los electores la decisión de qué partidos permanecen vivos y cuáles deben morir me sigue pareciendo el expediente óptimo. Con ello se garantiza un espacio para las minorías representativas, más allá de filias y fobias. Y en nuestro caso ha funcionado. En los últimos 24 años -desde la fundación del IFE- han perdido su registro por no alcanzar el mínimo de votos que fija la ley, los siguientes partidos: Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores, del Trabajo, Ecologista de México (1991), Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, otra vez el Demócrata Mexicano (1994), Cardenista, Popular Socialista y el Demócrata de nuevo (1997), de Centro Democrático, PARM otra vez y Democracia Social (2000), de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana (2003) y Socialdemócrata (2009). Más partidos de los que hoy aparecen en la boleta. Y todos ellos salieron de la competencia no por una decisión administrativa/jurisdiccional, sino porque no lograron suficientes adhesiones ciudadanas en las urnas. Un método claro, democrático y político. 2. En contraparte, no tenemos un solo caso de pérdida de registro por la vía administrativa y para no ser aldeano le pregunté a varios amigos -que de esto saben- qué casos de pérdida del registro por esa vía (o similares) conocen en el mundo. Mencionan al Frente Islámico de Salvación (FIS) declarado ilegal en Argelia (1992), a Herri Batasuna en España por sus nexos con la organización terrorista ETA (2003), a los Hermanos Musulmanes en Egipto luego del golpe de Estado que puso fin a la llamada primavera democrática (2013). Es muy posible que haya más, pero se trata de un recurso excepcional y extremo, como resulta fácil observar. 3. En algunos textos que claman por quitarle el registro al PVEM se plantea el asunto como si en caso de que eso no se hiciera ese Partido quedaría impune. No se atiende a las sanciones que ya se le han impuesto. Por ejemplo, en el mes de abril dicho Partido recibirá cero pesos por financiamiento público para actividades ordinarias cuando el monto que le correspondía era de 26.9 millones de pesos. El total de las multas que ha establecido el Tribunal más la que el INE impuso por desacato ascienden a 188 millones de pesos, es decir, 7 meses de financiamiento ordinario menos o el 58.31 por ciento de ese mismo financiamiento anual. Además no se toma en cuenta que la nueva Ley establece la posibilidad de sanciones progresivas que van desde la amonestación pública, las multas, la reducción de su financiamiento, la interrupción de la transmisión de su propaganda política hasta la cancelación del registro. 4. El PVEM ha obtenido en las dos últimas elecciones -desde que la ley obliga a cada partido a aparecer con su propio logotipo en la boleta- más de dos millones de votos. En 2009, 2.2 millones y en 2012, 2. El 6.52 y 4.06 por ciento de la votación total. Esos ciudadanos le dieron su respaldo al Verde e imagino que algo significan. 5. (Me) llama la atención que en buena parte de las notas que reclaman la pérdida del registro no se hable del litigio actual y de sus antecedentes. La falta fundamental del Verde es que compró espacio en radio y televisión para supuestamente dar informes de la actividad de sus diputados. Es una transgresión de la ley, una conducta reiterada que viola una disposición vigente desde 2007. Pero, como lo ha recordado Ricardo Becerra, esa misma conducta había sido declarada legítima por el Tribunal Electoral en 2009. (Se puede consultar el sólido artículo del hoy consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “La reforma trastocada: el caso de los ‘informes de labores’ del PVEM”, en Democracia sin garantes. UNAM. 2009). Es decir, es una conducta violatoria de la ley, pero que no hace mucho convalidó el Tribunal. Última y definitiva palabra en la materia. 6. Solo espero que en los meses y años por venir no sea en las mesas del INE y el Tribunal donde se resuelva sobre la vida o la muerte de los partidos. Deseo que eso suceda en las urnas. Y que la palabra definitiva la tengan los ciudadanos votando.   http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=304422

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La llama de la indignación

Andreas Schedler

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO E INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS

Hasta finales de septiembre, México estaba bailando alegremente sobre una catacumba de unos 95 mil muertos y 25 mil desaparecidos a manos del crimen organizado. Ahora, con el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se interrumpió la música, se paró el baile. Hemos visto algo enteramente nuevo: una ola de solidaridad que sacude el país, con discusiones públicas y conversaciones privadas sin precedentes, con marchas y huelgas estudiantiles en todo el país.

El país llevaba bailando un buen rato. Desde la inauguración oficial de la democracia en el año 2000, México se encuentra inmerso en una guerra civil sin querer reconocerlo. Las guerras civiles, como las define la ciencia política contemporánea, son enfrentamientos entre grupos armados dentro de un Estado que causan más de mil muertes al año. México lleva superando este umbral desde el primer año de la democracia.

Emocionalmente, la política, los medios y los ciudadanos mexicanos han logrado mantener la violencia a distancia al pensarla como “narcoviolencia” o “narcoguerra”, en la que cárteles luchan contra cárteles, narcos contra narcos, malos contra malos.

Concebir la violencia de esta forma inhibe la solidaridad ciudadana de muchas maneras. Hace invisible la violencia predatoria que los grupos criminales cometen contra la población civil y la violencia ilegal que el Estado comete contra cualquiera. Además, crea una división tajante entre ciudadanos y víctimas. Como la “guerra de las drogas” es una guerra entre criminales, se infiere que sus perpetradores son criminales, pero sus víctimas también. Son víctimas culpables, víctimas voluntarias. El lenguaje cotidiano lo expresa de muchas formas: “se lo buscaron”, “se metieron en malos pasos”, “anduvieron con los malandros”, algo debían”, “algo habrán hecho”…

No hay tierra más fértil para la indiferencia que la idea de las víctimas culpables. La indiferencia hacia las víctimas ha tenido una expresión institucional muy clara: la impunidad. Los homicidios atribuidos al crimen organizado se contabilizan, pero no se persiguen. El porcentaje de “narcoejecuciones” que lleva a condenas judiciales firmes es cercano a cero. En los hechos, el Estado mexicano ha consentido la privatización de la pena de muerte.

La indiferencia estructural hacia las víctimas cotidianas de la “narcoviolencia” también se ha visto en la opinión pública. A finales del año pasado, la Encuesta Nacional de Violencia Organizada elaboró un mapa amplio de actitudes ciudadanas hacia la narcoviolencia. Encontró una ciudadanía que vivía la guerra como lejana y deseaba mantenerla así. Ante una guerra anónima, cuyas víctimas no tenían cara ni historia, únicamente el 10 por ciento de los ciudadanos se acordaba del nombre de “alguna persona asesinada o desaparecida por el crimen organizado”. Sólo el 17 por ciento podía evocar algún caso de asesinato o desaparición que le hubiera “conmovido en particular”. La gran mayoría compartía la apuesta por el silencio del gobierno de Peña Nieto. El 60 por ciento decía que hablaba “nada” o “poco” de la narcoviolencia en su vida privada. El 62 por ciento estaba de acuerdo con la idea de que “hay muchas cosas buenas en México”, por lo que “deberíamos dejar de hablar tanto de la violencia” (los datos y reportes de la encuesta están disponibles en http://biiacs.cide.edu).

Los hechos atroces de Iguala han permitido que la opinión pública mexicana diera el salto, largamente esperado, de la negación a la indignación. Por fin, se prendió la llama de la solidaridad ciudadana. Esto fue posible gracias a la capacidad de movilización de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero aún más importante, fue posible porque se descarriló la narrativa cómoda de una guerra entre criminales. Dos hallazgos irritantes, la inocencia transparente de las víctimas y la responsabilidad transparente del Estado, rompieron la indiferencia pública hacia víctimas y victimarios.

¿AHORA QUÉ SIGUE?

La llama de la indignación es débil. Lo más probable es que las preocupaciones de la vida cotidiana la terminen sofocando en muy poco tiempo. En estos días, muchas voces hablan de un momento de crisis y ruptura. ¿Pero cómo lograr que la solidaridad ciudadana no se disipe rápidamente? ¿Cómo lograr que esta nueva matanza estudiantil no sea un episodio más en la guerra civil mexicana? ¿Cómo lograr que la movilización estudiantil se siga ampliando y lleve a una dinámica transformadora? ¿Cómo convertirla en el inicio de una verdadera construcción de un Estado de derecho en México?

Antes que nada, la solidaridad ciudadana tendrá que ampliarse a todas las víctimas, incluyendo las sospechosas. La movilización actual se ha nutrido de la imagen de víctimas inocentes, de estudiantes pobres que no querían hacer otra cosa que aprender y enseñar y que fueron víctimas de una represión política atroz e irracional. De manera implícita, han quedado de lado las víctimas sospechosas de todos los días. Durante todas las semanas de movilización, ha seguido el goteo cotidiano de “narcoejecuciones”, como los registra, por ejemplo, el Blog Menos Días Aquí (http://menosdiasaqui.blogspot.mx). Naturalmente, salvo algunas excepciones, no han sido objetos de preocupación pública. Si el movimiento de Ayotzinapa quiere convertirse en motor de cambios institucionales, debe extender su solidaridad a todas las víctimas del crimen organizado, aunque sean sospechosas de pertenecer ellas mismas al crimen organizado.

Luego, la construcción del Estado de derecho no es un problema administrativo, sino un proyecto político. En un Estado democrático de derecho, el derecho no es un instrumento de dominación de los poderosos, sino un instrumento de protección de los débiles. Cualquier cambio, sea constitucional, legal o burocrático, es ilusorio mientras no conlleve transformaciones estructurales de poder. ¿A quiénes habría que “empoderar” de manera radical y sistemática? ¿Quiénes son los más débiles y los más interesados en transformar el sistema? Las víctimas. ¿Cómo se podría aumentar su capacidad de defensa de manera significativa? Dos iniciativas concretas podrían detonar la movilización de recursos hacia los movimientos civiles de víctimas: un fondo para la canalización de recursos financieros y una red para la canalización de la participación ciudadana.

Infraestructura de financiamiento: propongo la creación de un fondo fiduciario que canalice recursos públicos y privados hacia las asociaciones cívicas de víctimas (no hacia víctimas individuales). Este Fondo Mexicano para la Justicia podría estar administrado por un organismo internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recibiría donaciones privadas nacionales e internacionales. Sin embargo, siguiendo ejemplos internacionales, debería financiarse primeramente con el dinero, todo el dinero, que el Estado recaude con la subasta de bienes incautados a las organizaciones criminales. De esta manera, las victorias de la justicia alimentarían la lucha por la justicia.

Infraestructura de participación: propongo el desarrollo de una plataforma virtual de participación, una mezcla de página web y red social que vincule a los ciudadanos con los movimientos de víctimas. La solidaridad ciudadana necesita canales de expresión. Si los ciudadanos no encuentran vías concretas de acción, su simpatía hacia las víctimas y su indignación hacia los victimarios se disipan. Páginas de internet como meetup.com permiten que vecinos con propósitos comunes se encuentren. La Red Mexicana para la Justicia facilitaría la formación de movimientos locales de víctimas, la coordinación entre las asociaciones existentes y también su comunicación con la ciudadanía. De manera crucial, permitiría que todos los ciudadanos solidarios pudieran ofrecerles a las asociaciones de víctimas sus talentos personales, sea como abogados, panaderos, psicoterapeutas, taxistas, programadores, músicos, diseñadores gráficos… o simplemente como gente común que quiere prestar su voz e inteligencia a la causa de las víctimas.

Tanto en lo político como en lo técnico, ambas iniciativas demandan un diseño cuidadoso. Tienen que ser incluyentes, profesionales y transparentes. Requieren de ciertos consensos políticos, sobre todo entre actores de la sociedad civil. Ninguna de las dos es fácil, aunque ambas son eminentemente viables. Ambas pueden ser iniciadas desde el centro, pero tienen el potencial de crear efectos multiplicadores en todos los rincones del país. Su potencial transformador no depende de una burocracia racional que sabemos que no existe en México. No depende tampoco de la voluntad política de las élites, que dudamos que exista. Depende enteramente de la indignación moral, del coraje y de la inteligencia colectiva de víctimas y ciudadanos solidarios. Hasta ahora, las élites políticas mexicanas han fracasado en sus (débiles) intentos de construir el Estado de derecho desde arriba. Si no ampliamos la infraestructura financiera y participativa para que una sociedad civil fuerte y contestataria vigile y desafíe el Estado desde abajo, seguirán fracasando.

Leer más: http://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionEI/webview/iWebView.aspx?Pagina=328940&Grupo=2&Coleccion=1066&Folio=1627358&TipoTrans=8#ixzz3JGaVGo3T

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Lo que sigue

SERGIO AGUAYO / Publicada el 13/08/2014 12:00:00 a.m.

 

Nació contrahecha. El gobierno y sus acólitos le avientan incienso, le tocan fanfarrias y la califican de beata sin mediar milagro alguno. Dos tercios de la población la rechazan porque hiede a corrupción por los cuatro costados. ¿Qué sigue?

Pese a la avalancha de spots y discursos triunfalistas lanzados durante los últimos meses, a finales de julio un sólido 65% de la población seguía estando en contra de la reforma energética. Este domingo Alejandro Moreno desagregó, en Revista R de Reforma, la encuesta hecha por el mismo diario. ¡Es increíble que ni siquiera los simpatizantes del PRI y el PAN estén a favor (57% del priismo y 61% del panismo la rechazan)!

No se trata de un problema de comunicación, como piensa Gustavo Madero. Hay evidencia para asegurar que la principal causa del rechazo es la corrupción estructural del sector energético mexicano. Percepción que creció con las deshonestidades aparecidas por el sendero de las reformas: además del millonario “maiceo” de los diputados estarían, como cereza del pastel de lodo, los videos de Reporte Índigo que muestran a un grupo de pudorosos y modosos diputados panistas después de una jornada de reflexión sobre la reforma energética. Se relajan con un revolcón, bajo la luna vallartense, con trabajadoras sexuales de categoría, en una casa de tres mil dólares al día, sin que nos expliquen, todavía, quién pagó las facturas. ¿Para eso querrán gravar las limosnas?

Hay una fractura entre discurso oficial y opinión social y sería ideal cerrarla con una blitzkrieg (guerra relámpago) anticorruptos. En lugar de eso, el gobierno de la República nos anegará de propaganda sobre las bondades de Exxon, Oceanografía y similares mientras intentan, de manera simultánea, comprar o rentar líneas editoriales, y van soltando (o tolerando) los manotazos intimidatorios a los inconformes. También pronostico una ofensiva priista para evitar que la discusión sobre lo energético afecte negativamente las intenciones de voto que por ahora favorecen al tricolor. Ya viene, una vez más, el conocido y penoso espectáculo de la compra y coacción del voto del pobre.

Se oponen 72% del perredismo y 96% del morenismo, pero cada uno va reuniendo firmas por separado para pedir una consulta a la ciudadanía en esencia similar. El padre Miguel Concha ha lanzado una campaña para pedirles que superen sus diferencias y transformen las dos propuestas en una (el texto con los razonamientos está disponible en mi página de internet). Aunque deseable, es improbable que las izquierdas respondan al llamado de la sensatez.

Los líderes del PRD van presumiendo su consulta mientras ignoran, con la misma determinación, la que están haciendo los de Morena. El dirigente de esta última, Martí Batres, es más claridoso y reconoce en entrevista con MVS que “no les tenemos confianza”, porque el PRD puede hasta llegar a “acuerdos con los ministros de la Suprema Corte y echar abajo la consulta”. El riesgo es que con su desunión armen un embrollo jurídico que facilite la anulación de una consulta indispensable.

Desde otra perspectiva, la reforma energética es otro síntoma de los retrocesos que vive una transición democrática descafeinada y de la irritación y alienación de una parte de la población que ve cómo va deshilachándose su identidad. Se viene un año de forcejeos, en el cual la Suprema Corte demostrará de qué está hecha su independencia, su sabiduría jurídica y su sensibilidad política. Otro organismo retado es el Instituto Nacional Electoral; que deberá darle una pátina de legitimidad a las elecciones locales y federales de 2015, oscurecidas por la polarización creada por la reforma energética, por la compra y coacción del voto, por la violencia criminal en amplias zonas del país y por la opacidad de los partidos en el manejo de sus prerrogativas.

En este escenario a la sociedad le toca ver y callar. Hay, sin embargo, una franja social organizada que puede marcar algunas diferencias. El futuro se tiñe de incertidumbre por una inestabilidad sistémica a la que sobreponen una reforma energética que nace a la sombra de una corrupción imposible de disimular con discursos triunfalistas armados sobre trabes de arena.

· LA MISCELÁNEA

Este miércoles la Asociación de Académicos Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México recibirá a Carmen Aristegui, quien dictará a las 12 del día una conferencia sobre “El periodismo en el México de hoy”. El evento se realizará en Camino al Ajusco 20 y se transmitirá por internet.

Colaboró Maura Roldán Álvarez.

http://www.sergioaguayo.org

http://www.am.com.mx/notareforma/63557

 

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luis-gonzalez-placencia-1423

Sergio Aguayo

El golpe

Un tercio de los asambleístas capitalinos vetaron a Luis González Placencia para seguir al frente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). Fue un golpe a los capitalinos y al mejor modelo de ombudsman que ha tenido México.
Lo que está en juego. En nuestro País coexisten dos modelos de organismos públicos encargados de proteger derechos. El mayoritario tiene como paradigma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que posee algunos aciertos y un grave problema: se pandea cuando enfrenta a los gobernantes. El modelo minoritario está perfectamente representado por la CDHDF. Se caracteriza por encontrar dentro de su mandato la manera de acompañar a las víctimas y a los organismos civiles. También se caracteriza por la defensa de su autonomía y la excelencia en las investigaciones.
A Luis González Placencia le critican ahora que no cabildeó adecuada o suficientemente a los asambleístas para mantener el cargo, que tuvo tal o cual omisión o error. Es posible que así fuera pero no podemos regatearle que se la jugó con casos incómodos y polémicos y salió bien librado; dos ejemplos serían las recomendaciones sobre la Supervía o sobre las acciones violentas del 1ro. de diciembre de 2012. No sorprende la animadversión que provoca en diferentes grupos de poder.
Esa gestión explica el notable apoyo que recibió al buscar la reelección. Lo respaldaron centenares de organismos civiles, entre ellos los representativos y emblemáticos; escribieron cartas a su favor personajes plurales y con un historial de compromiso (María Elena Morera, Alejandro Solalinde, José Woldenberg, entre otros); y una porción representativa de la comunidad internacional resumió su sentir en los tres elogios lanzados por la embajadora de Francia, Elisabeth Beton-Delegue, al trabajo de González Placencia: fortaleció la “autonomía, imparcialidad y profesionalismo” de la CDHDF.
Las malas noticias. Para reelegirlo se necesitaban dos terceras partes de los votos, pero encontró la oposición de poco más de un tercio de asambleístas. En las democracias no se dan las unanimidades y son deseables las voces en contra. Lo sorpresivo estuvo en la pobreza argumentativa y en la ausencia de evidencia de quienes le cerraron el paso. Un medio digital publicó un par de textos amarillentos y parciales. La fracción ebrardista en la Asamblea no explicó en público su anuncio privado de que votaría en contra. El mismo silencio que mostró el ebrardismo al negarse a aceptar la recomendación de la CDHDF sobre la Supervía, una herida urbanística que seguirá dando de qué hablar.
El panista Federico Döring Casar justificó el rechazo en el favoritismo hacia grupos radicales y a sus omisiones en el caso Góngora; el priísta Tonatiuh González -secundado por sus escuderos del Verde- también sostuvo que González Placencia había defendido a vándalos y se había preocupado “más por estar en otros estados de la República”, mientras que otro diputado del tricolor, Jaime Alberto Ochoa Amorós, lo acusó de “parcialidad, servilismo e ineficacia”. Adjetivos sonoros que disimulan la vacuidad tras la canallada.
Las buenas noticias. La más obvia es que casi dos terceras partes de asambleístas estaban por la reelección de González Placencia, lo cual es un sólido indicador de la aceptación del modelo de la CDHDF. Hay, por supuesto, el riesgo de que se “tribalice” una elección que deberá concluir el 31 de octubre (ese fue el destino del InfoDF y el Instituto Electoral del DF, espacios donde ya ondean los estandartes tribales).
La tentación será grande porque el presupuesto superior a los 300 millones de pesos es un apetitoso botín para los caciques de tribus sedientas de chambas para sus huestes y parientes. También hay el riesgo de que nombren a un personaje mansito y moldeable para meter a la capital en la lógica de la mayor parte de las comisiones de derechos humanos. Nubarrones de ineptitud sobrevuelan, como zopilotes, sobre la CDHDF y es posible que se cumpla la maldición anunciada por Ernesto López Portillo: en México la “autonomía política se paga con el cargo” (“Bofetada a los derechos humanos”, El Universal, 2 de octubre de 2013).
Evitar ese desenlace depende de lo que haga la sociedad. Eso me lleva a hacer una puntualización indispensable. Si en el Distrito Federal hay tanto margen para las libertades se debe a la solidez del capital social positivo y no solamente al partido que gobierna. Si esto último fuera la variable explicativa, entonces los gobiernos perredistas en otras entidades tendrían los mismos avances.
Una expresión de esta fortaleza cívica y la mejor noticia es la decisión de Luis González Placencia de responder puntualmente a quienes lo descalificaron y de demandar al presunto periodista difamador. Si su versión aparece en octubre influirá en el debate sobre la elección del nuevo ombudsman y el modelo de Comisión de Derechos Humanos; tenemos que preservar ese patrimonio capitalino.

 

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Colaboró Paulina Arriaga Carrasco
Sergio Aguayo

http://www.am.com.mx/opinion/leon/el-golpe-4309.html

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Adiós a la prohibición

Jaime Sánchez Susarrey
3 Ago. 13

Lo ocurrido en Bolivia, Uruguay, Colorado y Washington golpea el corazón de la política prohibicionista. No se trata ya de un mero debate, sino de decisiones y acciones políticas que desafían a la ONU

La inminente legalización de la marihuana en Uruguay (ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se da por descontado que pasará en el Senado) sienta un precedente. Se trata del primer Estado del mundo que contraviene abiertamente los ordenamientos de la ONU. La cannabis no sólo se podrá consumir, sino producir y comprar con fines recreativos.

La ley aprobada ha suscitado críticas de un lado y de otro. De parte de los opositores se advierte el riesgo de que el consumo se dispare. Y de parte de los que están a favor se critica una legislación abigarrada que, entre otras cosas, obliga a los consumidores a darse de alta en un padrón oficial para comprar el producto.

Pero más allá de esa discusión, y de los comparativos que se podrían hacer con otras legislaciones, lo relevante es que ya no se trata dos entidades de la Federación, como ocurrió en Estados Unidos, sino de un Estado con todos los derechos y obligaciones que establece la ONU.

Es cierto que Uruguay es un país pequeño, con apenas 3 millones 200 mil habitantes y, como advierte su presidente, José Mújica, 13 millones de vacas, donde la violencia nada tiene que ver con lo que pasa en México o Colombia, y donde además el consumo de drogas no se asemeja ni remotamente a lo que ocurre en los Estados Unidos.

De hecho, la legalización de la marihuana en Uruguay, Colorado y Washington constituye el mayor desafío que ha enfrentado la ONU. Primero, se reconoce el derecho de los ciudadanos a consumir una droga que, según la clasificación de la ONU y la DEA, está en el primer nivel de peligrosidad porque “es altamente adictiva y no tiene beneficios medicinales”.

Segundo, los países que habían avanzado más en la despenalización del consumo (Portugal y Holanda) no se habían atrevido a contravenir los ordenamientos internacionales que sancionan penalmente la producción y venta de la cannabis.

En Portugal, el consumo de drogas merece apenas una sanción administrativa equivalente -por decir algo- a una infracción de tránsito. En Holanda, el consumo se puede efectuar en los coffee shops sin mayor problema. Pero en ambos casos, la producción y venta sí está penalmente sancionada.

Y no es casual que así sea. Los ordenamientos de la ONU son relativamente flexibles respecto a la despenalización del consumo, es decir, cada Estado tiene la facultad de determinar el grado de la sanción para el consumidor, pero es inflexible en la criminalización de quienes la producen y venden.

De ahí la ambigüedad de los famosos coffee shops: lo que se surte y se consume legalmente por la puerta de enfrente se abastece ilegalmente, en el mercado negro, por la puerta trasera. Sobra decir que Holanda y Portugal adoptaron ese modelo para no entrar en abierta contradicción con la ONU.

Y eso es, justamente, lo que hoy está pasando. La cuarteadura del muro del prohibicionismo es mayor. Uruguay está poniendo en evidencia la debilidad del ordenamiento internacional. Porque no es probable que la reacción de la ONU vaya más allá del pronunciamiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que exhortó al gobierno de José Mújica a respetar los acuerdos internacionales.

En esa misma perspectiva vale recordar lo que ocurrió en Bolivia. La producción y consumo de la hoja de coca está prohibida al igual que la marihuana o el peyote. En 1961 se convino esa clasificación y se otorgó un plazo de 25 años a los países andinos para que erradicarán su producción y consumo.

Cosa que nunca ocurrió. Cuando Evo Morales, líder de los productores de hoja de coca (“cocaleros”), llegó a la Presidencia (2005), emprendió una cruzada para sacar a la hoja de coca de la lista de las sustancias prohibidas. Sus esfuerzos se toparon con el muro prohibicionista, encabezado por la JIFE.

Fue por eso que a mediados de 2011 anunció que Bolivia abandonaría la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Advertencia que cumplió a primera hora de 2012 para solicitar inmediatamente después su reingreso, pero con una reserva: el desconocimiento de la prohibición del cultivo y del mascado de la hoja de coca.

Los 184 países integrantes de la ONU tuvieron todo el año 2012 para decidir la readmisión o no de Bolivia con la reserva correspondiente. El 10 de enero de este año la reserva fue admitida. En Bolivia la producción y consumo de coca ya son legales.

Lo ocurrido en Bolivia, Uruguay, Colorado y Washington golpea el corazón de la política prohibicionista. No se trata ya de un mero debate, sino de decisiones y acciones políticas que desafían a la ONU (y por supuesto a la DEA). Nadie puede predecir, con exactitud, cuánto tiempo tardará en caer el muro, pero las grietas son inocultables y se multiplican.

Con un factor adicional. La estrategia prohibicionista nació y se expandió al mismo tiempo que Estados Unidos se convertía en una superpotencia. La consigna de la guerra contra las drogas la lanzó Nixon, en 1971, en plena guerra de Vietnam, y uno de sus corolarios fue la creación de la DEA.

Estados Unidos sigue siendo, en el plano mundial, el principal soporte del prohibicionismo, aunque en ese empeño cuenta ahora con Rusia. Pero la cruzada internacional inflexible frente a Bolivia, Uruguay o la propuesta del gobierno de Guatemala, de revisar la estrategia prohibicionista, choca con la tolerancia del gobierno de Obama frente a la legalización en Washington y Colorado.

Semejante contradicción será más flagrante cuando nuevos Estados, entre los cuales podría estar California, adopten la nueva política. Así que imposible fijar la fecha, pero la estrategia prohibicionista está herida de muerte.

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/709/1416770/default.shtm

 

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‘Sinhambre’ y medio ambiente

Julia Carabias
2 Feb. 13

Ante la condición de pobreza extrema, particularmente alimentaria, en la que se encuentra una cuarta parte de la población nacional, el Decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (llamado Sinhambre) constituye una importante respuesta del gobierno federal y una oportunidad para erradicar esta injusticia y desigualdad de la sociedad mexicana.

Falta definir las acciones concretas y las metas que se implementarán en los 400 municipios para alcanzar los objetivos: cero hambre; eliminar la desnutrición infantil aguda; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos, y promover la participación comunitaria.

Para ello, será indispensable analizar y proponer soluciones a las múltiples causas que llevaron a la situación actual de pobreza. De entrada, debe reconocerse el fracaso de las políticas económicas y sociales que incrementaron la desigualdad, no generaron empleos e ingresos para el largo plazo, no fortalecieron la economía campesina, no tomaron en cuenta las condiciones ambientales creando un severo deterioro en la naturaleza, no fomentaron patrones de consumo sanos lo que propagó aberrantes problemas de salud pública, no impulsaron la investigación alimentaria manteniendo sistemas productivos obsoletos y agresivos al medio ambiente, entre muchas otras causas.

La Cruzada debe contemplar acciones específicas y diferenciales para el campo y para las ciudades así como las interacciones entre estos espacios. Además, debe integrar todos los componentes de la seguridad alimentaria: la producción de alimentos -qué se va a producir, quiénes, en dónde y con cuáles tecnologías-; la calidad nutricional y la modificación de los patrones de consumo; el acceso a los alimentos, lo que, entre otras cosas, implica la reactivación de la economía de los campesinos y pescadores para que sean ellos quienes produzcan y consuman los alimentos y vendan los excedentes en los mercados regionales mediante mecanismos de abasto y comercialización justos y eficaces.

El incremento de la producción de alimentos debe considerar un conjunto de factores ambientales para evitar que se agudice la degradación de los recursos naturales. En definitiva, no puede aumentar la superficie agropecuaria mediante la deforestación de los ecosistemas naturales. Sería un desastre para el país que los objetivos de Sinhambre se confronten con la conservación del patrimonio natural nacional. Los errores de la segunda mitad del siglo XX son dramáticos como para repetirlos: la destrucción de los ecosistemas naturales y el aumento de la pobreza son un círculo vicioso. Basta revisar en el Decreto la lista de municipios que padecen de pobreza alimentaria para darse cuenta de que, una buena parte de ellos (por ejemplo, varios de Oaxaca, Chiapas y Tabasco), tuvieron, hace no más de 30 años, la mayor de las riquezas naturales del país (biodiversidad y agua) y, sin embargo, en la actualidad, sólo les quedan tierras improductivas. Cero hambre y cero deforestación, deberían ser uno de los ejes de la Cruzada. En contraste, la superficie agrícola puede incrementarse sobre tierras ganaderas improductivas y a su vez intensificar el uso de estas últimas mediante sistemas agrosilvopastoriles, más amigables con el ambiente y de baja inversión de capital.

Por otro lado, debe modificarse el uso de agroquímicos y eliminar de las políticas públicas su aplicación masiva y homogénea en el territorio nacional. Los saldos negativos de esta práctica también están ampliamente documentados: efectos nocivos en la salud humana y en los ecosistemas, contaminación del suelo y del agua, generación de gases con efecto invernadero. Un manejo dosificado, cuidadoso, asesorado, informado y normado de estos productos, junto con el aumento del uso de abonos verdes, constituye una alternativa viable.

La estrategia debe incorporar un enfoque territorial y realizar una planeación regional que considere las características particulares de cada región prioritaria que se va a atender. El incremento de la producción de alimentos debe apoyarse en la variada flora y fauna local, terrestre, marina y de agua dulce, y en el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras. Cada región debe tener sus propios sistemas productivos sustentables promovidos mediante subsidios, apoyos financieros y crediticios condicionados a criterios de sustentabilidad ambiental, y con el fortalecimiento de las capacidades locales de los pequeños productores.

La Cruzada abre una gran oportunidad para articular, con un esfuerzo intersectorial, un enfoque de superación de la pobreza a partir del capital natural del país, garantizando su conservación en el largo plazo. La Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional tendrán una ardua tarea para elaborar una estrategia a la altura del reto planteado y podrán lograrlo si incorporan la vasta experiencia nacional. No desperdiciemos esta oportunidad.

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/688/1374366/default.shtm

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JAQUE MATE

Phelps y la mota

Sergio Sarmiento
6 Ago. 12

“Fumar Cannabis, aun en el largo plazo, no produce daño a la salud… Es razonable concluir que es una menor amenaza… que el alcohol o el tabaco”.

The Lancet, revista médica británica

Michael Phelps es el atleta olímpico más exitoso de todos los tiempos. Este sábado pasado, 4 de agosto, participó a los 27 años en lo que al parecer será su última competición olímpica al nadar el tramo de mariposa del relevo combinado de 4 x 100 para alcanzar la 22ª medalla olímpica y la 18ª de oro.

Phelps no es sólo un gran atleta sino un ejemplo para los jóvenes. Proveniente de una familia de clase media de padres divorciados, se le diagnosticó síndrome de hiperactividad por déficit de atención cuando era niño. Su exceso de energía lo canalizó a la natación desde los siete años de edad. En la actualidad, su generosidad filantrópica es ampliamente reconocida.

A los 15 años Phelps compitió por primera vez en unos Olímpicos, los de Sydney, Australia, 2000, donde quedó en quinto lugar en 200 metros de mariposa. A los 15 años con 11 meses, en 2001, se convirtió en el hombre más joven en la historia en romper un récord mundial de natación, también en 200 metros de mariposa. En 2004 en Atenas empezó su cosecha de medallas olímpicas con seis de oro y dos de bronce. En 2008 en Beijing obtuvo ocho de oro. En 2012 en Londres se ha embolsado cuatro de oro y dos de plata.

En febrero de 2009, cuando tenía 23 años, Phelps fue captado en un video mientras fumaba en una pipa. La sustancia era al parecer marihuana, cosa que el nadador nunca ha negado. El consumo de la droga le ocasionó la pérdida de un jugoso contrato de patrocinio de la empresa Kellogg, pero nunca afectó el desempeño de quien es considerado el mejor deportista de la historia.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció una felicitación pública a Phelps este 1o. de agosto cuando llegó a su vigésima medalla. En su cuenta de Twitter expresó: “Felicitaciones a Michael Phelps por haber roto el récord de medallas olímpicas de la historia. Has llenado de orgullo a tu país. -bo”. Bo es, por supuesto, Barack Obama.

No le inquietó al Presidente que Phelps hubiese consumido marihuana ni pensó que esa droga hubiera podido afectar su desempeño deportivo. El mandatario, quien ha reconocido que utilizó drogas -marihuana y otras- en su juventud, sabe cuál es el efecto real de estas sustancias. Este consumo no le impidió ser Presidente de la mayor potencia del mundo.

Washington sigue siendo la gran fuerza impulsora de la guerra contra las drogas, por lo menos fuera de la Unión Americana. El presidente mexicano, Felipe Calderón, se ha tomado más en serio que nadie este esfuerzo y ha detenido o matado a más capos que cualquiera de sus predecesores. El esfuerzo no ha servido para bajar el tráfico o el consumo, pero sí ha dejado en México más de 50 mil muertes en una guerra violenta atizada por las mismas detenciones y muertes de capos que se presentan como señal de victoria.

En Estados Unidos, mientras tanto, hoy puede uno comprar marihuana legalmente para usos médicos en varias entidades. Este sábado pasado caminé por el malecón de Venice Beach, en Los Ángeles. Decenas de establecimientos venden marihuana para “uso médico”. Un doctor está listo en cada tienda para emitir la receta que permitirá la venta legal.

La tendencia a la legalización es inevitable. La experiencia comprueba que la marihuana es menos dañina que el alcohol. Personajes como Phelps y Obama la han utilizado sin problemas. Alrededor de 42 por ciento de la población adulta de Estados Unidos ha utilizado marihuana cuando menos una vez: son más de 100 millones de estadounidenses. No se les puede meter a todos en la cárcel por usar una sustancia que es menos peligrosa que el alcohol o que el tabaco.

MARILYN

Ayer se cumplió medio siglo del fallecimiento, a los 36 años de edad, de Marilyn Monroe. La muerte ha dejado a esta mujer siempre joven en la memoria de un público que nunca ha dejado de admirarla.

Twitter: @sergiosarmient4

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/667/1333717/default.shtm

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