Elecciones bajo fuego‏

Por Sanjuana Martínez mayo 18, 2015 – 00:00h

 

La democracia en México se tiñe de sangre. El Estado no quiere reconocer que en algunos estados de la República no hay condiciones para que los ciudadanos emitan libremente su voto.

La narcopolítica está dando sus frutos. Primero, eligiendo e imponiendo a candidatos y luego ejecutando a quienes no se someten a su poder corruptor.

¿Hay condiciones para tener elecciones en Michoacán, Guerrero o Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca o Jalisco? En todos estos estados se han registrado hechos de violencia generados por los poderosos cárteles de la droga. En algunos municipios la situación de inseguridad es tan grave, que algunos ciudadanos han externado su temor de acudir a las urnas, mientras otros incluso hablan de la necesidad de ir a votar el próximo 7 de junio con chaleco antibalas y casco debido a las balaceras y narcobloqueos en las calles.

Por lo pronto, los capos de la droga hacen una terrible criba ejecutando a quienes no son de su agrado. Los últimos fueron Héctor López Cruz en Tabasco y Enrique Hernández en Michoacán.

López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, fue ejecutado a las puertas de su domicilio, en Mecatepec y su hermano resultó herido; mientras Hernández, candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado a tiros desde un auto en movimiento, a la mitad de un mitin.

Con este escenario la pregunta es reiterativa: ¿Existen condiciones para celebrar elecciones en esos lugar donde han asesinados candidatos independientemente del partido que representan?

No son los únicos. Ulises Fabián Quiroz candidato para la alcaldía de Chilapa, Guerrero, por la coalición PRI-PVEM también fue asesinado. También  y la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, quien fue hallada muerta en el camino de Tecoanapa, rumbo a Chilpancingo, luego de haber sido secuestrada por varios hombres armados cuando iba de Chilapa hacia la Montaña baja.

Un recuento elaborado por SinEmbargo indicaba hace dos años que desde 2006 habían sido amenazados, heridos por agresiones o asesinados casi 80 candidatos a puestos de elección popular o aspirantes a serlo o bien personas directamente relacionadas con ellos.

Lamentablemente los asesinatos contra candidatos no es nuevo, recordemos como fue ejecutado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, luego sustituido por su hermano Egidio, actual gobernador priista de ese narcoestado.

Los asesinatos de candidatos condicionan las próximas elecciones. Nadie en su sano juicio consideraría que estos procesos electorales se desarrollan en libertad.

Además de las ejecuciones a plena luz del día, en la calle, plazas o sus propias viviendas, algunos candidatos populares han sido amenazados de muerte y otros más secuestrados.

El miedo no es un buen compañero electoral. Candidatos y electores se sienten temerosos, algo que no es sano en una verdadera democracia.

A la violencia se unen las campañas sucias de un partido contra otro; o bien contra candidatos independientes que están consiguiendo de manera inédita el respaldo popular.

El nivel de virulencia observado en spots o campañas mediáticas pagadas para desprestigiar a los favoritos en los comicios, habla de otros elementos que están empañando la contienda.

¿Y el INE que está haciendo? Poco o nada. Tenemos el instituto electoral más caro del mundo que no aún no es capaz de ofrecer certeza a los ciudadanos sobre los procesos y resultados electorales. Los excesos cometidos por el Partido Verde con total impunidad frente a la mirada cómplice de Lorenzo Córdova nos demuestran que estas elecciones también estarán marcadas por los intereses del partido gobernante.

El INE sabe que este tipo de hechos violentan intimidan no solo a los candidatos o aspirantes a serlo, sino a la ciudadanía en general y así, sencillamente no se puede votar.

Es urgente que el INE y los gobiernos estatales diseñen un plan de seguridad electoral. Necesario será también acuartelar a los policías en aquellos lugares donde se celebren elecciones y solicitar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal patrullen las calles.

El daño a la democracia ya está hecho. Perder la vida por ser candidato habla del fracaso del Estado para otorgar seguridad y certidumbre a los ciudadanos a fin de acudir a las urnas.

La fiesta de la democracia, esta vez, se está tiñendo de sangre. Un mal augurio.

www.websanjuanamartinez.com.mx

Twitter: @SanjuanaMtz

Facebook: Sanjuana Martinez 

http://www.sinembargo.mx/opinion/18-05-2015/34720

 

Read Full Post »

Maite Azuela: Violencia y corrupción, solapadas

El Universal

Maite Azuela / Violencia y corrupción, solapadas

18 de mayo de 2015

No son pocas las esposas, familiares o amigos de políticos y tomadores de decisiones públicas de alto y bajo nivel que asumen como normales la violencia o corrupción que sus cónyuges, hermanos o compadres ejercen cuando ocupan un cargo público. ¿Cuáles son las razones por las que se convierten en silenciosos cómplices o incluso en aguerridos defensores de lo indefendible? Me atreveré a lanzar algunas hipótesis sobre los incentivos que los empujan a solapar lo que deberían de despreciar.

Saltan a mi mente ejemplos comenzando por Angélica Rivera la esposa del Presidente, que asumió por completo una responsabilidad por la que su marido debía haber dado la cara. Pienso después en los amigos y familiares de César Duarte, gobernador de Chihuahua, quien desvió 65 mil millones de pesos del erario para colocarlos como inversión del Banco Progreso de Chihuahua, del que se hizo socio mayoritario. Su mujer salió en su defensa para asegurar que no había pruebas que sustentaran las acusaciones contra su marido, pero coincidentemente resultaba también beneficiaria de las acciones del banco. La familia parecía tener extrema tolerancia a la ilegalidad, ya que el historial de sus hermanos y sus problemas con la justicia estadounidense han quedado documentados. Uno de ellos acusado de transportar un paquete de droga, otro acusado de un presunto fraude financiero. Duarte justificó a sus hermanos asegurando que sólo habían cometido un error.

Entre los errorcitos de familia podemos recordar que fue Martha Érika Alonso, la esposa del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, quien exigió a Elia Tamayo, madre del niño de Chalchihuapan muerto a manos de la policía estatal, que se retirara del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, para evitarle un escándalo a su marido. Su esposo tiene antecedentes familiares que lo hacen concebir la violencia como método de imposición del orden. Su padre homónimo a los quince días de haber tomado posesión como gobernador, el 15 de febrero de 1969, ordenó una sangrienta masacre de campesinos en el pueblo de Huehuetlán El Chico, en la mixteca poblana. Los habitantes se oponían a que tomara posesión un presidente de malos antecedentes, de nombre Luis Sánchez.

En su libro Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, Sara Sefchovich establece como una de las soluciones al problema de la violencia, la participación de la familia como factor de reversión de los patrones sociales: Es del núcleo familiar del cual tiene que salir la propuesta de cambio que irá creciendo con amigos y conocidos. Su idea central es que las madres de los delincuentes dejen de solapar sus robos, no acepten regalos, ni sean cómplices de los actos en los que lastimen y violenten a otros.

Confieso que aunque me hace sentido el papel de las madres en la formación de jóvenes para reducir su tendencia a la delincuencia, lo considero insuficiente, sobre todo cuando en el grupo social del delincuente la madre no es ya una autoridad, sino una figura mítica intocable hasta por sus actos reprobables, mientras el resto de sus relaciones personales y sociales celebren su comportamiento.

En la medida que la identidad y el sentido de pertenencia de los allegados a los delincuentes, tenga su centro colocado en la movilidad social a costa del abuso de poder, será complicado que se nieguen a disfrutar del patrimonio que su complicidad les ofrece.

No parece haber mucho que escudriñar, los familiares y amigos beneficiarios del poder mal habido, están hechos de la misma madera. La construcción de un nosotros para ellos implica hacerse de la vista gorda cuando se trata de enriquecimiento y violencia injustificados. ¿Habrá algún familiar, cónyuge o amigo del político corrupto o violento dispuesto a denunciarlo? ¿Estaría dispuesto a poner distancia y negarse a recibir cualquier beneficio que el poder le ponga en la mesa?

Corrección obligada: Confundí a un Claudio con un Panchito. En mi colaboración anterior decía que Romo y Razú habían dejado como delegado en Miguel Hidalgo a líder de Los Claudios, pero como delegado interino está Humberto Morgan, ex líder de Los Panchitos.

Analista política y activista ciudadana

http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=407180

Read Full Post »

Alejandro Hope: De la prohibición

El Universal

Alejandro Hope / De la prohibición

19 de mayo de 2015

En cualquier debate sobre drogas ilegales, la prohibición del alcohol en Estados Unidos aparece inevitablemente. Para los que desean una transformación del régimen de control de drogas, la ley seca estadounidense de los años 20 del siglo pasado es una metáfora muy útil. Parece una demostración irrebatible de que prohibir es no sólo fútil, sino contraproducente.

En la visión convencional, la prohibición no dejó sino gángsters, corrupción y violencia. Su derogación, en cambio, pacificó al país y debilitó a las mafias, sin incrementar mayormente el consumo de alcohol.

Esa visión tiene algo de verdad, pero mucho de caricatura. En primer lugar, la prohibición redujo el consumo de alcohol: en 1919, último año antes de la prohibición, el consumo de alcohol per cápita en Estados Unidos era de 1.96 galones por año. En 1934, primer año después de la derogación, esa cifra había disminuido a 0.97 galones por año. La legalización generó el efecto contrario: en 1944, el consumo anual de alcohol se ubicaba en 2.07 galones per cápita http://ow.ly/N6by0, p.12.

En segundo término, la relación entre prohibición y violencia es ambigua. Según Emily Owens, profesora de política pública en la Universidad de Cornell, el incremento de la violencia homicida en Estados Unidos en los años 20 puede ser una ilusión estadística, producto de la urbanización y de cambios metodológicos en los censos http://ow.ly/N6e0U. Algo similar sucede con el periodo posterior: existe una asociación estadística entre el fin de la prohibición y una disminución en la tasa de homicidio. Pero si se controla por factores de contexto migración internacional, gasto social, etc., una parte del efecto desaparece http://ow.ly/N6kXe.

En tercer lugar, si bien la prohibición contribuyó al crecimiento de la delincuencia organizada, ciertamente no la creó. La primera referencia a la Mafia en la historia estadounidense data de 1869, medio siglo antes de la ley seca. Más importante, el crimen organizado sobrevivió al fin de la prohibición. Personajes claves del submundo criminal Meyer Lanski, Lucky Luciano, etc. tuvieron largas carreras delictivas tras la legalización del alcohol http://ow.ly/N6u9J. Salvo excepciones, las mafias se mudaron a otras formas de tráfico ilícito v.gr., drogas, prostitución o a la extorsión. Fue necesario un largo proceso de fortalecimiento institucional para contener y marginalizar a la delincuencia organizada en Estados Unidos.

Por último, cualesquiera que sean las lecciones de la prohibición en Estados Unidos, estas no son necesariamente generalizables. La prohibición fue un fenómeno internacional en la entreguerra: varios países escandinavos, la Unión Soviética y diversas provincias canadienses replicaron, con diversos grados de intensidad, el experimento estadounidense. Hoy en día, múltiples países Irán, Arabia Saudita, Kuwait, etc. mantienen una prohibición al alcohol. No todos los casos exhiben las patologías habitualmente asociadas al caso estadounidense alta violencia criminal, expansión del crimen organizado, corrupción asociada a un mercado ilegal, etc.. Y decir que esos casos no cuentan porque, por ejemplo, se trata de países musulmanes es confirmar el argumento: el contexto importa.

Nada de lo anterior debe interpretarse como una defensa de la prohibición del alcohol o las drogas. En lo personal, estoy a favor de la regulación legal de la mariguana. Pero la discusión debe darse en base a evidencias y no de clichés. Al Capone y los speakeasies son parte de la historia de la prohibición, pero no son toda la historia. Ni de cerca.

Analista de seguridad.
@ahope71

http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=407498

Read Full Post »