Batalla en torno a los refrescos
Salvador Camarena
El punto número dos del Pacto por México habla de la comida chatarra. Textualmente dice: “Modificación de las normas para promover en la escuela y el mercado en general el consumo de alimentos nutritivos en lugar de alimentos chatarra”. La fecha pactada para revisar reformas legales al respecto es el segundo semestre de 2013. El inicio de implementación de este compromiso es el primer semestre de 2014. Y la culminación está planteada para el segundo semestre de 2018.
Lo malo de todo lo anterior es la vaguedad. “Promover” es un verbo en el que caben desde las buenas intenciones, las llamadas a misa, buenas campañas sin resultados claros (o de plano malas campañas) y, si ustedes quieren, en “promover” incluso cabe una revolución cultural.
Y aunque hay que reconocer que en el mismo texto del Pacto por México se abunda sobre este compromiso (se dice que “ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra”) al final de cuentas el compromiso quedó redactado de tal manera que puede querer decir todo, o nada.
No deja de ser significativo que siendo el compromiso número 2 se haya hablado tan poco al respecto. Puede ser porque, hay que reconocerlo, hablar de comida chatarra es “aburrido”. Es uno de esos temas en los cuales activistas y medios no hemos logrado convocar la suficiente atención para un asunto tan importante, ligado además a uno de los retos de salud más complejos para México como lo es la diabetes. Alguien también dirá que la poca visibilidad del tema se debe a “mano negra” de la industria refresquera y de la de alimentos. El punto es que siendo el segundo compromiso del pacto estaremos obligados a ver y a dar un debate en el Congreso y en la opinión pública.
El debate sin embargo no será nuevo aunque se podrán sumar elementos novedosos. Esta misma semana el senador Mario Delgado, en conjunción con personajes como el ex asambleísta Xiuh Tenorio —visto como el artífice de la prohibición de fumar en locales cerrados en el Distrito Federal—, ha propuesto aplicar un impuesto a los refrescos. En varios textos (www.razonesdepeso.com) Tenorio ha alertado que al año cada mexicano ingiere 163 litros de estas bebidas, lo que nos convierte en el consumidor número uno del mundo. Según ellos, subir en 10% el precio del refresco reduciría 12.9% el consumo del mismo con los eventuales beneficios en menor obesidad y enfermedades. La industria ha respondido que la propuesta es “simplista y no funcionará” (Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, citado en Reforma, 05/12/12).
Ambas partes representan posturas en los extremos de un problema en que se juegan intereses multimillonarios y costos en salud igualmente descomunales. Es difícil creer que existe una medida única, casi mágica, para atajar la obesidad y la diabetes en México. Pero tampoco es cierto que no deberíamos ya debatir qué hacemos con nuestro enorme consumo de refrescos. El pacto nos da el pretexto para una discusión de verdad sobre la obesidad y sus males, y no sólo para terminar con una linda campaña que se limite a “promover el consumo de alimentos nutritivos en lugar de alimentos chatarra”. O sea, la nada.
salvador.camarena@razon.mx
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