Cultura Científica‏

Juan Ramón de la Fuente

Ciudadanizar la ciencia y la cultura

Miércoles 27 de abril de 2011
Dos encuestas más o menos recientes, una sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología (Conacyt/INEGI, 2009), y otra sobre hábitos, prácticas y consumo culturales (Conaculta, 2010), muestran contundentemente el fracaso de nuestras políticas públicas si es que pueden así llamarse en materia de ciencia y de cultura: ni la una ni la otra tocan la vida de la mayoría de los mexicanos.

Veamos algunas cifras. El 83% de la población dice reconocer que “confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia”, en tanto que, más de la mitad de la población, piensa que los científicos pueden ser “peligrosos”, y una proporción similar asegura que la tecnología origina una manera de vivir “artificial y deshumanizada”. Una de cada tres personas confía en los “números de la suerte”, la mitad de la población mayor de 18 años no tiene acceso a una computadora, y sólo uno de cada cuatro entró a una biblioteca pública en el último año. Eso sí, 92% de los encuestados dice que en México “debería haber más personas trabajando en la investigación”.

Con tales cifras es fácil comprender la prevalencia en nuestro país del pensamiento mágico, la popularidad de los horóscopos, la gran demanda de productos “milagro”, el recurso frecuente a “limpias” para erradicar problemas y males diversos, y el escaso conocimiento que tenemos sobre temas tales como los alimentos genéticamente modificados, los efectos del calentamiento global o la importancia de las energías alternativas, asuntos todos ellos, que inciden directamente en nuestra vida cotidiana, lo sepamos o no. Claro, 90% aceptó ver televisión entre una y 32 horas semanales, otro 47% dijo no leer los periódicos, y 74% escucha hasta 16 horas semanales de noticias por la radio. Es fácil imaginar el tipo de noticias que escuchan, pues 85% dijo no escuchar absolutamente nada sobre ciencia o tecnología.

La encuesta sobre cultura, por su parte, muestra por igual cifras trágicas: al 48% de los mexicanos no les interesa la cultura; en consecuencia, 43% nunca ha pisado un museo, 70% no ha leído un libro en el último año, 80% ni siquiera lo compró, y 57% nunca ha entrado a una biblioteca.

Ciertamente debe haber una dispersión geográfica estimable, toda vez que es necesario reconocer que el panorama en la ciudad de México, por ejemplo, difiere de manera significativa del de otras ciudades con una densidad de espacios y actividades culturales mucho menor. Pero al igual que ocurre con la ciencia, la participación del sector privado en la cultura es limitada y se reduce a ciertos programas en unas cuantas ciudades.

La primera pregunta que salta al revisar estas cifras es: ¿Dónde está nuestro sistema educativo? O será que el esfuerzo en todo caso insuficiente del Estado en materia de ciencia y cultura, se ha limitado a atender algunas necesidades institucionales, a procurar no enemistarse (con poco éxito, por cierto) con las comunidades científica y cultural o bien, como se ha insinuado en algunos espacios críticos, a subsidiar a ciertos grupos con recursos para sus proyectos personales.

En todo caso, los resultados de las encuestas referidas nos obligan a reconocer que parte del problema radica, precisamente, en que a diferencia de lo que ocurre en sociedades más avanzadas, en México, ni la ciencia ni la cultura tocan la vida de la mayoría de las personas. Por eso hay que ciudadanizar la ciencia y la cultura; es decir, procurar que éstas lleguen —y hay mil maneras de hacerlo— a la mayor cantidad posible de personas, desde la niñez hasta la tercera edad, de manera sostenida y a lo largo de una o dos generaciones, por lo menos.

Visto con el pragmatismo político, hoy tan en boga, habría que partir del principio de que la “clientela” para estos programas debe ser la sociedad en general, y no solo algunos grupos selectos de científicos, artistas o intelectuales. Cierto, hay que reconocer que ha habido en el pasado algunos esfuerzos en tal sentido por “ciudadanizar” ciencia y cultura, los cuales generalmente fueron exitosos, pero siempre fragmentados e invariablemente temporales. ¿No habrá quién los reivindique?

Cualquier proyecto que aspire a construir un México mejor pasa necesariamente por una profunda y radical reivindicación cultural y científica. Que todos gocen de los frutos del espíritu, que todos sepan más. Más libre es el que más sabe decía, con razón, el rector Unamuno. Un país que eleva los niveles culturales de su gente es un país que genera confianza en sus propias capacidades para resolver sus problemas y ver hacia adelante con fundado optimismo. ¿Acaso no nos vendría bien una buena dosis de confianza y de optimismo?

*Ex rector de la UNAM

http://educacionadebate.org.mx/2011/04/27/ciudadanizar-la-ciencia-y-la-cultura/

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La paz no se matiza

Gobierno militar

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país.  En lugar de escuchar el reclamo popular de  “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que  otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”.  Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada.  También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi  ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.   l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90609

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El Beato de la publicidad

El beato y los abusadores sexuales

Jorge Ramos Ávalos
24 Abr. 11

La beatificación del fallecido Papa Juan Pablo Segundo este 1o. de mayo es una clara señal de que la iglesia católica no ha entendido (o ha querido ignorar) la gravedad de los abusos sexuales de sacerdotes en contra de menores de edad en todo el mundo. Beatificar a Juan Pablo Segundo es descalificar y minimizar a las víctimas de sacerdotes pederastas durante el pasado pontificado.

La beatificación de Karol Wojtyla se dio muy rápidamente y sin una investigación a fondo; apenas seis años después de su muerte y luego que la monja francesa Marie Simon Pierre asegurara que se curó inexplicablemente del mal del Parkinson tras rezarle al Papa anterior.

Es totalmente arbitrario atribuirle un milagro a Juan Pablo Segundo tras su muerte y sin ninguna prueba científica que demuestre su intervención directa en la curación de la monja. Eso es tan absurdo como achacarle el supuesto milagro a Pelé o a Elvis Presley.

Creer en milagros y otras invenciones es una cuestión de fe. Pero lo grave es que la iglesia católica quiera convertir en beato (y luego en santo) a un hombre de carne y hueso que fue líder del Vaticano durante uno de los peores escándalos sexuales y de violación a los derechos humanos de cualquier pontificado.

No estamos hablando de una o dos víctimas. Estamos hablando de miles de víctimas en todo el mundo. Esto significa que dentro del Vaticano hubo una sistemática política que ignoró, encubrió y protegió a sacerdotes criminales y que rechazó, estigmatizó y culpó a sus víctimas sexuales, en su mayoría niños y menores de edad.

El argumento de que Karol Wojtyla no se enteró de nada es indefendible. Es imposible creer que durante su papado, de 1978 a 2005, fue ajeno a las múltiples acusaciones contra sus sacerdotes. Aquí hay varios ejemplos.

El Papa Juan Pablo Segundo tuvo como protegido al criminal Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Los abusos sexuales y violaciones cometidas por Maciel están documentados y obligaron al actual Papa, Benedicto XVI, a separarlo de cualquier función oficial. El verdadero lugar de Maciel era la cárcel. Pero Juan Pablo Segundo lo prefirió a él que a sus víctimas y nunca, siquiera, lo reprendió.

He escuchado el argumento que la beatificación de Juan Pablo Segundo va más allá del caso Maciel. ¿Pero por qué? ¿Acaso el Papa no protegió a un criminal violador?

Que Juan Pablo Segundo haya contribuido a la caída de los regímenes comunistas en Europa del este, que buscara un acercamiento con el judaísmo y los musulmanes, y que haya viajado por casi todo el planeta no lo exonera por proteger y encubrir a abusadores sexuales de menores de edad. Si el Papa no sabía de estos abusos, como sugieren muchos de sus defensores, fue entonces un líder negligente y apático que no cumplió con sus responsabilidades de vigilar y cuidar a los más débiles. Y si lo sabía, fue entonces un cómplice de sus crímenes.

Hay tantos casos que resulta impensable que Juan Pablo Segundo no haya sido notificado. ¿No se enteró de los 413 niños que fueron maltratados física y sexualmente en 26 escuelas y reformatorios católicos en Irlanda? (Pueden leer el reporte en www. childabusecommission.com)

¿Tampoco se enteró que el sacerdote norteamericano Lawrence Murphy había sido acusado de molestar sexualmente a unos 200 niños sordos? La investigación completa fue publicada por The New York Times (para verla http://nyti.ms/cz2uJ6). A pesar de eso, Murphy fue transferido de diócesis y murió muy lejos de una prisión.

La arquidiócesis de Los Angeles ha pagado al menos 660 millones de dólares para cerrar 508 casos de abuso sexual de sus sacerdotes. ¿Nunca supo nada de esto Juan Pablo Segundo?

Más que beato, Juan Pablo Segundo debería ser nombrado el Papa peor informado de la historia. No es posible que todo esto haya ocurrido durante su papado y él no se haya enterado. La negligencia de su papado frente a las víctimas de abuso sexual es vergonzosa.

Sólo por respeto a las miles de víctimas de abuso sexual, el actual Papa Joseph Ratzinger y el Vaticano deberían haber detenido la beatificación de Juan Pablo Segundo. Pero lo más grave de todo es que era responsabilidad del mismo Ratzinger -quien estuvo a cargo de la Congregación de la Doctrina de la Fe de 1981 al 2005- el investigar los casos de maltrato sexual y violaciones que llegaron al Vaticano durante el papado de Wojtyla.

Culpar a Juan Pablo Segundo sería, entonces, reconocer su propia incompetencia y corresponsabilidad en esos crímenes. Eso no lo va a hacer Benedicto XVI. Y ahora, en cambio, beatifica a su antiguo jefe.

Éste es, pues, el típico caso en que una sotana protege a la otra.

Twitter: @jorgeramosnews

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/605/1208391/default.shtm

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