Una prioridad: la desigualdad
Las prioridades de México son muchas y sin embargo hay una que se erige por encima de las demás: combatir la desigualdad. El tema es tan antiguo que podría desestimarse por el desgaste que produce el falso discurso de siempre. Con todo, es el tema más urgente de la política democrática. México no es un país pobre, pero es una nación profundamente desigual. Ahí radica nuestra principal deuda civilizatoria y también una de las razones para que la economía mexicana no se desarrolle en toda su estatura.
Para enfrentar la desigualdad los gobiernos mexicanos han optado por transferir recursos hacia quienes se consideran como las y los menos aventajados. Desde los años 70 del siglo pasado se han apilado programas destinados para asistir a las poblaciones más vulnerables; sobre todo aquellas que viven en las zonas rurales.
En el extranjero se presume ahora el programa Oportunidades, emblema de una política eficiente para entregar dineros gubernamentales a los más pobres. Lo hemos exportado a África y hacia algunos países centroamericanos. Junto a este programa estrella también destacan otros como el apoyo económico para adultos mayores, para madres solteras o para niños en edad escolar.
La característica de todos estos esfuerzos es que están dedicados a combatir la desigualdad económica asistiendo, con un cheque mensual, a quienes sobreviven en la parte baja de la escala social.
Contrastan en este contexto los análisis de Coneval dedicados a medir la desigualdad; ahí se muestra que, en México, las distancias en el ingreso continúan siendo abismales. Mientras el 20% más rico del país se queda con más del 50% de la riqueza nacional, el 20% menos favorecido apenas logra tocar el 3.5%. Para colmo, después de las crisis de 2008 y 2009, un número importante de familias mexicanas fueron arrojadas a padecer pobreza alimentaria. Acaso llegó el momento de revisar la concepción de desigualdad que gobierna a la política social. Mientras la desigualdad económica ha ocupado el centro del debate, la desigualdad de trato apenas se combate. Cierto es que se parecen, y muchas de las veces conspiran juntas, pero no son la misma cosa.
Cuando la ley, el Estado o las personas tratan de manera diferenciada por razones injustas, la desigualdad no es económica. Cuando la educación impartida por el Estado no multiplica las oportunidades, cuando la salud es un derecho ejercido por unos cuantos, cuando los tribunales juzgan en función de la apariencia física, la clase social o la edad, cuando el mercado del trabajo deja fuera de la formalidad en el empleo a ocho de cada 10 jóvenes, cuando las y los indígenas del país son siempre los grandes perdedores, cuando ocho de cada 10 adultos no tienen acceso al sistema financiero tradicional, en fin, cuando la sociedad mexicana sostiene un cierre social sistemático para excluir a la mayoría, el problema de la desigualdad deja de ser sólo económico para convertirse en algo tanto más grave.
La desigualdad de trato está prohibida en México por la Constitución; es así porque ésta es sinónimo de discriminación. A veces los términos del debate se confunden y hay quien cree que no discriminar significa dejar de maltratar al semejante con las palabras o los actos. Siendo cierto lo anterior, la discriminación es mucho más que eso. La discriminación es antítesis de la democracia porque proviene de una situación en la que el Estado, la ley y las personas hacen distinciones injustas y arbitrarias.
Si nuestra democracia proyecta tanta insatisfacción es porque este régimen no ha servido para igualar trato y oportunidades. Cruzaron las fronteras del siglo XXI mexicano las mismas barreras de entrada, los mismos privilegios, las mismas influencias, los mismos ganadores de siempre. Acaso porque la desigualdad de trato sobrevivió es que también lo ha hecho la desigualdad económica y no a la inversa.
Desafortunadamente la democracia no ha servido para conjurar la discriminación y por ello la mayoría de mexicanos asume que el actual régimen no puede ser considerado como tal. Así lo confirma el 52% de los entrevistados por el Latinobarómetro 2010.
Y esa mayoría tiene razón; mientras el régimen político mexicano no sea capaz de tratar con igualdad, la desconfianza política permanecerá. Es por ello que la lucha contra la discriminación debería estar colocada como la primera de las prioridades del México por venir. Lo demás es lo demás.
Analista político
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